MÉXICO, DF, 21 de febrero (apro).- El Gobierno del Distrito Federal (GDF) inició, este lunes 21, los trámites para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) autorice la construcción de Supervía Poniente.
Sin embargo, la solicitud se presentó meses después de iniciada la polémica obra y justo cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) aguarda una respuesta del jefe de gobierno Marcelo Ebrard a su exhorto de suspender los trabajos en la vialidad de cuota.
En un comunicado de la dependencia federal, se informa que el secretario de Obras y Servicios, Fernando Aboitiz Saro, se entrevistó con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, para pedir la intervención de la dependencia a favor de continuar la construcción de la Supervía Poniente de Cuota.
    Se señala que durante la presentación del proyecto, Aboitiz Saro reconoció que hay “zonas federales posiblemente impactadas por la construcción de esta infraestructura, tal es el caso de las barrancas La Tinaja y Texcalatlaco, ambas ubicadas en la delegación Cuajimalpa de Morelos”.
    En la reunión, se agrega, el funcionario capitalino se comprometió a que este lunes ingresaría al Centro Integral de Servicios (CIS) de la Conagua “la solicitud de permisos de obra y construcción en zona federal, con el fin de obtener las autorizaciones necesarias para continuar con el proyecto”.
    Según información difundida por la Conagua, Luege Tamargo manifestó su disposición a “apoyar proyectos de infraestructura, siempre y cuando estén apegados a la normatividad, y no se conviertan en un obstáculo para alcanzar la sustentabilidad hídrica del país, particularmente de la cuenca del Valle de México”.
También destacó que las áreas técnicas de la dependencia “realizarán los análisis correspondientes, con el fin de que el gobierno del Distrito Federal pueda dar continuidad a la Supervía”.
    En tanto, organizaciones civiles reprocharon a Ebrard Casaubón desconocer las facultades legales de la CDHDF, mientras que la Asociación de Colonos de Santa Fe acusó al ombudsman local de vulnerar sus derechos humanos.
    En un desplegado publicado en diarios nacionales, habitantes de las colonias con más plusvalía en el Valle de México aseguran que la recomendación 01/2011 de la CDHDF viola sus derechos a la participación, a la información y a la transparencia; al de petición; al de desarrollo a un ambiente sano, y a la seguridad ciudadana.
    Los colonos de Santa Fe se quejan de que el ombudsman Luis González Placencia no haya tomado en cuenta su escrito con 22 mil firmas de respaldo a la construcción de la Supervía Poniente, de que no los haya recibido y que la recomendación haya sido supervisada por los opositores a la obra.
    Luego de calificar los puntos recomendatorios y la posición de González Placencia como “ilegales e ilógicos”, los habitantes de la zona más cara de la ciudad sostienen que la CDHDF “no fundamenta debidamente” las violaciones a derechos humanos, ni presenta pruebas del “daño ambiental irreversible”.
Además, acusan, el ombudsman local no valoró “los elementos y pruebas de carácter técnico con relación a la Supervía” e invadió la competencia de las autoridades ambientales.
    En el desplegado se asegura que la CDHDF “ignora a su conveniencia las múltiples consultas y oportunidades que se acreditaron como existentes por el gobierno capitalino y que permitieron a muchos grupos y personas realizar manifestaciones en cuanto a las condiciones, trazo y demás especificaciones del proyecto”.
    Enseguida, los colonos de Santa Fe exigen al ombudsman tomarlos en cuenta y “reconsiderar su posicionamiento sobre el tema”, así como el ser atendidos en una audiencia.
    Por otra parte, más de 90 organizaciones civiles de derechos humanos salieron en defensa de la CDHDF y deploraron la respuesta de Ebrard a la recomendación 1/2011.
Consideraron que se trata de “una descalificación institucional al órgano público de protección a los derechos humanos en la ciudad y una vulneración del estado democrático y de derecho”
    En un comunicado, las agrupaciones critican que Ebrard Casaubón desconozca que la única entidad facultada legalmente para señalar violaciones a derechos humanos es la CDHDF y que pretenda desconocer los agravios de su decisión de sostener el proyecto.
    Y consideran “una simulación” la propuesta de consulta del gobierno capitalino si ésta no va acompañada de la suspensión de la obra. Es “un acto que pretende legitimar una acción gubernamental ya decidida, caracterizada por su ilegalidad y extremo autoritarismo”.
    Luego de señalar que la actitud de Ebrard contraviene los compromisos adquiridos por el gobierno capitalino en el Programa de Derechos Humanos y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, los activistas puntualizan que “esgrimir que existen actos jurídicos consumados y obligaciones contraídas para no suspender la obra y, al mismo tiempo, anunciar la realización de la consulta, resulta un contrasentido, pues si el resultado es desfavorable a los intereses gubernamentales se volverá a aducir la existencia de los compromisos previamente contraídos con las empresas”.
    Apuntan que “el argumento de afectación a la seguridad jurídica es falaz, ya que la vulneración no deriva de la recomendación, sino del actuar ilegal del gobierno de la ciudad que generó actos jurídicos con vicios de origen y por tanto anulables”.
Los organizaciones que respaldan el texto son, entre otras, Alconsumidor, Alternativa y Capacidades, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace México, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social), Unión Central Unitaria de Trabajadores, Centro de Estudios Ecuménicos, Centro de Orientación y Asesoría de Pueblos Indígenas y Frente Mexicano Pro Derechos Humanos.
Además, Frente Nacional del Movimiento Urbano Popular, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, así como la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los derechos para todas y todos, que aglutina a unas 70 organizaciones.
    Por último, González Placencia insistió en su exhorto al jefe de gobierno para suspender las obras.
    Aseguró que la CDHDF sí ha recibido a los vecinos que apoyan la vialidad de cuota, se dijo satisfecho del trabajo del organismo y reconoció que la decisión final de suspender la obra está en manos de los juzgados federales que revisan amparos interpuestos por los afectados por la vialidad.