Opositores a la Supervía denuncian represión del GDF

viernes, 22 de octubre de 2010

MÉXICO, D.F., 22 de octubre (apro).- Vecinos de las colonias afectadas por la construcción de la Supervía Poniente denunciaron que los actos de represión ordenados por el Gobierno del Distrito Federal, durante las manifestaciones del martes 19 y jueves 21 pasados, dejaron un saldo de 17 lesionados.
    En conferencia de prensa, representantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente acusaron al gobierno de Marcelo Ebrard de ocultar información sobre el proyecto vial, que, aseguraron, pone en riesgo el medio ambiente y los mantos acuíferos, amén de que detrás de dicho proyecto, denunciaron, hay “intereses económicos y políticos” de por medio.
    Cristina Barros, vecina de una de las colonias afectadas, resaltó que, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) instaló una mesa de negociación, el secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila, “se ha negado a entregar los dictámenes técnicos” que supuestamente “dan sustento a la destrucción de los bosques en la zona del Parque de Tarango, considerado reserva ecológica”.
    La hija del exrector de la UNAM, Javier Barros Sierra, señaló que contrario a lo afirmado por el gobierno capitalino, expertos en ecología y en urbanística, entre ellos el exrector José Sarukhán, así como expertos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Instituto Internacional del Transporte, “coinciden en que lo que pretende hacer el GDF es completamente insostenible, además de que la concesión pone en riesgo la viabilidad  financiera de la ciudad”.
    Barros manifestó que ante la cerrazón del gobierno de Ebrard para aportar información, está la sospecha de que detrás del proyecto hay intereses que no tienen que ver con el desarrollo de la ciudad.
    “Sabemos que una de las concesionarias, la empresa española OHL, fue sancionada por fraude en España. Dicha empresa estuvo a punto de la quiebra, pero se salvó con este proyecto y con otros que tiene en México y otros países de Latinoamérica, entre ellos la construcción de la ampliación del segundo piso de San Antonio a Toreo”.
    Por la información recabada, agregó, sabemos que OHL tiene como estrategia financiar campañas políticas, que después cobra con la concesión de obras públicas; además, por expertos sabemos que el presupuesto está muy inflado, y todo esto nos hace sospechar del interés político y económico que hay detrás, pues para nadie son nuevas las pretensiones del jefe de Gobierno para el 2012”, puntualizó.
    Por su parte, Daniel Gershenson, de la organización social Al Consumidor, anunció que además de agotar las vías judiciales y de movilización social, los vecinos de la zona juntarán firmas para solicitar al consejo rector de la Asociación Mundial de Alcaldes contra el Calentamiento Global, con sede en Bonn, Alemania, la destitución de Ebrard como presidente de la misma.
    “Es una hipocresía, totalmente deleznable, que Ebrard se ostente como presidente de una organización con fines de conservación ambiental, cuando en la ciudad está encabezando obras reprobadas por cualquier ambientalista”, agregó Gersehnson.
    En tanto, Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que ante la violación continua del gobierno capitalino de los procesos judiciales en curso,  la CDHDF debe emitir lo más pronto posible una recomendación para que se detenga la construcción de la obra.
    “Los procesos judiciales y administrativos que se iniciaron contra las expropiaciones y la concesión de la obra tienen tiempos más lentos, pero el gobierno de Marcelo Ebrard tiene prisa por que se realice la obra sin importar la violación de esos procesos legales, por  tanto pensamos que la única instancia que podría ayudar sería precisamente la CDHDF”, puntualizó.
    Los vecinos advirtieron que continuarán con sus manifestaciones en contra de la Supervía, y aclararon que los que bloquearon las vialidades el martes y jueves pasados fueron granaderos, no ellos.

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