"Inconstitucional" la Unidad de Inteligencia Financiera del GDF, afirman abogados

martes, 13 de febrero de 2007
México, D F, 12 de febrero (apro)- La puesta en operación de la Unidad de Inteligencia Financiera en el Distrito Federal --publicitada como uno de los logros del gobierno de Marcelo Ebrard-- fue considerada "inconstitucional" por la organización Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos Consolidada apenas el 22 de enero, la Unidad de Inteligencia está adscrita a la Secretaría de Finanzas y la encabeza Jorge Silva Morales, exdiputado federal del PRD en la LVII Legislatura, de la que fue parte Ebrard Casaubón Incluso ambos participaron en la comisión que auditó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) Y pese a que Ebrard aseguró que la función principal de la Unidad es indagar en las dependencias locales todo lo que tenga que ver con el historial financiero de los presos que han sido procesados y sentenciados por delincuencia organizada, la ONG señala que dichas atribuciones no le corresponden al GDF En un comunicado, la organización de abogados sostiene que "el combate a la delincuencia organizada debe ser, sin duda, una prioridad del Gobierno del Distrito Federal; sin embargo, no es trasgrediendo la Constitución como serán efectivas las actuaciones que emprenda para ese fin" La ONG se describe como una asociación civil "creada para contribuir a la construcción del Estado democrático de derecho, incidiendo, desde una visión jurídica crítica, en el fortalecimiento y eficacia de los mecanismos de protección de derechos humanos" Del análisis realizado por la agrupación se desprenden presuntas violaciones a los artículos 14, 16 y 21 constitucionales "Se pretende encomendar a esta Unidad de Inteligencia una labor de investigación relacionada con los delitos de delincuencia organizada, que la Constitución ha otorgado de manera exclusiva y excluyente al Ministerio Público, en términos del artículo 21", indica Agregan que de acuerdo con el planteamiento de creación, "resalta la falta de precisión en la adscripción de atribuciones y de límites claros en la actuación de la Unidad Administrativa" Por ejemplo, se destaca que entre las inconsistencias están las atribuciones del encargado de la Unidad, entre ellas las de "formular y presentar denuncias y querellas ante el Ministerio Público; constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, y ?todas aquellas que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones?" Para la ONG, las indefiniciones "se traducen en la violación a los principios de seguridad jurídica y legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, constituyendo un riesgo al derecho que toda persona tiene de protección a su vida privada" Agrega que el "margen de discrecionalidad" de la referida unidad es preocupante, pues "permite actuaciones al margen de la ley y de la propia Constitución"

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