CDHDF reitera llamado a Ebrard para frenar Supervía

jueves, 17 de febrero de 2011 · 01:00

MEXICO, DF, Febrero 17 (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal exhortó al jefe de gobierno Marcelo Ebrard a “reconsiderar su postura” sobre su negativa a suspender la construcción de la Supervía Poniente, como la propia CDHDF sugirió en la recomendación 01/2011; de lo contrario, advirtió, la consulta pública auspiciada por la autoridad carecerá de sentido.
    En conferencia de prensa, el ombudsman capitalino Luis González Placencia y seis integrantes del Consejo de la CDHDF fijaron una postura frente a Ebrard Casaubón, quien aceptó seis de los ocho puntos recomendatorios sobre el conflicto provocado por la construcción de la vialidad de cuota.
    Ebrard se negó a suspender las obras alegando problemas de tipo financiero y legal con la empresa concesionaria, pero ofreció realizar una consulta a toda la ciudad con base en la Ley de Participación Ciudadana.
    Sin embargo, si no se suspende la obra, para la CDHDF la consulta “carece de lógica”, por ser aquélla la parte central de la recomendación que permitiría subsanar las violaciones a la ley y a los derechos humanos.
    Luego de indicar que Ebrard tiene hasta el 25 de febrero para reconsiderar su postura, Placencia señaló que de negarse a cambiar su respuesta, le corresponderá a la Asamblea Legislativa (ALDF) llamar a comparecer al jefe de gobierno para que explique su oposición a dar cumplimiento a la recomendación.
    Y ante el riesgo de que la ALDF no convocara al mandatario, “correspondería a la ciudadanía hacer la presión necesaria para que se cumpla con esa obligación”.
    El ombudsman capitalino explicó que la suspensión de los trabajos tiene la finalidad de subsanar “los vicios de origen en la autorización de la obra y descartar fehacientemente la generación de daños ambientales graves o irreversibles”.
    Puntualizó que la consulta propuesta por Ebrard no cumple con la recomendación, pues “se convertiría en una suerte de plebiscito sobre la realización o no de la obra, y lo que pidió la Comisión es una consulta sobre el Manifiesto de Impacto Ambiental, un requisito que exige la Ley Ambiental antes de la construcción de la obra”.
    Sin embargo, reconoció que la CDHDF no tiene facultades legales para suspender la obra, pero sí las tiene para determinar las violaciones a derechos humanos y que en ello se basa la argumentación de la recomendación.
    “Lo que estamos diciendo es que hay una violación continua, y para que ésta cese es necesario suspender el acto que sea, en este caso es la construcción de la obra; porque de lo contrario no tiene sentido que se repare un daño que está en proceso. El tema aquí es que existe incertidumbre si la construcción de la Supervía generará o no daño ambiental, de ahí la importancia de vincular la suspensión con la consulta”, acotó el ombusman.
    Sobre los presuntos derechos que reclaman las personas que apoyan la construcción de la vialidad, la consejera Denise Dresser señaló que “no importan que tengan 30 mil o 300 mil o 3 millones de firmas; ese no es el requisito establecido por la Ley de Medio Ambiente, y nuestra recomendación enfatiza que ésta fue precisamente la que se violó y que por lo tanto es necesario llevar a cabo una consulta pública”.
    Luego de añadir que la recomendación no tomó en cuenta las 30 mil firmas de ciudadanos que apoyan la vialidad porque éstos no formularon una queja, González Placencia apuntó que de haberlo hecho el resultado sería el mismo:
“Hay omisiones muy claras del gobierno de la ciudad a leyes locales, por supuesto a instrumentos internacionales (…) quien tiene que ofrecer una respuesta a esas 33 mil o 50 mil personas que ven en riesgo la vialidad del proyecto, nuevamente, es el gobierno de la ciudad”, sostuvo.
    En defensa de la recomendación, los consejeros José Woldenberg, Patricia Galeana y Ernesto López Portillo insistieron en que lo que la CDHDF consideró fue las violaciones a la ley y a los derechos humanos de los quejosos.
    Galeana puntualizó que “no se trata de realizar un plebiscito y de manipular políticamente la situación, se trata de hacer una consulta a especialistas para que vean el daño ambiental hecho que debió de haberse dado antes de empezar la obra”.
    En su turno, el consejero Manuel Fuentes añadió que la recomendación refleja la preocupación ambiental, en el sentido de que las barrancas de Tarango y La Loma “fueron declaradas por el propio gobierno del Distrito Federal como áreas protegidas y, a pesar de esa consideración, el propio gobierno decidió llevar a cabo obras en esos espacios”.
    El expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, destacó que a pesar de que la posición de Ebrard parece inamovible, “estamos haciendo un llamado y pidiendo la reconsideración para que cumpla a cabalidad todos y cada uno de los puntos de la recomendación. Nosotros estamos convencidos de que es posible, que es deseable y que ojalá el gobierno de la Ciudad de México responda positivamente”.

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