CIUDAD DE MÉXICO (apro). –En 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó dos pagos por un monto total de 60 millones 90 mil pesos, por el servicio de “servicio de monitoreo de información remota” a la empresa Comercializadora Antsua, que contaba con la representación exclusiva de la empresa israelí NSO Group para vender el spyware Pegasus a la Sedena.

Una relación de Cuentas Líquidas por Cobrar (CLCs) de la Sedena, extraída de los millones de documentos hackeados a la institución castrense por el colectivo hacktivista Guacamaya, muestra que la Sedena no solo celebró el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 con la empresa en abril de 2019, sino que pagó por el servicio de monitoreo de información remota que amparaba.

La Sedena contrató a la empresa y la pagó. Sin embargo, la misma dependencia siempre negó haber celebrado contrato alguno con Comercializadora Antsua; lo hizo en respuesta a solicitudes de información de la ciudadanía, a la Fiscalía General de la República (FGR) en el marco de una investigación, y a una petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Esta evidencia exhibe la mentira de la Sedena en torno a Comercializadora Antsua y arroja dudas sobre su comunicado difundido el pasado lunes 4 en reacción a la investigación #EjércitoEspía, en la cual Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Animal Político y Aristegui Noticias revelaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador espió con Pegasus a periodistas y defensores de derechos humanos, y probaron el contrato entre la Sedena y la empresa.

En su comunicado, la Sedena sostuvo que no ha operado Pegasus desde julio de 2013, a pesar de las múltiples evidencias que muestran lo contrario: en 2017, Aristegui Noticias publicó una serie de facturas que la Sedena pagó a la empresa Proyectos y Diseños VME, S.A. de C.V., que en ese momento distribuía Pegasus a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En el informe que presentó el pasado 18 de agosto, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) –una instancia de gobierno encabezada por Alejandro Encinas-- reveló que la Sedena infectó con Pegasus los celulares de diversos actores de la desaparición forzada de los 43 normalistas en 2014, y que lo hizo a través de la empresa Proyectos y Diseños VME, S.A. de C.V.

Nuevos documentos de la filtración #SedenaLeaks aportan pistas adicionales. En mayo de 2016, en un oficio firmado por el general Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Sedena, se planteó un gasto de 215 millones 180 mil pesos para la “contratación del servicio del sistema de monitoreo remoto de información”, entonces atribuido a la Dirección General de Transmisiones.

En enero de 2019, días después de tomar las riendas de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval identificó que la institución tenía presupuestado un gasto de 9 millones 280 mil dólares para el “servicio de monitoreo remoto de información”, equivalentes a 170 millones 752 mil pesos.

Días después, el 24 de enero, el general recibió a los integrantes del Estado Mayor de la Defensa Nacional, quienes le dieron un panorama sobre la “situación actual del sistema de monitoreo remoto de información de la plataforma”, de acuerdo con la agenda de ese mes, consultada entre los documentos filtrados.

Tres meses más tarde, en abril de 2019, la Sedena celebró el contrato para con Comercializadora Antsua, misma que tenía una representación exclusiva de NSO Group para vender su tecnología a la Sedena hasta el 31 de diciembre de 2019, como lo revelaron Proceso, R3D, Animal Político y Aristegui Noticias en la investigación #EjércitoEspía.