MÉXICO, D.F., 30 de marzo (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) denunció que, de 2007 a la fecha, recibió 87 denuncias por desaparición forzada de personas; de éstas, dijo, 86 fueron confirmadas por las mismas víctimas tras ser localizadas.
    En un comunicado en que informa sobre la reunión que sostuvo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la ONU, la CDHDF alertó acerca de “la grave situación del país, derivada de la estrategia contra el crimen organizado instaurada por el Ejecutivo federal desde 2006”.
    Las desapariciones forzadas ocurridas en la capital del país presentan un mismo patrón  en la violación a los derechos fundamentales: “omisión a proporcionar información sobre el paradero de la persona; omisión en la investigación efectiva acerca de una desaparición forzada, y negativa u obstaculización por parte de la autoridad gubernamental para ejercer los recursos legales y las garantías procesales que se establecen en los casos de desaparición forzada”, señaló el organismo.
    En la reunión con el GTDFI, la Comisión manifestó su preocupación por los efectos causados por la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, que ha dejado un saldo de “34 mil 612 asesinatos, cerca de 230 mil personas desplazadas y 115 mil que viven en condiciones de desplazamiento interno, entre otras graves violaciones a derechos humanos”.
    En ese contexto, la CDHDF denunció la “falta de un compromiso serio por parte del Estado mexicano” para sancionar a miembros de fuerzas armadas o policiales responsables de violaciones a derechos humanos, “aunado al incumplimiento de sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”—CoIDH--, situaciones que ponen de manifiesto “la falta de voluntad por parte del gobierno federal frente a las responsabilidades internacionales del Estado en materia de derechos humanos”.
    El organismo autónomo pidió al GTDFI que “inste a las autoridades capitalinas a evitar la detención ilegal y arbitraria, así como los periodos de incomunicación y desaparición que pongan en riesgo la integridad física de las personas detenidas”.
    La CDHDF solicitó también al organismo de la ONU  que exhorte al Estado mexicano a reformar los códigos penales federal y estatales, a fin  “de que los tipos penales de desaparición forzada de personas estén tipificadas de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos”; cumplir “de manera integral y expedita” con las sentencias de la CoIDH sobre desaparición forzada de personas, y reformar el Código de Justicia Militar  de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.