CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Educación con Rumbo llamó a los integrantes de la Cámara de Senadores a votar en contra de la reforma judicial que ayer fue avalada en comisiones en dicha instancia.

Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de la organización señaló que la reforma puede impactar en cada niño y niña en México porque quedarían vulnerables frente a actos que atenten contra sus derechos humanos, específicamente, al de contar con jueces y magistrados que dicten sentencias garantizando su interés superior a tener una vida digna.

La organización afirmó que durante este sexenio 22 millones de niños han sido beneficiados por sentencias emitidas por jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) cuya preparación ha sido garantizada por la carrera judicial, lo que no ofrece el voto popular.

Indicó que recientemente consiguió una suspensión definitiva en la que un juez de amparo ordenó al gobierno federal garantizar la realización de la prueba PISA en México en el año 2025.

Añadió que, para dar cumplimiento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) declaró que dicho estudio iniciará su proceso en octubre de 2024.

“Durante el sexenio que está por concluir, la sentencias emitidas por la Poder Judicial de la Federación en juicios de amparo promovidos por Educación con Rumbo beneficiaron a más de 22 millones de niños a través de resoluciones que impidieron la eliminación de grados escolares, la eliminación de la facultad de los maestros para evaluar a los alumnos y la instrumentación de una prueba piloto del modelo educativo que atentaba contra el derecho humano a una educación científica y de calidad”, detalló en un comunicado.

“El común denominador de las resoluciones dictadas en juicios de amparo en materia de derechos humanos radicó en el nivel técnico que entraña el conocimiento del régimen de defensa de los derechos humanos de la Constitución, los Tratados Internacionales y la experiencia que deriva de la carrera judicial, lo cual es incompatible con la elección popular de jueces y magistrados”.

El abogado de la organización, Miguel Ángel Ortiz Gómez enfatizó en que la protección de los derechos humanos mediante la carrera judicial es una vocación que no se consigue en una campaña, elección popular o e una tómbola.