Denuncia ombudsman capitalino chantaje panista

jueves, 10 de mayo de 2007
México, D F, 9 de mayo (apro)- Al rendir su informe 2006, el ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza advirtió que no aceptará, bajo ninguna circunstancia, presiones o chantajes que busquen influir en su actuación al frente de la CDHDF En clara alusión a la directiva panista local, encabezada por Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, dijo que existen personas con una determinada opción moral y que, ostentándose como representantes políticos --cuando en realidad son religiosos-- censuran otras opciones de vida, al considerar que no se ajustan a los principios con que ellos se rigen Subrayó que "debe quedar absolutamente claro que para nosotros la autonomía no es un concepto vacío o retórico, sino un principio de acción permanente y cotidiano en el ejercicio de nuestras atribuciones y en la relación con todos los actores gubernamentales, políticos y religiosos, tanto locales como nacionales" Detrás de estas prácticas, sostuvo, se esconden "actitudes intolerantes", que muestran una cara más de la discriminación en la ciudad y en el país, hecho que quedó en evidencia en la controversia desatada antes y después de la aprobación de la ley de sociedades de convivencia Advirtió incluso que la autonomía del organismo se ha traducido en distintos momentos como una actuación en favor o en contra de diversas fuerzas políticas, empero acotó: "Debe entenderse que la defensa de los derechos humanos está muy por encima de intereses particulares Por elemental que parezca, esa es precisamente nuestra tarea y ahí radica nuestra fortaleza, justamente para eso se crearon estos organismos Actuaremos siempre en congruencia y convicción a este principio y fundamento Esa es nuestra historia y herencia, así como nuestra directriz" Por ello exhortó a las autoridades locales a saldar satisfactoriamente las deudas con las víctimas de violaciones a derechos, tal como se ha acreditado a través de las 154 recomendaciones que la CDHDF ha emitido desde su creación, así como a sancionar a los responsables y a emprender políticas que garanticen la no repetición de los hechos "El rechazo a una recomendación lo consideramos una grave afrenta a las y los ciudadanos y al régimen democrático de derecho", advirtió En presencia del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Guadalupe Carrera, Álvarez Icaza recalcó que la impunidad en el sistema de justicia, por actos no perseguidos y no castigados, constituye una de las principales violaciones a los derechos humanos en la ciudad También dijo que vulneran derechos y entorpecen la aplicación de la justicia la dilación en los procesos judiciales y la deficiencia en la operación de los Ministerios Públicos Por ello, dijo, es necesario un marco normativo que regule a estas instituciones, a fin de garantizar un equitativo acceso a la justicia y la seguridad jurídica Señaló que en materia de seguridad pública se ha presentado un fenómeno estructural, en donde las quejas presentadas son de los propios policías que denuncian discriminación y abuso de sus mandos En torno al sistema penitenciario, aseguró que las violaciones más denunciadas durante 2006 fueron por hacinamiento y falta de servicios de salud y de readaptación Por su parte, Ebrard Casaubon consideró que el informe muestra de manera objetiva lo que sucede en la ciudad en materia de derechos humanos, y brinda "mucha información para quienes están a cargo de las instituciones y de las políticas públicas", con el propósito de avanzar en su garantía Dijo que ha establecido un diálogo con la CDHDF respecto de las cuestiones estructurales que determinan la situación de los derechos humanos en la ciudad Anunció que con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) se elabora un "Diagnóstico y programa de derechos humanos del Distrito Federal", a fin de orientar acciones en la materia durante el próximo sexenio La situación en los reclusorios capitalinos, admitió, son un ejemplo evidente de que el modelo actual no está funcionando: "No readapta, hay numerosas violaciones a los derechos humanos, tenemos demasiadas personas con prisión preventiva, entre otras"

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