CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Las revelaciones sobre espionaje realizado desde el Ejército mexicano a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos confirman que desde las instituciones castrenses se les considera enemigos potenciales del gobierno, afirmó la organización Artículo 19.

En su informe “Voces contra la indiferencia” destacó la investigación Ejército Espía publicada por Proceso, Animal Político, Aristegui, la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y SocialTIC, en la que desde octubre de 2022 se revelaron nuevos casos de espionaje con Pegasus dirigidos a Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos; Ricardo Raphael, columnista y un periodista de Animal Político.

“Estos hechos reafirman el uso ilegítimo de tecnologías de vigilancia, en especial, el realizado por las fuerzas armadas sin contar con atribuciones normativas”, señaló.

“También confirman que desde las instituciones castrenses se considera enemigos potenciales a colectivos e individuos como activistas, periodistas y defensores/as de los derechos humanos que investigan, denuncian y ex- ponen casos en que éstos son violados, como Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo”.

La organización afirmó que la respuesta del Estado mexicano a las revelaciones de Ejército espía y Guacamaya ha sido decepcionante pues la Presidencia de la República afirmó que los archivos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hackeados por el colectivo Guacamaya carecen de validez legal y que los documentos que demuestran el uso de Pegasus no son oficiales.

Recordó que incluso el presidente, Andrés Manuel López obrador dirigió ataques verbales a Ricardo Raphael y Animal Político y se destinaron recursos públicos para implementar una campaña desde sitios digitales oficiales, como Infodemia, para “desmentir” que la Sedena adquirió Pegasus y lo usó contra periodistas y activistas este sexenio.

Asimismo, Artículo 19 explicó en su informe que la investigación de Ejército Espía no sólo se sustenta en estos documentos sino que se vio reforzada por ellos.

“Exhibió la necesidad apremiante de transparentar los contratos de compraventa de estas herramientas de espionaje, así como de aclarar el espionaje denunciado y la arbitrariedad e ilegalidad de que la Sedena vigile a defensores, activistas y periodistas sin tener atribuciones y facultades para ello.

“Gracias a las filtraciones de Guacamaya se ha conocido una lista de grupos y colectivos considerados por la Sedena de ‘alto riesgo’, en la que se encuentran padres y madres de familia que luchan por medicamentos contra el cáncer para sus hijas e hijos, colectivos feministas, organizaciones en defensa de la tierra y territorio, entre otros activistas y personas defensoras de los derechos humanos”, precisó.

Afirmó que la impunidad y la falta de acceso a la verdad y la justicia en los casos de espionaje gubernamental crean un efecto inhibitorio para la libertad de expresión y mantienen en riesgo la privacidad de todas las personas que han sido atacadas con Pegasus.

“En los últimos años no han existido avances en el esclarecimiento de los patrones generalizados de uso ilegal de los sistemas de vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y opositores políticos, pues persiste la falta de transparencia y de rendición de cuentas en el marco de una investigación diligente, imparcial, objetiva, profesional e independiente”, indica el informe de Artículo 19.

La organización advirtió que a raíz de las revelaciones de Guacamaya diversos legisladores llamaron urgentemente a crear un marco legal más severo en materia de ciberseguridad con la intención de reforzar las penas por acceso ilícito a sistemas informáticos, filtraciones y distribución de documentos o información considerada de seguridad nacional.

“Las iniciativas en ese sentido buscan promover mecanismos de monitoreo en internet, conocidos en otros países como ciberpatrullaje, sin que se detallen las medidas que adoptarían para evitar la vulneración de los derechos humanos.

“El hackeo a Sedena fue el pretexto perfecto para reactivar una discusión en el interior de Legislativo que desde 2019 amagaba con aprobar leyes de ciberseguridad restrictivas de los derechos humanos e inhibitorias de la libertad de expresión”, señaló.

Aunque organizaciones de la sociedad civil han solicitado que se instaure un parlamento abierto con lineamientos que permitan la participación libre y significativa en los debates sobre estas iniciativas, hasta ahora los legisladores no han dado respuesta.

Indicó que desde mediados de 2022 y después de las revelaciones de Guacamaya, las comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas cámaras integrantes del Congreso de la Unión, impulsan una agenda con la que pretenden criminalizar a cualquier colectivo o individuo que amenace la seguridad nacional mediante el uso “ilegítimo” de tecnologías por las personas usuarias.

“A pesar de la urgencia de regular la compra y venta de este tipo de programas espías en el país (como Pegasus), los legisladores -incluidos los de oposición- prefieren enfocarse en crear marcos normativos de ciberseguridad que restringen derechos humanos”, lamentó.