MEXICO, DF, 14 de febrero (apro).- Representantes del Frente Amplio contra la Supervía de Cuota anunciaron hoy que entablarán juicios penales y administrativos contra funcionarios capitalinos y la empresa encargada del proyecto. En conferencia de prensa, abogados y vecinos de dicha agrupación lamentaron las actitudes “arrogantes, intransigentes y hasta caprichosas” del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, en relación con la recomendación 01/2011 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En ese exhorto, el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, pidió a Ebrard Casaubón suspender la construcción, toda vez que, argumentó, se vulneraron leyes y reglamentos, entre ellas la obligación de convocar a una consulta pública antes de iniciar la construcción de la megaobra. El abogado de la agrupación Litiga Olé, Luis Fernando García, dijo que por la serie de ilegalidades detectadas en el proceso de concesión de la obra a Controladora Supervía Los Poetas --integrada por las constructoras OHL, Copri y Atco--, el Frente Amplio iniciará juicios penales y administrativos contra esa empresa; el oficial mayor, Adrián Michel Espino, y los secretarios de Medio Ambiente y Obras, Martha Delgado y Fernando Aboitiz. “Quien ha violentado la certeza jurídica es el Gobierno del Distrito Federal, al no respetar los procedimientos legales establecidos para otorgar un título de concesión a una empresa privada, para lo que no le importó violar derechos humanos y ambientales como quedó demostrado”, sostuvo Luis Fernando García. Asimismo, abundó, impugnarán la resolución de cambio de uso que emitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual permitió la construcción de la obra en suelo de conservación. En tanto, Simón Hernández, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), lamentó que Ebrard, en su respuesta, “sólo trate de desacreditar las facultades que tiene la CDHDF para emitir una recomendación como la 01/2011”. El abogado del Centro Prodh añadió que los empresarios y vecinos que critican el sentido de la recomendación “deberían estar preocupados por la forma en que el gobierno actúa, que es de forma ilegal, y descalifica a la instancia constitucionalmente creada para señalar las arbitrariedades, como lo es la CDHDF”. El activista del Centro Prodh acusó al gobierno de Ebrard de tensar las relaciones con los vecinos inconformes, a quienes no les ha respondido a su solicitud de dialogar. “No podemos establecer un diálogo cuando el punto nodal es la construcción de la Supervía, que está siendo resguardada por policías antimotines; no podemos dialogar cuando la policía sigue intimidando a los vecinos que se oponen a la Supervía, ni muchos menos cuando hay un desprecio hacia la CDHDF y la Comisión Civil de Acompañamiento”, señaló. Mientras, Francisco López, integrante del Frente Amplio, informó que establecieron contacto con otras agrupaciones ciudadanas que se han opuesto a la construcción de obras que afectan el medio ambiente, o bien vulneran el carácter público de los espacios para ser concesionados a empresas privadas. Entre las agrupaciones con las que han tenido contacto, precisó, se encuentran vecinos de Tláhuac, Polanco y Azcapotzalco, donde también han surgido inconformidades por obras públicas y privadas. Los integrantes del Frente Amplio demandaron al jefe de gobierno que “rectifique y subsane las violaciones a los derechos humanos que hasta la fecha se han cometido y, en lo sucesivo, se ajuste y cumpla con las disposiciones legales, evitando conductas y acciones irregulares que en el presente caso desplegó en contravención de sus obligaciones inherentes a su cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal”.