CIUDAD DE MÉXICO (apro).– "Lo que nos dice Migración es '¡Váyanse a su pinche país!'", deplora Jonathan Castellanos, uno de los primeros nacionales de Venezuela que el gobierno de Estados Unidos expulsó a México bajo el Título 42, como producto de un nuevo acuerdo migratorio entre ambos países.

"En Matamoros nos dijeron que aquí tendríamos apoyo (...) muchos albergues nos han dado la mano, pero están a full, ya no cabe nadie; nos dieron una visa humanitaria pero prácticamente estamos presos, no nos podemos salir de la Ciudad de México", agrega el hombre en la explanada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Instituto de Mujeres en Migración (Imumi) y organizaciones de nacionales de Venezuela organizaron hoy una serie de eventos frente a la cancillería y en el Senado de la República para protestar contra la situación kafkaiana que enfrentan los nacionales de Venezuela desde el acuerdo que anunciaron los gobiernos de México y Estados Unidos el pasado 12 de octubre.

El equipo del canciller Marcelo Ebrard aceptó que México reciba a los nacionales de Venezuela rechazados por las autoridades de Estados Unidos en la frontera, y a cambio Washington se comprometió a emitir hasta 24 mil visas de trabajo de hasta dos años de vigencia para venezolanos, bajo la condición de que las soliciten fuera de la zona fronteriza.

"De la noche a la mañana más de 41 mil personas venezolanas se encontraron atrapadas en México: si las personas trataban de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos serían expulsadas a México", plantearon las organizaciones en un escrito que entregaron en la cancillería, en el cual pidieron al gobierno mexicano que deje de recibir personas expulsadas bajo el Título 42.

De acuerdo con el documento, 5 mil 193 personas venezolanas fueron expulsadas bajo el Título 42 entre los pasados 12 y 23 de octubre.

Los venezolanos enfrentan ahora varios problemas en el país, que les dejan seis escenarios: pedir asilo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pedir una visa humanitaria, buscar una visa en Estados Unidos, regresar a un país donde tienen residencia –como Colombia, Ecuador o Perú–, volver a Venezuela (para las personas que no huyeron por razones de persecución), o pedir una exención del Título 42.

Quienes siguen entrando a México por la frontera sur reciben oficios que les instan a salir del país en siete o 15 días por la frontera con Guatemala. Estos documentos no les permiten pasar el Istmo de Tehuantepec, por lo que unos transportistas les cobran tarifas extras para llevarlos más al norte.

De acuerdo con las organizaciones, hay actualmente más de 10 mil personas en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, quienes están "esperando algún tipo de documento para seguir su viaje, pero ahora no saben qué hacer".

Quienes quieren participar en el programa de visas necesitan conseguir el patrocinio de un empleador en Estados Unidos, pero al mismo tiempo no pueden buscar empleo en México.

Las cientos de personas que fueron expulsadas de Estados Unidos bajo el Título 42 andan en un limbo legal; algunas permanecen en la frontera norte y otras fueron trasladadas hacia el sur por el Instituto Nacional de Migración (INM), incluyendo a la Ciudad de México, Morelia, Villahermosa, Tapachula o Acapulco, donde están batallando para conseguir hospedaje. 

Las organizaciones incluso denuncian que el INM está realizando expulsiones "en cadena" hasta Guatemala.

"No somos los únicos: viene más gente subiendo", subraya Castellano, quien insiste en que "la Comar sí nos ha ayudado, pero Migración no quiere nada". Refrenda que los venezolanos no vinieron a agredir a nadie y no piden más que "ayuda" al gobierno mexicano.

Con 22 años, Pedro Enrique Mora Suárez cruzó a Texas el pasado 8 de octubre, después de un viaje de más de un mes y medio "dando vueltas" por varios países. Cinco días más tarde, las autoridades estadunidenses lo expulsaron a Matamoros sin informarle, y de ahí vino a la Ciudad de México, donde recibió una oferta de refugio de la Comar. Sin embargo, el joven no planea quedarse en México, pues tiene familiares que lo esperan en Estados Unidos.

"Literalmente estamos de brazos cruzados. Lo primero que hice fue encontrar un lugar digno donde refugiarme porque los albergues están llenos", subrayó. "El gobierno de México nos ha ofrecido refugio, pero ¿cómo nos vamos a quedar en camino ? Tenemos nuestra familia allí", agrega.

Mora Suárez insiste en que regresar a Venezuela "no es ninguna opción", pues estaría bajo la amenaza del delito de "traición a la patria" que lo expondría a una represión del SEBIN, los servicios de inteligencia militar del gobierno de Nicolás Maduro.

Gabriela Hernández, directora del albergue para migrantes Casa Tochán, basado en la capital, señala a Proceso que este miércoles se atiende a 90 personas en su recinto humanitario –que sólo cuenta con 40 camas–, de los cuales 54 son de nacionalidad venezolana. 

En general son varones, desesperados por enviar recursos a sus familiares. Anoche llegaron dos personas de Oaxaca, quienes no han tenido ingreso desde que salieron de Colombia. La activista recuerda que el número de venezolanos empezó a crecer en agosto pasado, pues tenían "abiertas" las puertas de Estados Unidos.

Kerlyn Yusen anda en la protesta con un amparo que la protege de ser deportada del país y le permite circular libremente. La mujer recalca que la crisis económica en Venezuela empujó a millones de personas a abandonar el país, pues las pensiones de 15 dólares que se otorgan a los ancianos alcanzan apenas para un cartón de huevo.