Pide la CDHDF suspender la Supervía; Ebrard responde que no lo hará

jueves, 20 de enero de 2011

MÉXICO, D.F., 20 de enero (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación dirigida al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para que suspenda las obras de la Supervía Poniente, ya que, señaló, se han documentado violaciones a los derechos a la seguridad jurídica, a la información y a la participación ciudadana.
    Paralelamente, más de cien organizaciones civiles y no gubernamentales se sumaron a la recomendación de la CDHDF y demandaron al jefe de Gobierno del Distrito Federal que le dé cabal cumplimiento.
    "Una respuesta negativa contradice los compromisos adquiridos por el GDF en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la ciudad, ambos asumidos por este mismo gobierno", señalaron las ONG en un comunicado.
    En respuesta, Marcelo Ebrard dijo que revisa "con cuidado" la recomendación emitida por la CDHDF, pero advirtió que no suspenderá la obra.
    “La recomendación la estamos revisando con todo cuidado, siempre hemos tomado muy en cuenta lo que nos dice o señala la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal”, comentó en entrevista, luego de inaugurar el Comedor Comunitario de la colonia Barrio de la Cruz, en la delegación Iztacalco.
“De antemano, diría yo, por supuesto que el gobierno no va a acceder a suspender la obra, porque eso afecta a miles de personas; hay actos jurídicos de por medio, y no veo yo una razón fundada y motivada que nos llevara, de acuerdo con la ley, a suspender una obra de ese tipo", puntualizó.
    La CDHDF recomendó al jefe de Gobierno que suspenda la obra de la Supervía Poniente hasta que realice una consulta pública que recoja la opinión, propuestas y preocupaciones de las personas que se dicen afectadas.
También pide que se informe a esas personas sobre las necesidades de movilidad en el sur-poniente de la Ciudad de México, con el objetivo de que cuenten con elementos de juicio para participar en la consulta pública.
De acuerdo con el organismo, que preside Luis González Placencia, “con el diagnóstico sobre las necesidades de movilidad, se deben valorar todas las alternativas al respecto, y cualquier proyecto de movilidad que se genere deberá contar con una manifestación de impacto ambiental completa, elaborada y evaluada de acuerdo con la ley al respecto”.
La recomendación de la CDHDF va dirigida no sólo al GDF, sino también a las jefaturas delegacionales de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, para que hagan un diagnóstico sobre las necesidades psicológicas, médicas, familiares y jurídicas de sus habitantes que han sido afectados por la construcción de la Supervía.
Además, pide instrumentar un mecanismo de control y divulgación a efecto de garantizar una adecuada fundamentación y motivación legal al otorgar vistos buenos con respecto a obras públicas o actos de gobierno que impacten los derechos de sus habitantes.
Las ONG que respaldaron la recomendación de la CDHDF aseguraron que aquella "ubica claramente las violaciones a los derechos humanos de quienes vivimos en esta urbe con este proyecto".
Reiteraron la exigencia de parar la obra en tanto se resuelve el conflicto, así como el cese del hostigamiento a quienes se oponen, y retirar de inmediato a la fuerza pública de la zona.
En su comunicado, las ONG mencionaron las afectaciones "plenamente investigadas, documentadas y justificadas" por la CDHDF, como el derecho a la vivienda, incluyendo la seguridad de la tenencia y vivienda digna, y a un medio ambiente sano con la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente y de áreas de valor ambiental y preservación ecológica.
Según las organizaciones, el derecho al agua para el uso personal y doméstico también ha sido afectado, así como el derecho a la información, incluyendo "leyes, decretos y acciones de gobierno de interés público respecto de materias relativas al Distrito Federal, y sobre la realización de obras y servicios de la Administración Pública mediante la difusión pública".
Por ello, añadieron, es necesaria la suspensión de la obra "hasta que no se sostenga un diálogo público en un lugar neutral que asegure una participación amplia y plural", y que recoja "las preocupaciones, opiniones y propuestas, así como la valoración de alternativas".
Entre otras cosas, exigieron que se elabore y ejecute un programa de mejoramiento urbano que restituya a la zona afectada con entorno digno para quienes la habitan y "el inmediato retiro de la fuerza pública y el cese al hostigamiento contra las personas que manifiestan oposición al proyecto de la Supervía, especialmente al Frente Amplio".
Las ONG firmantes, entre las que se encuentra el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" y Greenpeace México, dijeron que esperan "que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, acepte integralmente la recomendación en el ámbito de su competencia.

Ordenan hacer públicos los anexos de títulos de concesión
Horas después, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Info DF) ordenó a la Oficialía Mayor del gobierno de la ciudad hacer públicos los anexos de los títulos de concesión de la Supervía Poniente y, en versión pública, dar a conocer los aspectos financieros más importantes de la obra.
En un comunicado, el Info DF detalló que por unanimidad, al resolver el recurso de revisión 1465/2010, los comisionados votaron por privilegiar el principio de máxima publicidad y dar acceso a los anexos sobre el anteproyecto de construcción, el catálogo de conceptos y el programa de obras.
Según el organismo, se aprobó la sugerencia del comisionado presidente del Instituto, Óscar Guerra Ford, de solicitar al ente público que entregue la versión más actualizada y que conforme vaya avanzando la obra informe sobre las modificaciones o actualizaciones del programa.
Asimismo, señaló que el comisionado ciudadano Agustín Millán Gómez destacó la necesidad de transparentar todos los aspectos de la obra de gran importancia para la Ciudad de México, por ser una concesión realizada con la participación del sector privado. “Toda la información de este proyecto debe ser pública”, subrayó.

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