CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En apenas 36 días, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) validó la Manifestación de Impacto Ambiental en Modalidad Regional (MIA-R) del Tramo 5 Sur del Tren Maya, con la que el gobierno federal busca reiniciar cuanto antes las obras del megaproyecto, detenidas por varias suspensiones dictadas por jueces en semanas recientes, precisamente por la falta de permisos ambientales.

La MIA-R presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) el pasado 18 de mayo, reconocía que el megaproyecto implicará la deforestación de 485 hectáreas de “cobertura vegetal” y afectará el suelo kárstico, pero concluía que los efectos negativos no agravarán tanto la devastación ambiental ya muy avanzada en la región provocada por “la expansión turística e inmobiliaria” de la última década.

Las organizaciones Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológica (CBD) sostuvieron el pasado 9 de junio que la MIA-R tiene “una gran cantidad de omisiones, imprecisiones” en información “esencial” para determinar los impactos ambientales del megaproyecto en la región e incluso “información falsa” respecto al suelo kárstico de la región. Aparte, recordaron que el documento fue presentado de manera extemporánea, meses después que la maquinaria de Grupo México iniciara el desmonte de selva.

La validación de la MIA-R por la Semarnat en tiempo exprés no es ninguna sorpresa: el Tren Maya es uno de los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha expresado en reiteradas ocasiones su enojo hacia los amparos promovidos por organizaciones ambientalistas contra las obras del megaproyecto.

El presidente también ha reiterado que el Tren Maya deberá estar terminado a finales de 2023, a pesar de los retrasos ya reportados en la construcción, que costaron a Rogelio Jiménez Pons la dirección del Fonatur a principios de año.

Ya desde ayer, el Fonatur pidió al juez primero de distrito de Yucatán que revocara la suspensión de las obras decretada el pasado 27 de mayo, bajo el argumento de que ya había obtenido la luz verde de las autoridades ambientales.