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El abogado Paulo Diez rechaza ser accionista de Infraiber: "no soy ni he sido nunca socio"

Díez Gargari negó, como lo señaló Julio Scherer Ibarra en este semanario, ser socio de Pedro Topete Vargas en una empresa llamada Tecnología Aplicada Infraiber, SA de CV, conocida como Infraiber. Díez Gargari afirmó que su papel en la empresa es como asesor jurídico.
domingo, 20 de marzo de 2022 · 16:02

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El abogado Paulo Díez Gargari aseguró que Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, miente cuando asegura que son sus propios intereses económicos los que están detrás de la denuncia en su contra por presuntamente encabezar desde la presidencia una red de extorsión formada por despachos de abogados, para obtener millonarios recursos.

Luego que el semanario Proceso publicó este domingo una carta de Julio Scherer Ibarra en la que se defiende, entre otras cosas, de las acusaciones de Díez Gargari sobre su presunta participación para frenar una investigación en contra de Aleática por la explotación ilegal de una concesión del Viaducto Bicentenario, para beneficiar a su hermano, Pedro Scherer, cuyo despacho habría sido contratado por Aleática.

Al respecto, Sherer Ibarra acusó que el abogado lo ha intentado involucrar en el tema después de que se negó a interponer una controversia constitucional, que según él, no le correspondía atender.

“Que el propio Díez presentó ante la Consejería Jurídica de la Presidencia como si fuera él titular del Ejecutivo y yo su abogado”, señaló.

Díez Gargari dijo que Scherer intenta hacer ver que la controversia se limita que no quiso presentar el recurso jurídico, pero que en su denuncia ante la Fiscalía General de la República se acredita una presunta “red de corrupción y extorsión, creada y dirigida por Julio Scherer”.

Lo anterior, ocurrió en entrevista con Carmen Aristegui en un programa especial que tuvo este domingo titulado “Crisis en la 4T: Scherer vs. Gertz y Sánchez Cordero” a raíz de la portada de Proceso “Es hora de Hablar” sobre la carta en la que Julio Scherer Ibarra acusa una trama entre la senadora Olga Sánchez Cordero y el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, para ensuciarlo.

En la entrevista con Aristegui, Díez Gargari negó, como lo señaló Julio Scherer en este semanario, ser socio de Pedro Topete Vargas en una empresa llamada Tecnología Aplicada Infraiber, SA de CV, conocida como Infraiber. Díez Gargari afirmó que su papel en la empresa es como asesor jurídico.

“Yo no soy y nunca he sido, y lo digo con toda claridad, socio o accionista de Infraiber, cosa que no tendría nada de malo si llegara a serlo, pero no lo soy. Ahí está, están los documentos públicos de constitución de la sociedad. Yo no tengo ahí, nada más que hacer, que dar servicios de asesoría jurídica externa”, aseguró.

“No hay ningún interés económico particular detrás de mi denuncia, de mi exigencia ciudadana, de que el gobierno federal recupere el Viaducto Bicentenario en beneficio de la nación (…)”, añadió.

“Probablemente a mi cliente le genere un perjuicio, porque si el gobierno federal cumple su función, esa autopista, sale de este conjunto de carreteras que indebidamente se considera del Estado de México, y mi cliente no lo podría auditar”, dijo.

Sobre la acusación de que Infraiber, Scherer aseguró que en marzo de 2011 la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México adjudicó a esa empresa –de manera directa– un contrato que les significaría miles de millones de pesos a partir de la supervisión de peaje de todas las carreteras concesionadas de ese estado, por el que cobrarían 50 centavos por cada cruce de vehículo en las mismas durante 20 años.

“Por ilegal, en marzo de 2013 fue dejado sin efectos el multimillonario contrato de Infraiber y a partir de entonces han promovido más de 30 demandas administrativas, denuncias penales, juicios de amparo y demandas civiles contra Banobras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Gobierno del Estado de México, el SAASCAEM y contra múltiples personas físicas y morales. Ninguna de tantas ha prosperado en nueve años, desestimadas por tribunales federales y locales”, dijo Julio Scherer Ibarra en su carta.

A lo que Paulo Díez respondió que “es una falsedad” que el convenio sea “ilegal” o quedara sin efectos. “Tan falso”, dijo el abogado, que “en octubre de 2021”, Infraiber celebró un acuerdo con el gobierno del Edomex en el que “reconoce que el convenio está vivo y que lo va a modificar y que hay que echar a andar de inmediato”.

Paulo Díez Gargari afirmó que el contrato nunca se ha perdido, pero que las partes se obligaron a modificar el convenio para ajustarlo a las condiciones actuales porque ya pasaron muchos años desde que fue firmado.

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