MÉXICO, D.F., 14 de diciembre (apro).- Representantes de organismos no gubernamentales solicitaron a las autoridades federales y locales detener la “limpieza social” de grupos callejeros en la capital, así como realizar una investigación imparcial y exhaustiva para identificar la posible complicidad de servidores públicos del gobierno del Distrito Federal y de otras instancias y entidades.
    En conferencia de prensa, Gerardo Sauri, representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, afirmó que desde mayo pasado se alertó a las autoridades capitalinas de operativos irregulares frente a poblaciones callejeras, pero no recibieron respuesta.
Y, por si fuera poco, añadió, no investigaron sobre el caso Casitas del Sur y la guardería ABC, y tampoco sobre las personas que estaban en calidad de “esclavas” en un centro clandestino de rehabilitación en Iztapalapa.
Por ello, Sauri reiteró la necesidad de que el Estado mexicano asuma a plenitud su obligación de protección de las poblaciones excluidas o en situación de vulnerabilidad, prevista en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Asimismo, aseveró que las autoridades federales y locales están obligadas a garantizar el derecho de protección a todas las personas, sin importar su condición social, cumpliendo con la supervisión de los espacios de atención a grupos altamente vulnerables.
El defensor de los derechos humanos demandó al gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dar prioridad en la asignación del presupuesto para cumplir con el Programa de Derechos Humanos local, que integra un capítulo sobre poblaciones callejeras.
Además, exhortó al gobierno capitalino, que encabeza Marcelo Ebrard, a desarrollar una estrategia integral que permita documentar el nivel de actuación de la delincuencia organizada en la trata de personas, y establecer mapas delincuenciales en la materia y realizar acciones para prevenirla y erradicarla, en coordinación con otros gobiernos locales.
Por su parte, el representante de la organización "El Caracol", Juan Martín Pérez García, consideró que el caso del centro de rehabilitación "Los elegidos de Dios", donde el pasado jueves 4 fueron detenidas 25 personas, es un ejemplo de lo mucho que el Estado ha dejado de hacer en materia de protección social de los grupos marginados.
Pérez García lamentó que autoridades capitalinas no quieran reconocer esta problemática y tampoco aceptar recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sobre la complicidad de funcionarios con bandas dedicadas a la trata de personas.
Denunció que muchos jóvenes son hostigados y maltratados por la policía, porque son testigos de lo que pasa en las calles de la ciudad de México.
Las organizaciones no gubernamentales también pidieron  evitar la discriminación social contra las personas que viven en situación de calle, ejercida bajo una visión de "peligrosidad y mala imagen".
Señalaron que es responsabilidad de los gobiernos federal y local garantizar la aplicación, entre otros instrumentos jurídicos, de las directrices de cuidado alternativo de la niñez emitidas por la Organización de las Naciones Unidas.
También señalaron que debe aplicarse la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999 para la prevención, tratamiento y el control de adicciones.