Calica
Marinos llegan para vigilar Calica tras incumplimiento de acuerdo con el gobierno de AMLO
La semana pasada Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, anunció que definitivamente Calica había dejado de explotar el lugar con miras a convertir el predio en un parque natural, a cambio de sacar el material que ya habían extraído.
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo, (apro).- Marinos arribaron durante la mañana del jueves a la entrada de la empresa Calica, al sur de Playa del Carmen, para iniciar la vigilancia del sitio, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Vulcan Materials Company continuaba extrayendo material pétreo.
Reportes de aquella ciudad indicaron que alrededor de 40 elementos de la Secretaría de Marina Armada de México se apostaron en la entrada poniente de la carretera federal 307, que conecta Cancún con Tulum, a unos ocho kilómetros al sur de Playa del Carmen.
La vigilancia que mantienen los elementos es en el puente que conecta el área de extracción del sascab con el puerto de Punta Venado, desde donde es enviado el material pétreo a Estados Unidos vía marítima.
Aunque no se trata de la toma de las instalaciones, la llegada de los marinos coincide con lo declarado por el presidente de México el pasado lunes en su conferencia matutina, cuando dio a conocer que, tras su visita a Quintana Roo, detectó que personal de Vulcans continuaba extrayendo material rocoso por lo habló de la posibilidad del inicio de acciones legales, aunque no aclaró por cuál vía.
La semana pasada Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, anunció que definitivamente Calica había dejado de explotar el lugar con miras a convertir el predio en un parque natural, a cambio de sacar el material que ya habían extraído.
De nombre comercial Sac-Tun y conocido como Calica, filial de Vulcan Materials Company, de origen estadunidense, realiza la extracción de material pétreo desde hace más de tres décadas en la zona conocida como predio La Rosita; antes acabó con la superficie de los otros terrenos de nombre El Corchalito y La Adelita, posteriormente dejados de explotar por una clausura que le impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Son alrededor de dos mil hectáreas que el particular ha devastado de selva con consecuencias directas al subsuelo, luego de permisos que otorgaron gobiernos priistas, según lo señalado por López Obrador.
