CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Integrantes de las familias Vallarta Cisneros y Cortés Vallarta acusaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de “convalidar” la tortura  y la fabricación de delitos por parte de agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación y por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR).

Acompañados de sus abogados, los denunciantes recordaron que integrantes de su familia fueron detenidos arbitrariamente en 2009 y 2012, acusados de secuestro, delincuencia organizada y portación ilegal de armas; y que en 2019, a la llegada de Rosario Piedra Ibarra, se reactivaron quejas en la CNDH que se habían mantenido estacadas.

La secuencia de detenciones de la familia se inició en 2005 con la captura de Israel Vallarta Cisneros, para seguir tres años más tarde con el arresto de Juan Carlos y Alejandro Cortes Vallarta y René Vallarta Cisneros, quienes fueron declarados inocentes; y en 2012 se detuvo a Mario y Sergio Vallarta Cisneros, quienes permanecen en el penal del Altiplano, acusados de los mismos delitos que el resto de sus familiares.

En conferencia de prensa, Guadalupe y Yolanda Vallarta Cisneros expresaron su “decepción” por las resoluciones de la CNDH 286/2022 y 287/2022, relacionadas con las detenciones de 2009 y 2012, en las cuales de manera general no se advierten señalamientos hacia los torturadores ni hacia la FGR que se ha resistido a investigar las torturas sufridas por los cinco integrantes de la familia Vallarta; tampoco se hace referencia a las secuelas físicas, sociales, económicas y laborales que han sufrido los distintos núcleos familiares por los hechos, como tampoco hay un pronunciamiento sobre  medidas de no repetición del daño.

Anomalías

Los abogados David Peña, Karla Michel Salas y Héctor Pérez explicaron que las investigaciones fueron concluidas en octubre de 2021, pero que fue hasta noviembre de este año que se decidió concluir las quejas con dos recomendaciones y presentarlas a los familiares apenas la semana pasada, sin posibilidades de hacer modificaciones o presentar observaciones.

Héctor Pérez dijo que, mientras los familiares tuvieron toda la disposición para atender los llamados de la CNDH, para aportar las pruebas que se solicitaban, no les presentaban físicamente la documentación sobre los avances de las investigaciones, e incluso se les llegó a decir que no se tenía avance en ese momento.

“Al revisar las recomendaciones, vemos que fueron terminadas en octubre del año pasado, y desde esa fecha hasta noviembre nos estuvieron pidiendo más elementos para sustentar la recomendación, como dictámenes independientes del Protocolo de Estambul, actualizaciones de los expedientes judiciales y de las acusaciones que hay contra agentes del Ministerio Público, policías torturadores, médicos legistas, defensores públicos y contra quienes ordenaron fabricar culpables.

“Presentamos también las sentencias de amparo contra dos intenciones de la FGR por cerrar las investigaciones por la tortura, y lo que vemos en la recomendación es la omisión de la CNDH en revisar el papel de la FGR, cómplice de la tortura y la fabricación de culpables, además de que el organismo no incluyó garantías de no repetición, como sería la construcción de un memorial frente a las instalaciones de la FGR para recordar la prohibición de la tortura, petición que hicieron los familiares”, contó Héctor Pérez.

Al destacar que las recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es por violaciones a la integridad personal, al trato digno por haber sufrido tortura, a la seguridad jurídica y la legalidad, y que en una de ellas se reconoce como víctimas indirectas a Guadalupe y Yolanda, David Peña señaló que en las resoluciones de la CNDH “sólo se atiende a hechos atribuidos a la entonces Policía Federal, pero no a  la convalidación de los actos de tortura de la entonces PGR y mucho  menos se hace referencia a la actual fiscalía que mantiene presos a Mario y a Sergio.

“Sólo nos dieron largas”

Karla Michel Salas explicó que, en sus resolutivos, la CNDH recomienda a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a “atender la reparación integral de los daños; entre ellos, el tema de la compensación en términos económicos a la familia Vallarta. Se establece que la FGR tiene que continuar con la integración de la investigación por tortura que ya se ha mencionado previamente, y que el único punto recomendatorio, en el cual se establece un plazo de no más de seis meses, es para que se inicien cursos de capacitación al personal en materia de prevención de la tortura y los diferentes instrumentos internacionales”.

La abogada denunció que la CNDH “es omisa sobre los efectos de la tortura y los procesos penales que mantiene a tres integrantes de la familia Vallarta (entre ellos Israel) en prisión, y que han sufrido una serie de agravios a los que contribuye” el organismo.

Pese a las omisiones, Salas urgió a la Secretaría de Seguridad que acepte la “recomendación, y a la CEAV que inicie el proceso de reparación integral. Considerando que ya son tres administraciones que han permitido y tolerado los agravios contra la familia Vallarta”.

Guadalupe Vallarta, una de las principales promotoras de la búsqueda verdad y justicia de sus familiares, dijo sentirse “decepcionada de la CNDH” porque durante las detenciones en 2009 “nunca se presentó en las instalaciones de la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) para ver las lesiones de Juan Carlos, René y Alejandro”, y diez años después, que retomó el expediente, no se pronunció de manera contundente sobre los abusos contra Mario y Sergio.

“Sólo nos estuvieron dando largas”, se quejó Guadalupe; y lamentó que la CNDH no se pronunció sobre la decisión de la FGR de mantener a Mario y a Sergio en prisión, aunque se haya demostrado la tortura y la fabricación de cargos.

“Esperemos que en mayo del próximo año ya estén libres y que puedan dar a conocer su vivencia”, confío Guadalupe.

Juan Carlos y Alejandro Cortés Vallarta, así como René Vallarta Cisneros condenaron que las recomendaciones de la CNDH no se pronunciaran sobre las secuelas que han sufrido por haber sido sometidos a tortura ni por el encarcelamiento injusto, toda vez que en el desahogo de los procesos judiciales fueron declarados inocentes.

“Ha sido una tremenda desilusión; esperamos mucho tiempo para ese resultado tan lamentable. Hace 15 días fuimos a la CNDH y nos dijeron que no tenía todavía el documento, nunca nos dieron a conocer el proyecto hasta que ya fue concluida la recomendación, me tomó por sorpresa el veredicto que no se habla de la situación que sufrimos nosotros en el momento de la tortura y de las personas que nos torturaron”, dijo Alejandro Cortés Vallarta.

“Se quedó corta la recomendación; yo tengo una denuncia sobre la cadena de mando que ordenó la detención y la tortura, y la CNDH no se pronunció sobre ese punto en específico, se quedó a medias en materia de justicia, pero nosotros vamos a seguir caminando y exigiendo justicia para toda la familia”, apuntó René Vallarta Cisneros.

“La CNDH tardó años en emitir una recomendación muy raquítica y limitada, no reconoció lo que implicó el proceso ni los años privados de libertad, tampoco el entorno familiar; no se centró en la detención arbitraria, tampoco en la responsabilidad de la PGR ni en el proceso que se realizó contra nosotros, mucho menos reconoce las afectaciones a nivel personal y laboral, ni que se han prolongado hasta hoy”, concluyó Juan Carlos.