UAEH

Después de 25 meses en prisión fue absuelto el presunto homicida del hijo de Gerardo Sosa Castelán

Fernando Ríos Maqueda fue acusado de matar a Gerardo Sosa Cravioto, hijo del expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), pero un Tribunal de Enjuiciamiento determinó que no era posible acreditar la responsabilidad de Ríos en el asesinato
jueves, 7 de abril de 2022 · 11:17

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de pasar 25 meses en prisión, Fernando Ríos Maqueda fue absuelto del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, hijo de Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). El ataque armado en el cual murió el vástago del también exdiputado federal ocurrió el 23 de febrero de 2019, cuando se dirigía al rancho Yemila, propiedad familiar en el municipio Acaxochitlán, en la región del Valle de Tulancingo.

Durante la madrugada, un Tribunal de Enjuiciamiento determinó que, con los elementos que presentó el ministerio público, no era posible acreditar la responsabilidad de Ríos en el asesinato. Quien fue señalado como presunto responsable, y su familia, acusaron en el curso del proceso fabricación de pruebas, como la “siembra” de un arma que, a decir de la representación social de la procuraduría hidalguense, fue la que se utilizó en el atentado, en el que Sosa Cravioto recibió cinco tiros; tres de ellos, letales.

Para Fernando, el objetivo de señalarlo como responsable era esconder los verdaderos móviles y responsables del crimen, para proteger a la figura de Sosa Castelán, quien, aunque fue llamado a testificar en el juicio, no acudió por estar convaleciente de operaciones por un tumor cerebral y del corazón, con base en la justificación de su defensa.

Quien también fue rector de la UAEH enfrenta en prisión domiciliaria un proceso por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos. Él, como víctima indirecta, estaba considerado como testigo porque pudo comunicarse por teléfono con su hijo antes de que éste falleciera, pues, tras el tiroteo, fue trasladado con vida a una clínica particular de Tulancingo, en la que murió durante una intervención, cuando se preveía que, por vía aérea, fuera llevado a la Ciudad de México.

Al igual que Gerardo Sosa Castelán, desistieron de testificar la madre y una de las hermanas del joven acaecido: Adriana Cravioto Torres y Adriana Sosa Cravioto. Esta última, señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la red de dispersión de recursos por la que su padre enfrenta proceso (causa penal 263/2020). Desde agosto de 2020, cuando el entonces presidente del Patronato Universitario fue detenido en la Ciudad de México e ingresado al penal de Almoloya, se libró orden de aprehensión en su contra –al igual que de su hermana Ana Carmen Sosa Cravioto–, ya que, presuntamente, recibieron y ocultaron recursos que provenían de la universidad estatal, a través de un entramado de blanqueo que incluía el uso de empresas falsas. 

En la audiencia del juicio oral 47/2021, que tuvo seis emisiones, la familia del entonces imputado defendió que el día de los hechos Fernando se encontraba en su vivienda en Guzmán Mayer, en Pachuca. 

Al día siguiente, tras enterarse de la muerte de Gerardo hijo, se presentó con su padre a la funeraria Arriaga, también en la capital del estado, para dar el pésame a Sosa Castelán, pues él fue su trabajador en el rancho Yemila. En ese momento, el exrector, que había hablado por teléfono con su hijo, no lo culpó, sino, según Fernando, recibió el abrazo y le dijo: “Ya ves, me lo descuidaste”, porque ellos se conocían y trabajaron juntos hasta meses atrás.

El ministerio público sostenía su acusación en tres elementos: un retrato hablado; un cateo en el que, aseguró, fue localizada la presunta arma homicida, y testimonios de personas que auxiliaron a Sosa Cravioto. 

Su móvil era que Ríos Maqueda había sido despedido del rancho porque, a decir de una de sus testigos, trabajadora de la UAEH, había sido descubierto en malos manejos. En represalia, atentó contra su patrón.

En el retrato, el propio Fernando refutó las supuestas coincidencias de 85 por ciento, según el peritaje inicial de la procuraduría: “mis orejas son muy características, soy de tez morena, no clara; tengo ojos alargados, no redondos; siempre he sido delgado y mido 1.75”, señaló, dirigiéndose a los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento.

En entrevistas previas con Proceso, el acusado dijo que ese retrato se hizo con descripciones de las características físicas de un probable agresor, que aportaron quienes prestaron auxilio a “Gerardito”, con quien, insistió siempre, tuvo una relación de amistad de muchos años.

No obstante, remarcó que esos testigos lo conocen y nunca lo señalaron a él, directamente, como el agresor.

Asimismo, señaló que tanto Gerardo Sosa Castelán, como su hermano Damián –que lo trasladó a una clínica en Tulancingo– y el exrector y exdiputado local Humberto Veras Godoy –que estuvo en el quirófano– tuvieron comunicación con la víctima tras el ataque, y a ninguno de ellos les mencionó que él era quien había disparado.   

En cuanto al arma, supuestamente hallada en un cateo en casa de Ríos, la procuraduría incluyó como testigos a los agentes del operativo, incluidos dos que aseguraron que el artefacto estaba al interior, y proporcionaron características coincidentes con los dichos del resto; sin embargo, la defensa de Fernando refutó que estos dos nunca entraron a la propiedad, ya que se quedaron a la entrada para vigilar.

En el juicio se presentaron testimonios de 45 personas, entre peritos en criminalística, balística, genética, forense y psicología, además de personas que auxiliaron a Sosa Cravioto y familiares de Ríos Maqueda. Los jueces Martha Idalia Hernández Martínez, Celsa Aguirre Flores y Jesús Anim Ope Islas determinaron que el ministerio público, que pedía la pena máxima de 40 años de prisión, no probó la autoría material del homicidio, por lo que pidió la inmediata liberación del acusado, que fue detenido el 23 de febrero de 2020, justo cuando se cumplió un año del crimen. Desde entonces, permanecía en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, en el área que internamente se conoce como “de asuntos especiales”. 

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