MÉXICO, D.F. (apro).- Integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente de Cuota exhortaron a Marcelo Ebrard a reponer el procedimiento legal para la construcción de la vialidad hacia Santa Fe. La petición fue hecha luego de que se diera a conocer que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) invalidó el Manifiesto de Impacto Ambiental y Ecológico (MIAE) que daba sustento a la obra. La sentencia en primera instancia, se da a conocer luego de que Marcelo Ebrard se quedó fuera de la carrera por la candidatura presidencial. El documento signado por los magistrados de la Primera Sala del TCADF, Jorge Fernández Souza, José Luis Moctezuma Orozco y Carlos Manuel Rebolledo Busto, sostiene que la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) pasó por alto la realización de una consulta pública previa a la realización de la obra, como le obliga el artículo 50 de la Ley Ambiental del Distrito Federal. En conferencia de prensa, Cristina Barros, del Frente Amplio, resaltó que la declaratoria de nulidad del MIAE, “le da oportunidad al jefe de Gobierno a reponer todas las anomalías que hay en el proyecto y, sobre todo, cumplir con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que solicitó suspender las obras hasta que repusieran los procedimientos apegados a derecho”. Barros añadió que de continuar el empecinamiento del jefe de Gobierno en concluir la obra, llevarán el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana (Coidh)). En el resolutivo los magistrados advierten que la legislación no otorga ninguna facultad discrecional a la autoridad demandada para realizar o no la consulta pública. El Gobierno del Distrito Federal consideró que no era necesaria la consulta ciudadana, por lo cual, los magistrados consideraron que violó los derechos de los actores relativos a la seguridad jurídica, información y participación, actuando en contravención a la ley. Es decir, “no se apegó a la legalidad, ya que tenía la obligación no sólo de informar a la población respecto del proyecto que se encontraba integrando, sino que, además de consultarlos para que tuvieran la debida participación respecto a la viabilidad de la misma”. La resolución del TCADF se suma a 18 amparos ganados por afectados por la obra vial, incluidos los bancos HSBC y Banamex. En trámite se encuentra un juicio de nulidad del convenio firmado entre el gobierno capitalino y la constructora, “Controladora Vía Poetas”, integrada por las empresas OHL y Copri, en el que se compromete a las finanzas del Distrito Federal a reponer la inversión en caso de que los empresarios consideren que no lo recuperaron. Los opositores de la Supervía resaltaron que el resolutivo, que fue impugnado por el gobierno capitalino, fue oportuno pues por el momento no hay mayores construcciones que la entrada y salida de la Supervía Poniente. El abogado Francisco López conminó también al gobierno de Ebrard a resarcir a la comunidad afectada por el proyecto vial. Los integrantes del Frente Amplio anunciaron que este jueves acudirán a las oficinas del TCADF para hacer un reconocimiento a los magistrados que anularon la resolución administrativa SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, por medio de la cual se autorizaba la construcción de la Supervía Poniente.