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La SCJN anula el delito de corrupción para particulares del Código Penal de la CDMX

El ministro Javier Laynez Potisek explicó que este precepto no es claro al definir la conducta que se tiene que castigar y genera consecuencias jurídicas que ocasionan en los destinatarios una gran confusión e incertidumbre respecto de su explicación.
miércoles, 14 de febrero de 2024 · 08:33

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anuló una reforma que creó el delito de “corrupción” para particulares al frente de asociaciones civiles que manejen recursos públicos de la Ciudad de México.
Por mayoría de 10 votos, los ministros concluyeron que incluir a particulares en el
concepto de servidores públicos viola la Constitución.


Sin embargo, la Corte precisó que los particulares que manejen recursos públicos  sí pueden ser sancionados administrativa o penalmente.


Durante el debate de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su similar en la CDMX en contra de varias disposiciones del artículo 256 del Código Penal capitalino, el ponente del proyecto, Javier Laynez Potisek, explicó que el precepto no es claro al definir la conducta que se va a castigar.
“Generan un cúmulo de consecuencias jurídicas que ocasionan en los destinatarios una gran confusión e incertidumbre respecto de su explicación”, dijo.


Añadió que al incluir a los administradores y directores de asociaciones civiles en el delito de corrupción -previsto para servidores públicos- porque reciban un donativo o manejen recursos provenientes de la administración de la CDMX puede tener impactos de mucha trascendencia en sus derechos y libertades.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama, consideró que la Ley de Amparo prevé que los particulares pueden tener el carácter de autoridad y por ello, es razonable que se pueda sancionar por delitos de corrupción a quienes al mando de una asociación civil, usen indebidamente recursos estatales.


“Los sujetos de derecho privado tienen una gran incidencia en el ámbito del derecho público y que operan en múltiples ocasiones con amplios márgenes de discrecionalidad cuando se hacen cargo de funciones públicas. Es por ello que deben encontrarse sujetos a responsabilidades y medios de control que limiten las prácticas abusivas y de corrupción”, argumentó la ministra.


Añadió que en el mismo artículo de la Carta Magna, se le permite a los estados definir el carácter de servidores públicos para efectos de sus propias responsabilidades, lo cual quedó asentado en la Constitución local.


Sobre este último señalamiento, Alberto Pérez Dayán aclaró que dicho párrafo, especifica que esas definiciones de servidores públicos que hagan las entidades, deben ajustarse a lo que señala en su inicio el artículo 108 constitucional.
“Aún cuando pudiéramos aceptar, que no lo es, que el artículo 64 (de la constitución de la Ciudad de México), validara el 256, los dos resultarían inconstitucionales”, precisó el ministro.


Cuando fueron aprobadas estas modificaciones al Código Penal de la Ciudad de México en 2021, organizaciones no gubernamentales criticaron que son autoritarias y las criminaliza.
“Abre la puerta a la utilización de la persecución penal contra organizaciones civiles y amenaza el ejercicio legítimo de la libertad de asociación en México (…) resulta preocupante el avance en México de tendencias autoritarias para acotar, por medios fiscales y mediante el uso del poder punitivo, el trabajo que lleva a cabo la sociedad civil organizada”, pronunció en su momento, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 

 

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