MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones defensoras de derechos Humanos emplazaron al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a fijar su postura en materia de derechos humanos, ya que las detenciones del pasado sábado 1, subrayaron, “son señales de retroceso”. En particular, pidieron al mandatario capitalino definir su política en materia de derechos de los jóvenes, pues ven con preocupación que hay “una tendencia a la criminalización de la juventud por parte de las autoridades”, que incluso ha sido documentada por organismos públicos. A través de un documento, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, solicitaron a Mancera que gire instrucciones para transparentar los hechos ocurridos el sábado 1, en el marco de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República. Asimismo, pidieron que instruya a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que informen públicamente cómo se estableció la cadena de mando del operativo policíaco. También que digan quién dio la primera orden para las detenciones arbitrarias y quiénes las ejecutaron, todo ello con la finalidad de deslindar “con claridad” a los responsables de las denuncias presentadas. De igual manera, demandaron que informe sobre el estado actual de las investigaciones en torno de las denuncias presentadas por tortura, detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes, y otras violaciones a los derechos de las personas detenidas, las liberadas y las que aún se encuentran encarceladas. Las organizaciones pidieron al mandatario capitalino que informe si se han abierto denuncias de oficio sobre los hechos mencionados, y que diga cómo se garantizará el derecho a la reparación del daño. Advirtieron que la reparación no debe quedar sólo en una disculpa pública, sino determinar quiénes son los funcionarios públicos responsables de las violaciones cometidas. “En este proceso, además, se deberán tener en cuenta los más altos estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, subrayaron. Otro punto de su solicitud está relacionado con las investigaciones realizadas para determinar la identidad y presencia en los operativos de las personas que se identificaron con guantes y pantalones color caqui. En particular piden que se informe “qué sucedió realmente durante los enfrentamientos, quiénes organizaron los disturbios y quiénes fueron los responsables de los actos vandálicos”. Las organizaciones expresaron su apoyo y solidaridad con todos los jóvenes que están haciendo valer sus derechos, entre ellos el de organización, libre manifestación de ideas y protesta pacífica. “Nos pronunciamos, desde el inicio de esta nueva administración capitalina, en el sentido de que seremos vigilantes de su actuación, como lo hemos hecho durante las gestiones anteriores”, apuntaron.