La PGJDF abusa del arraigo, acusa la CDHDF

martes, 29 de marzo de 2011

MÉXICO, D.F.,  29 de marzo (apro).-La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) alertó sobre el uso indiscriminado del arraigo en la capital del país, por lo que “investiga 92 casos relacionados con irregularidades cometidas con motivo de la solicitud ministerial y autorización judicial del arraigo, así como abusos cometidos durante su desahogo.”
    Durante su participación en la audiencia temática “Situación de los derechos humanos de las personas en situación de arraigo”, realizada en el marco del 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el consultor general jurídico y de lo contencioso, Fernando Coronado Franco, y la Primera Visitadora, Mercedes Peláez Ferrusca, informaron que  para la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el recurso del arraigo “se ha vuelto casi una regla” y que su empleo “no se limita a casos de delincuencia organizada, pues se ha documentado que su aplicación continúa (aun) tratándose de ciertos delitos graves como el robo”.
    En un comunicado, la CDHDF señala que los funcionarios del organismo manifestaron su preocupación por la defensa que el Estado mexicano hace del arraigo, pese a que en las investigaciones de la Comisión se ha demostrado que priva en esa figura “la ilegalidad, inconstitucionalidad y la ausencia de control de convencionalidad.”
    Y es que en la sesión, los representantes del Estado mexicano defendieron la figura del arraigo, argumentando su constitucionalidad, y que su aplicación forma parte de “su régimen de excepción, que se limita a casos de delincuencia organizada y que existen una diversidad de recursos judiciales para combatir su aplicación.”
    En el caso específico del Distrito Federal, los funcionarios de la CDHDF apuntaron que “no sólo se excede el supuesto margen de aplicación excepcional, sino que, además, los recursos judiciales señalados por el Estado (interposición del juicio de amparo), no son adecuados ni efectivos para proteger los derechos a la integridad y libertad personales de los indiciados, toda vez que la Constitución federal sólo establece causales formales de procedencia, sin que se analice la legalidad y convencionalidad de las detenciones y sujeciones a la supuesta prisión preventiva”.
    En el comunicado, la CDHDF reseña que durante la audiencia los comisionados Felipe González y Rodrigo Escobar Gil “cuestionaron a los representantes del gobierno federal sobre la normatividad desarrollada para regular las hipótesis de procedencia, causales de aplicación, el control judicial efectivo y las garantías de debido proceso en igualdad con que cuenta el sistema de justicia penal mexicano, ya sea para regular su solicitud y otorgamiento, así como en relación con los recursos judiciales con que los indiciados cuentan para cuestionar su aplicación”.

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