CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá, ordenó frenar cualquier sanción penal o administrativa que se haya iniciado en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron por suspender la consulta de revocación de mandato el 7 de diciembre del 2021, argumentando la negativa de la Cámara de Diputados para otorgar a ese organismo un presupuesto de 4 mil 913 millones de pesos, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) no podrá actuar en contra de los funcionarios.

Al modificar el incidente de suspensión de la controversia constitucional 209/2021, el ministro Alcántara Carrancá refrendó su negativa a suspender la consulta de revocación de mandato como lo había solicitado ese organismo en su escrito inicial, al tiempo que le ordenó al propio INE ejecutar la consulta revocatoria con los recursos presupuestales que le asignó la Cámara de Diputados en la Ley de Egresos del 2022, es decir, con el presupuesto de 1,503 millones de pesos que el Poder Legislativo le otorgó al instituto para este año.

La resolución agrega que la consulta de revocación de mandato debe realizarse “de la manera más eficiente” y hasta donde se lo permita su presupuesto rumbo a la consulta sobre la revocación de mandato para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual está programada para realizarse el próximo 10 de abril.

“Se modifica la suspensión decretada el 10 diciembre de 2021, solicitada por el INE, para que lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado; así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad, penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General del INE”, señala una notificación pública de la controversia.

La resolución del ministro se suma a la suspensión otorgada por la Comisión de Receso de la Suprema Corte a la Cámara de Diputados a la controversia constitucional 224/2021 que los legisladores presentaron contra el acuerdo del INE que suspendía ese ejercicio de votación para revocar la presidencia de López Obrador, argumentando falta de presupuesto.

“Con la admisión, se determinó conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República y, en consecuencia, continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1,503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera”, señala el acuerdo dictado por la Comisión de Receso.

Ante dicha determinación y una sentencia adicional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que también se negó a suspender la consulta revocatoria mediante una sentencia definitiva, el INE finalmente aceptó continuar con la organización de dicho ejercicio de votación.

En medio de esa disputa, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, acudió ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar el inicio de una carpeta de investigación de los seis consejeros electorales que se oponían a realizar la consulta de revocación de mandato y que votaron un acuerdo en el Consejo General del INE para frenar dicho ejercicio.

Sin embargo, con la suspensión dictada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, frena cualquier posibilidad de que la FGR intente ejercer acción penal en contra de los consejeros electorales Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala, así como en contra del Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

En la lista de notificación del Pleno de la Corte, el ministro ponente del caso desechó un recurso “amicus curiae” con el que Morena pretendía ser parte del litigio de la Cámara de Diputados contra el INE, por considerar que ese partido político carece de interés legal para actuar en esa controversia constitucional.