MÉXICO, D F, 24 de septiembre (apro)- Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que agote las investigaciones sobre las acusaciones formuladas por diputados locales del PAN contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y su secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón Lince, antes de decretar el no ejercicio de acción penal El 7 de noviembre de 2007, diputados panistas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) acusaron a Ebrard y Mirón Lince ante la PGJDF de los presuntos delitos de peculado y uso ilegal de atribuciones por utilizar la campaña de difusión del Seguro de Desempleo como promoción personal y política Sin embargo, la encargada de la Fiscalía Central de Investigaciones, María del Rocío García, que llevó el caso, determinó que no había pruebas suficientes contra los funcionarios Ante ello, los diputados Ezequiel Rétiz Gutiérrez y Kenia López Rabadán, se inconformaron y demandaron el amparo de la justicia federal contra la resolución de la fiscal El lunes pasado, de acuerdo con la resolución 694/2008, el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Mateo Brieba de Castro, ordenó a la PGJDF realizar nuevas diligencias y determinar la situación legal de los imputados En conferencia de prensa, Rétiz Gutiérrez y López Rabadán, celebraron el resolutivo, que evidencia, dijeron, el "desaseo" de la PGJDF en la integración de averiguaciones previas Rétiz Gutiérrez explicó que la conclusión del juez federal se basó en que la fiscal "no recabó mayores pruebas que las presentadas en la denuncia, no agotó las diligencias tendientes a comprobar el cuerpo del delito, ilegalmente trasladó la carga de la prueba a los denunciantes y, sobre bases ambiguas, propuso el no ejercicio de la acción penal" Añadió que el resolutivo el Poder Judicial de la Federación, "corrige la plana" a la PGJDF y la "obliga a hacer su trabajo" para integrar una averiguación previa y deslindar responsabilidades Para el panista, la importancia de la respuesta del juez federal radica también en que por primera vez se reconoce que "los ciudadanos no son los que deben presentar las pruebas para comprobar que se ha cometido un delito, sino que le corresponde al Ministerio Público realizar todas las investigaciones para ese propósito" Por su parte, López Rabadán afirmó que el fallo demostró que la PGJDF se conduce "erróneamente" al considerar que son los denunciantes los que estarían obligados a realizar la investigación y descargar las pruebas, dejando de lado su responsabilidad constitucional de investigar y perseguir los hechos delictivos que se denuncian Apuntó que la actitud de la fiscal de Asuntos Especiales, de pedir a los denunciantes pruebas, equivale a que "en un caso de secuestro, le correspondería a la familia investigar y demostrar que su familiar es víctima, saber dónde está secuestrado y quiénes lo secuestraron, situación por demás absurda"