CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El 30 de noviembre de 2012, Alejandro Fernández Montiel, por su labor social a favor de personas con debilidad visual, recibió del Congreso del Estado la máxima presea que entrega ese organismo… este lunes iniciará el juicio en el que podría ser sentenciado por la violación de un menor de edad.

Fernández Montiel fue detenido el 23 de octubre de 2019 acusado por la violación de un menor de edad que, en distintos momentos, estuvo bajo su protección por los cargos públicos que ocupó. Al ser detenido, el indiciado era titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM), dependiente del DIF estatal.

Los cargos que enfrenta son por violación doblemente agravada por incluir los elementos del mismo acto de la agresión, la posición asimétrica de poder entre la víctima y su victimario, además de tratarse de un servidor público.

Fernández Montiel pasó de ser alguien a quien se le reconocían méritos suficientes por su labor altruista, al grado de entregarle la Presea Plan de San Luis, a ser la representación de los perjuicios que puede provocar a un núcleo familiar la combinación personaje como él y las deficiencias y fallas del Estado y el sistema de justicia.

Desde que inició su trayectoria de servicio social, especialmente a favor de personas con capacidades diferentes, Fernández Montiel tuvo especial interés sobre los niños, mucho menores que él.

El decreto 006, de la Sexagésima Legislatura estatal, publicado el 20 de noviembre de 2012, mediante el que le otorgan la Presea Plan de San Luis, describe la forma en que, desde los 13 años de edad comenzó a trabajar para una institución oficial de apoyo a personas ciegas.

“Las carencias, el maltrato y los abusos que se cometían, principalmente en contra de los menores, lo llevaron a prometerle a un pequeño de seis años que le haría una escuela donde pudiera estudiar y jugar como cualquier niño de su edad. Así inició su labor social”, se mencionó en ese decreto.

Mientras Fernández Montiel recibía la condecoración y comenzaba su trayectoria como funcionario en áreas del DIF, Brayan –su víctima– ya vivía un drama familiar: sus padres habían sido encarcelados acusados de infanticidio por la muerte de su hermana menor, vivía en orfanatos del Sistema DIF junto con un hermano menor y su otra hermanda en un albergue diferente.

Fue en los albergues adheridos al DIF donde Fernández Montiel inició contacto con Brayan, al grado de que los padres de los menores firmaron un convenio con el entonces funcionario para ceder la custodia, sin la debida protocolización. Los dos niños fueron al Centro de Asistencia Social Rafael Nieto, la niña al Rosario Castellanos.

El creciente interés de Fernández Montiel sobre Brayan y la condescendencia de las instancias del DIF, lo llevaron a firmar un convenio el 23 de diciembre de 2017, con Claudia Hinojosa Celis, del Centro de Asistencia Social Rafael Nieto, y Pablo Loredo Oyarvides, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), para permitir que Brayan pasara el periodo navideño en su casa.

La madre de Brayan cumplió su condena y, al ser liberada, Raúl Chávez Aranda, sub procurador de la PPNNA, propuso la reintegración familiar y, sin mediar protocolo alguno, le entregan a sus tres hijos, una medida que además no fue acompañada con mecanismos de seguimiento.

De la noche a la mañana, la madre de Brayan, quien ya había iniciado una relación sentimental con otra pareja, y los tres hermanos, comenzaron a convivir prácticamente sin conocerse entre sí, salvo los dos niños barones que compartían orfanato.

Brayan se ausentó por dos semanas de la vivienda que habitaba con su madre y sus hermanos. Ella salía a trabajar y los dos hermanos menores de Brayan se quedaban solos en casa, hasta que un día, al regresar ella, la hermana le dice a su madre que su hermano la violó. Se inició una carpeta de investigación sobre el caso.

No obstante, la madre no le creyó a su hija y optó por volver a entregar al DIF a los tres menores. Brayan y su hermano volvieron al Centro de Asistencia Social Rafael Nieto.

Fernández Montiel, como funcionario del Sistema DIF estatal, volvió a disponer del menor incluso para viajes a otras partes del país. Entre el personal del DIF hay quienes identifica esos viajes como recorridos con fines de turismo sexual.

Como titular de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM), Fernández Montiel llamaba con frecuencia a Brayan a su oficina para realizar capturas de datos en una PC, como presunta actividad de disciplina formativa.

Casualmente, el menor no podía concluir su labor antes de que el personal de la oficina, ubicada en Luis Fernando Torre número 800, terminara su jornada y tenía que quedarse sólo con el hoy indiciado.

Una maniobra que le servía para tener oportunidad de abusar del menor, para lo que incluso contaba con una colchoneta de hule espuma en el propio inmueble.

Aunque la colchoneta es un elemento clave en el caso, la Fiscalía General del Estado incumplió con la presentación ante el juez de control de los elementos requeridos para acreditar se obtuvo de manera lícita como prueba.

Transcurría el mes de octubre de 2019 y Brayan cursaba la secundaria en el Instituto Humbolt.

En una clase de educación sexual, para Brayan se encendió una alerta que le provocó mucho temor: les hablaron de las enfermedades de transmisión sexual.

Cuando el 14 de octubre de ese mismo año, Fernández Montiel recurrió a la misma forma de operar y lo violó en su oficina, le provocó tal temor a Brayan, que el día 18 se fugó del Albergue Rafael Nieto.

Tras una Alerta Amber, fue localizado por la noche y fue cuando expuso la situación que enfrentaba con Fernández Montiel, lo que provocó reuniones y movilización en distintas instancias del DIF estatal.

En alguno de esos encuentros se llegó a tratar la posibilidad de ocultar el caso para evitar afectar la imagen de la institución. Finalmente se optó por presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, lo que ocurrió el día 19 de octubre.

Enterado sobre la denuncia, con la ayuda de Hinojosa Celis, tuvo acceso a Brayan en el Centro Rafael Nieto. Grabó en video una conversación con el menos en la que lo presionó para que se retractara de las acusaciones.

En los días siguientes, Fernández Montiel acudió con Juan Pablo Almazán Cue, entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y –a sugerencia de éste– con Federico Garza Herrera, entonces fiscal General del Estado, para comenzar una defensa prematura de su caso. En la Fiscalía incluso dijo ir a nombre de Lorena Valle, entonces presidenta del DIF estatal.

No obstante, los elementos de prueba fueron tales, que el 27 de octubre se ejecutó la orden de aprehensión como parte de la causa penal 1098/2019 en contra de Fernández Montiel.

Hubo un primer intento de aprehensión mientras circulaba por la avenida Venustiano Carranza, pero Fernández Montiel evadió a los policías y tras una persecución que terminó en el acceso al Club Deportivo Potosino, uno de los centros sociales de la más alta sociedad, donde finalmente fue detenido.

El círculo familiar de Fernández Montiel forma parte de uno de los grupos económicos más fuertes del Estado. Su hermano aparece como subdirector general en el directorio del periódico Pulso, propiedad de la familia Valladares. El diario no ha publicado una sola información relacionada con el caso de Fernández Montiel.

Dos integrantes de la familia Valladares forman parte del Consejo Consultivo Potosí, integrado por 15 empresarios para definir los proyectos para el sector económico en el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, en tanto que Juan Carlos Valladares Eichelmann es el actual secretario de Desarrollo Económico.

El caso de Fernández Montiel ha sido comparado, por la relación cercana entre la familia Valladares y el gobernador Gallardo Cardona, con dos ocurridos en 1995 y el año 2000, por ser emblemáticos sobre la forma en que la presión de sectores de la alta sociedad se hicieron valer para facilitar la liberación de un inculpado de asesinato en un caso y una sentencia reducida en otro.

Se trata, el primero, del homicidio de Salvador Valle Rodríguez, en febrero de 1995, cuando se habló sobre la forma en que la currada potosina se volcó a la defensa de Carlos Lavin Hinojosa, al extremo de que el entonces gobernador Horacio Sánchez Unzueta aceptó públicamente haber detenido la acción penal.

El segundo caso ocurrió el 15 de junio del 2000. Félix Estuardo Bocard González asesinó en forma atroz a Tania Lucero de la Garza Cárdenas. A pesar de todas las evidencias en su contra, se le impuso una pena de 12 años de cárcel que se redujo a ocho al aplicarle de manera retroactiva una ley para menores de edad que se sospecha que se decretó para favorecerlo.

El pasado 2 de junio se citó a las partes en el caso de Fernández Montiel para iniciar el juicio para la definición de la sentencia. Sin embargo, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) sustituyó al abogado que representaría a la víctima en el caso, por lo que la audiencia se difirió para este lunes 4 de julio.

Dos días después del diferimiento de la audiencia, Brayan cumplió 18 años de edad. Fuentes de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) consideraron que se trató de una maniobra de la defensa de Fernández Montiel porque, al llegar a la mayoría de edad, pretenden someter a la víctima a un interrogatorio sin la tutela de los representantes de esa instancia.

Aunque los funcionarios de la PPNNA no han aceptado declarar en torno al caso, fuentes de esa institución señalaron que buscarán mantener la asistencia legal a Brayan durante el juicio, por las inconsistencias en el desarrollo de su autonomía progresiva, que no necesariamente se alcanza con el cumplimiento de los 18 años de edad, pues debe acreditarse con periciales psicológicas, dictámenes de un médico legista, además de periciales de carácter psiquiátrico.

Después de dos años nueve meses de la aprehensión de Fernández Montiel, a partir del lunes 4 de julio inician las audiencias en las que se definirá su culpabilidad o inocencia, en medio de versiones sobre presiones para su liberación.

José Luis Ruiz Contreras, fiscal General del Estado, aseguró que el caso se mantiene sólido y con los elementos de prueba suficientes para acreditar la culpabilidad. En los próximos días la duda quedará despejada.