CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de la comunidad universitaria de la UNAM exigieron que se invalide el título de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por haber sido obtenido “de manera fraudulenta”.

En un oficio enviado al Consejo Universitario, un total de 33 profesores, investigadores, alumnos y egresados de la máxima casa de estudios consideraron que, de no actuar frente al caso del plagio de tesis, se pone en riesgo la credibilidad de todos los títulos emitidos por la institución.

“Tenemos la convicción de que la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario debe intervenir para dirimir sobre las anomalías que se generaron en nuestra casa de estudios y aplicar la sanción de invalidación en el título que ostenta la ex alumna Yasmín Esquivel Mossa de Riobóo, que fue obtenido de manera fraudulenta y por tanto, sin cumplir los requisitos esenciales para ello”, dice el oficio entregado a la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario.

“No hacerlo pone en riesgo la credibilidad de todos los títulos emitidos por nuestra Alma Máter, que podrán ser objeto de duda y especulación”, sostienen.

El documento es suscrito por Gabriela Delgado Ballesteros, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, Enrique Ruiz Velasco Sánchez, Griselda Gutiérrez Castañeda, Rosaura Martínez Ruiz, Alejandro Gómez Pacheco y Alejandro Álvarez Pérez Duarte y otros 26 integrantes de la comunidad que anexaron su número de empleado o de credencial de estudiante. Cuatro de los firmantes se identifican como consejeros universitarios.

En el oficio se exige promover la revocación del título en el marco de la autonomía instaurada en la Ley Orgánica de 1945.

“La autonomía es un principio fundamental en la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que es obligación de todas las personas que en ella estudiamos, nos formamos o trabajamos, garantizarla, respetarla, ejercerla y cuidarla”, expusieron.

“Debemos reforzar la confianza nacional en el trabajo de la UNAM, no permitir que situaciones de esta naturaleza empañen el ejercicio honesto y responsable de una profesión”, señalaron los integrantes de la comunidad universitaria.

“En consecuencia, exigimos que se cumplan los principios universitarios y se retire el título de Licenciada en Derecho que obtuvo de manera delictiva la señora Yasmín Esquivel de Rioboo, se investigue a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les apliquen las sanciones universitarias correspondientes”, concluyen.

“Fraude académico”

“Desde hace unas semanas, se hizo del conocimiento público un plagio cometido por una exalumna de la Facultad de Derecho. Frente a esta noticia, las autoridades universitarias, en ejercicio de la autonomía y en cumplimiento de la normatividad institucional, constataron la existencia del plagio y, en consecuencia, del fraude académico cometido por dicha exalumna, lo que implica, necesariamente, que no se cumplieron los requisitos esenciales para la titulación con el grado de Licenciada en Derecho exigibles en 1987: haber aprobado los créditos obligatorios y optativos del plan de estudios, acreditar la comprensión de lectura en otro idioma, elaborar una tesis que tenía que ser aprobada por cinco sinodales, presentar y aprobar el examen profesional correspondiente”, detalla el oficio de los integrantes de la comunidad.

La exalumna en cuestión, agrega, “no elaboró la tesis, la plagió, como ya han determinados nuestras autoridades; por tanto, no sólo incumplió con los requisitos esenciales para su titulación, sino que cometió un delito que habia quedado oculto hasta ahora por la conjunción de diversas voluntades que habria que investigar también”.

En ese contexto cuestionaron la opinión del abogado general de la máxima casa de estudios:

“Efectivamente, en ejercicio de la autonomia universitaria, el rector Graue Wiechers ya confirmó el plagio, pero, de manera inexplicable, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, abogado general, cuya misión es contribuir a los fines sustantivos de la Universidad a través, entre otros, del fomento de la cultura de la legalidad, afirmó que la UNAM no cuenta con los mecanismos necesarios para anular un título obtenido de manera fraudulente.

“Es falso, de tal suerte que no es necesario que se renuncie a la autonomía de nuestra Alma Mater y que se derive la solución de este problema a una instancia de la administración pública federal”, aseguraron los firmantes.

“El plagio, en general, y el de una tesis para obtener un grado universitario, en particular, es un problema de graves consecuencias; es en sí un robo intelectual; es un delito castigado internacionalmente y por nuestro Código Penal Federal en su Artículo 427 del Código Penal Federal así como lo dispuesto tanto en el Convenio de Berna y en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Sobre Derecho de Autor de los cuales México es parte”, argumentaron los investigadores y docentes.

“Es cierto que puede haber prescrito en los términos de interpretación tradicional del derecho mexicano; pero sus consecuencias son tales que no es explicable que nuestra Máxima Casa de Estudios renuncie a su autonomía para decidir sobre los efectos legales y sociales de un hecho de esta naturaleza”, apuntaron.

“Recordemos que una de las funciones de la UNAM es la difusión de la cultura; por ello, al no hacerse cargo de la situación que le compete ante estos estos hechos, debemos preguntamos si lo que se quiere difundir es la cultura de la ilegalidad”, cuestionaron.