Exigen CDHDF y ONG derogación del delito "contra la paz pública"

miércoles, 12 de diciembre de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia, y la diputada Dinorah Pizano se sumaron a la demanda de organizaciones civiles por la derogación del delito “contra la paz pública” por el que fueron consignadas 69 personas, luego de los disturbios del 1 de diciembre y por el que siguen presos 14 jóvenes. Durante la presentación del “Informe especial sobre los derechos humanos de las y los jóvenes en el Distrito Federal 2010-2011”, el ombudsman de la ciudad reiteró que durante el gobierno de Marcelo Ebrard creció la criminalización de los jóvenes. El titular de la CNDH recordó que hace “tres o cuatro años la problemática hizo crisis y, frente a ello, lo que se dio fueron ausencia de expectativas y políticas públicas para los jóvenes”, a los que, acusó, se les ve como grupo de “potencial riesgo, sobre todo a jóvenes marginados”. Luego de apuntar que 65% de los presos de las cárceles de la capital tienen entre 19 y 29 años, González Plascencia reflexionó que lo único que tienen seguro los jóvenes en el Distrito Federal es la cárcel, y que el delito “contra la paz pública”, considerado en el artículo 362 del Código Penal capitalino, es un atentado contra la juventud. “Yo quiero pensar en qué pasaría si a los que participamos en el movimiento estudiantil del CEU (Consejo Estudiantil Universitario) se nos hubiera aplicado ese artículo por manifestarnos como lo hicimos, apenas estaríamos saliendo de la cárcel”, acotó. Al señalar que desde el punto de vista de la CDHDF los delitos que se cometieron en los disturbios fueron “ataques a la propiedad privada, lesiones y resistencia de particulares”, el presidente del organismo consideró que la nueva administración de Miguel Mancera debe analizar la pertinencia de mantener ese polémico artículo. La diputada local Dinorah Pizano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa (ALDF), informó que con el presidente de la Comisión de Justicia, Antonio Padierna Luna, trabaja en un proyecto para derogar el artículo 362. En entrevista, la diputada perredista explicó que antes de la consignación de los 69 jóvenes por el delito “contra la paz”, otras “60 personas están en estos momentos en la cárcel por ese delito, y se trata básicamente de jóvenes reguetoneros o relacionados con las llamadas ‘fiestas clandestinas’, incluso algunos de ellos ya fueron sentenciados”. Pizano apuntó que el delito fue configurado durante el gobierno de Marcelo Ebrard y que “en principio se hablaba de terrorismo, pero se cambió el nombre por ataques a la paz, que es un tipo muy ambiguo, lo cierto es que hasta ahora que hubo movilizaciones a favor de las personas encarceladas injustamente, es que caímos en cuenta de lo riesgoso que es ese tipo penal, y no descartamos que en los otros 60 casos que antecedieron a los detenidos del 1 de diciembre se hayan cometido graves violaciones al debido proceso penal”. La legisladora local aseguró que la ALDF está dando seguimiento a los procesos que se les sigue a las 14 personas que aún están en prisión por los sucesos del sábado 1 de diciembre. En ese sentido, el ombudsman dijo por separado a reporteros que el organismo continuará respaldando a los abogados defensores de los detenidos, “aportándoles documentación que permita esclarecer los hechos”. De los cuatro casos de tortura detectados por la CDHDF, apuntó que dos de las víctimas fueron liberadas y que las otras dos están siendo procesadas. “Por nuestra parte, seguimos en el proceso de documentación, y por ahora los casos ya fueron analizados a través del Protocolo de Estambul”, apuntó. González Plascencia insistió en que eventos como la tragedia del New’s Divine, la irrupción policiaca en las llamadas “fiestas clandestinas” y la actuación contra jóvenes con identidades específicas, como los reguetoneros, son evidencias claras de que “las autoridades ven como factor de riesgo a los jóvenes marginados”. Además, el ombudsman deploró el nombramiento de Joel Ortega como director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, después de que en 2008 fue destituido tras la recomendación que hizo la CDHDF precisamente por el caso New’s Divine, tragedia en la que murieron 12 personas, nueve de ellas jóvenes. “Yo lamento realmente que haya circunstancias en las que una persona que ha sido señalada especialmente por esta Comisión por un hecho tan grave, haya decidido volver a la vida pública”, apuntó González Plascencia, luego de reconocer que la responsabilidad que tuvo Ortega en su momento “fue de índole política”, por lo que Mancera está obligado a explicar ese nombramiento. Durante la presentación del informe, la coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Clara Meyra Seguro, exigió la liberación de las 14 personas detenidas, la derogación del artículo 362 y el castigo a los responsables de las aprehensiones arbitrarias y los abusos policiales. Alfredo Nateras Domínguez, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), criticó duramente la ausencia de una política de Estado a favor de los jóvenes, y que las acciones del Instituto de la Juventud “se hayan reducido a las orientaciones morales y caprichos de su director Javier Hidalgo, como son las fiestas de 15 años”. Nashieli Ramírez, presidenta de la Red por los Derechos de la Infancia en México y consejera de la CDHDF, lamentó el decrecimiento de la inversión pública a favor de los jóvenes, y que haya 15 mil jóvenes sin educación y sin trabajo, aparte de que se carezca de “una política pública para atenderlos”.

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