CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde el 2014, el entonces jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, actual coordinador del PAN en el Congreso de la Unión, y sus sucesores recibieron recomendaciones de la Procuraduría Ambiental y de Ordenación Territorial (PAOT) sobre, al menos, tres vialidades donde se construyeron edificios con exceso de niveles y otras irregularidades, pero no se aplicaron las sanciones correspondientes.

Así lo informó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quien dijo que la institución tiene información para abrir nuevas líneas de investigación por conflicto de interés en el caso de los presuntos actos de corrupción y otros delitos de exfuncionarios de la mencionada alcaldía relacionados con el sector de bienes inmuebles.

Aunque no los mencionó, se trata de Luis “N”, exdirector Jurídico y de Gobierno, vinculado a proceso el pasado 4 de agosto por el delito de enriquecimiento ilícito, y Nicias René “N”, exdirector de Desarrollo Urbano, quien obtuvo un amparo que ha impedido su detención. 

En un videomensaje, Lara López explicó que la investigación “avanza progresivamente”. Detalló que con la información obtenida durante cateos hechos a 42 inmuebles se detectó que éstos exfuncionarios “establecieron distintos tipos de sociedades que probablemente constituyan un conflicto de intereses, lo cual los pudo haber llevado a quebrantar las facultades legales de la administración pública local, actos que pueden dar pie al inicio de nuevas Carpetas de Investigación”.

Los nuevos inmuebles 

El funcionario dijo que a esas indagatorias se han integrado más inmuebles “que guardan algún tipo de relación con los exservidores públicos investigados, ya sea en su construcción, propiedad, comercialización u otro tipo de usufructo como el arrendamiento”. El común denominador de esos inmuebles es la posible irregularidad con la que se autorizaron sus permisos para construirlos y habitarlos.  

Así lo determinó la PAOT, agregó, quien dirigió Recomendaciones en 2014 y subsecuentes años a los titulares de las delegaciones respecto a inmuebles ya construidos. 

“En su informe, la PAOT asienta que estos inmuebles incumplieron con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano al haber construido más niveles de los permitidos, así como incumplir con los requisitos necesarios para registrar su Manifestación de Construcción”, dijo Lara López.

Añadió que entre los resolutivos, esa autoridad recomendó al entonces jefe delegacional –Jorge Romero- “iniciar los procedimientos administrativos y sancionar con la demolición de los niveles excedentes de los inmuebles investigados, así como iniciar las acciones administrativas y/o penales en contra del Director Responsable de Obra y/o servidores públicos involucrados, sin que esto hubiese ocurrido hasta el momento”. 

Se trata de inmuebles ubicados en las siguientes calles:

-Calle José María Ibarragán, en San José Insurgentes. El programa de Desarrollo Urbano Delegacional permite un máximo de tres niveles, pero hay construcciones con cuatro niveles. 

 -Calle San Francisco, Actipan. Se permite un máximo de cuatro niveles, pero hay edificaciones con seis niveles. 

-Calle Capuchinas, San José Insurgentes. Se permite un máximo de tres niveles, pero hay edificaciones hasta con el doble, es decir, seis niveles.

Ulises Lara aseguró que la nueva información obtenida en los cateos, donde se han asegurado equipos de cómputo, y por las denuncias de “gran cantidad de vecinas y vecinos afectados”, puede dar pie a la apertura de nuevas líneas de investigación por conflicto de interés en el caso.

“Hemos descubierto más relaciones, probablemente orientadas al enriquecimiento ilícito y al uso indebido del servicio público, entre empresarios dedicados al sector de bienes raíces y exfuncionarios de la alcaldía”, dijo.