CUERNAVACA, Mor. (apro).- El exsecretario de Hacienda Jorge Michel Luna fue vinculado a proceso nuevamente por el delito de peculado agravado, al igual que el extesorero Armando Sanders, por ejercicio indebido del servicio público, luego de autorizar el pago de casi 33 millones de pesos en papelería, usando una partida que estaba destinada para ayudas sociales.

Los dos exfuncionarios fueron colaboradores de Graco Ramírez, quienes están acumulando procesos por diversos delitos. Dos exfuncionarios más de nombres Jorge, exsubsecretario de Presupuesto y Carlos, exdirector general de Presupuesto, también enfrentan el delito de ejercicio indebido del servicio público por los mismos hechos.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos logró que el juez vinculara a proceso a los cuatro exfuncionarios quienes en distinto nivel de responsabilidad decidieron utilizar recursos etiquetados para ayudas sociales para la supuesta compra de 32 millones 889 mil pesos en papelería a la empresa Bonette Logística Comercial, SA de CV en el año 2017.

Durante ese año los cuatro exfuncionarios autorizaron y realizaron 82 pagos, algunos de ellos superiores a los 2 millones de pesos, lo que representa un monto superior a lo establecido para la compra de papelería del Poder Ejecutivo. En estos pagos no participó la Unidad de Procesos de Adquisición y Contratos, lo que también representa una irregularidad.

Para aumentar la gravedad de los hechos está comprobado de que no existió solicitud de papelería, por lo que no se cumplieron los procesos que regulan estas compras y sus montos, y tampoco se revisó el suministro del material y su ingreso a los almacenes. Es decir, que todo parece indicar que la papelería se pagó, pero nunca llegó a las oficinas del Ejecutivo. El juez del caso determinó dar tres meses para el cierre de la investigación.

Como se recordará, en marzo, los cuatro exservidores públicos fueron vinculados también por otra carpeta de investigación, por peculado y ejercicio abusivo de funciones, ya que presuntamente pagaron 21 millones 735 mil pesos a una empresa por la compra de papelería que nunca existió.