MÉXICO, D.F., 11 de febrero (apro).- El contralor del Gobierno del Distrito Federal, Ricardo García Sáenz, informó que la única irregularidad detectada hasta ahora en el Bar-Bar, donde fue baleado el futbolista paraguayo Salvador Cabañas, es la violación a los horarios de funcionamiento.
Según García Sáenz, salvo ese detalle, la licencia de funcionamiento del centro nocturno propiedad de de los hermanos Simón y Ramón Charaf se encuentra en regla.
Entrevistado al término de la firma de un acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, el funcionario capitalino aseguró que la Contraloría empezó la revisión administrativa de la operación del Bar-Bar el mismo lunes 25 de enero, cuando ocurrió el ataque al futbolista, día en que la PGJDF aseguró el local y la delegación Álvaro Obregón lo clausuró.
“Estamos haciendo la revisión desde el primer día, desde la noche en que todo sucedió; tomamos los expedientes que estaban en la delegación y los que estaban en Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) para conocer la naturaleza de la licencia, la fecha de expedición, la vigencia o no, eso lo tenemos en investigación”, señaló.
Y no descartó iniciar un procedimiento administrativo en contra de delegado, Eduardo Santillán y sus predecesores, entre otros funcionarios delegacionales, por “la no verificación oportuna”, pues hace cinco años que el establecimiento no era verificado, es decir durante las administraciones de Leonel Luna y Leticia Robles, ambos perredistas.

Buscan atenuar cargos contra empleados

Por separado, la defensa de los siete empleados del Bar-Bar, arraigados por el intento de homicidio del futbolista Salvador Cabañas, busca que sólo se les responsabilice por encubrimiento y no como cómplices del presunto agresor, José Jorge Balderas Garza, El JJ, y su escolta, identificado sólo como “el Paco” o El Contador.
    En conferencia de prensa, el abogado José Antonio Araujo Riva Palacio, señaló que, consignado El JJ como responsable material de la tentativa de homicidio, jurídicamente lo viable es que sólo se responsabilice a sus clientes por encubrimiento.
    “Ya que se consignó al agresor del señor Cabañas y se agotó la investigación por cuanto a la tentativa de homicidio, lo que resta en cuanto a mis clientes es un delito no grave y la única figura jurídica, en términos lógicos, que es reprochable, sin que el dolo esté probado, es el delito de encubrimiento por favorecimiento (sic), que tiene una penalidad de 6 meses a 5 años (de prisión) y podrían llevar su proceso en libertad”, dijo Araujo Riva Palacio.
    Los trabajadores del Bar-Bar a los que representa Araujo son el gerente del establecimiento, Carlos Fernando Cázares Ocaña; los capitanes de meseros, Farid Dib Cabrera y Ihosvani Díaz Díaz; los vigilantes Edgar López Luna, Enrique Fichtl García y Heriberto González Vargas, así como el afanador Javier Ibarra Coronel.
    La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acusa a los siete empleados arraigados de no haber revisado a los implicados en el atentado, de facilitarles la huida, de alterar el lugar de los hechos y de obstaculizar el trabajo de los paramédicos. Al respecto, el abogado Araujo puntualizó que entre las funciones de los empleados no estaba detener a criminales.
     Destacó que patrullas de la Policía Preventiva capitalina llegaron al Bar-Bar tres minutos después del atentado contra Cabañas, y que no ingresaron al local, a pesar de que estaban abiertas las puertas.
    “La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no tenía que pedir permiso para entrar, su responsabilidad era resguardar el lugar”, apuntó Araujo Riva Palacio.
Al señalar que no se les puede reprochar a los trabajadores del Bar-Bar “no ser los héroes del metro Balderas que muchos esperaban”, el abogado aseguró que la función de los empleados era de “saca borrachos” y que, de acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles, “en un caso similar al registrado en el bar, el pasado 25 de enero, se debe dar aviso a la SSP”.
En cuanto a la acusación contra sus defendidos por alteración de la escena del crimen, añadió que está tipificada como encubrimiento y que aún no se ha demostrado el dolo de los empleados.
Según  el abogado, los implicados no portaban armas cuando ingresaron al local, sin embargo, a las 5:09, nueve minutos antes de que El JJ disparara a Cabañas, se ve a “el Paco” o El Contador afuera del Bar-Bar abrazando por el cuello a un tercer sujeto, quien “pudo haber entregado la pistola en ese momento”.
Sobre la acusación que hizo recientemente la esposa de Salvador Cabañas, María Lorgia Alonso, de que “se perdió un tiempo valioso” por los supuestos obstáculos que pusieron los trabajadores para que ingresaran los paramédicos, Araujo señaló que éstos llegaron al Bar-Bar 14 minutos después del ataque, y que fueron los rescatistas quienes ordenaron que se impidiera el ingreso de la señora a los sanitarios para poder atender al futbolista herido.