MÉXICO, D.F. (apro).- Con 50 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) modificó la clasificación de gravedad del delito de ataques a la paz pública contenida en el Código Penal local que abriría la puerta a la libertad bajo fianza a los 14 jóvenes encarcelados por los desmanes del 1 de diciembre. En  sesión ordinaria, el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, Antonio Padierna Luna, dio lectura a la iniciativa de reforma al artículo 362 del Código Penal que actualmente establece una penalidad de entre cinco y 30 años de prisión a quienes cometieran delito de ataque a la paz pública, lo que impide que los presuntos delincuentes no obtengan el beneficio de seguir su proceso en libertad bajo fianza. Pese a que la pretensión original de los legisladores del bloque de izquierda era abolir el delito del ordenamiento penal, las discusiones con los otros grupos parlamentarios sólo lograron disminuir la penalidad que permite la libertad bajo caución. Después de las negociaciones, la redacción del artículo quedó, dijo Padierna Luna, como sigue: “Se impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de los derechos políticos hasta por 10 años a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados, o servicios públicos que perturben la paz pública.” En la nueva redacción se canjeó el agravante de actuar “en pandilla” por la “reincidencia”, lo que permitiría al juzgador determinar si obsequia o no una liberación bajo caución. Los legisladores capitalinos determinaron que la reforma fuera enviada de inmediato al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para su promulgación y publicación, así como que entre en vigor una vez que sea publicada en laGaceta Oficial. Mientras los legisladores discutían la modificación al artículo 362, un centenar de familiares y amigos de los 14 procesados en los penales Oriente y Santa Martha Acatitla, marcharon del Monumento a la Revolución a la Asamblea Legislativa, para exigir la derogación del delito de “ataques a la paz pública”. Los manifestantes externaron su inconformidad con la votación de los asambleístas a favor de la modificación del tipo penal, ya que, aunque permitiría la libertad bajo caución, se mantendría abierto el proceso penal contra ellos. Una vez que los diputados sólo lograron disminuir el tipo penal, los manifestantes se trasladaron a las oficinas del jefe de Gobierno para exigir que se le dé celeridad a la publicación de la reforma a fin de que los jóvenes encarcelados puedan ser liberados bajo caución. Los familiares que ayunaban en el Zócalo suspendieron esa protesta, programada para sostenerla 72 horas, para sumarse a la manifestación frente a las oficinas del gobierno capitalino. En tanto, los 14 jóvenes que en la cárcel  también ayunaban, sólo uno lo suspendió, 13 agotarán las 72 horas sin comer, y cinco anunciaron que se mantendrán en huelga de hambre hasta que sean liberados. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Dinorah Pizano (PRD), admitió que la pretensión de derogar el artículo 362 no se logró por falta de consenso entre los 66 diputados, como lo recomendó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y lo exigían organizaciones sociales y los padres de familia de los jóvenes procesados. “En una Asamblea Legislativa de 66 diputados lo más importante es el consenso, nosotros no teníamos un consenso si hablamos de derogación, y no podemos nosotros hacer cambios de esa magnitud sin tener los votos que son los que sancionan este tipo de cambios”, dijo Pizano en entrevista con reporteros. La legisladora aseguró que la disminución de la penalidad del delito fue reconocido por los padres de familia y organizaciones sociales como “nuestra posibilidad más viable”, y que se comprometió con ellos a continuar con la revisión del Código Penal para impulsar más reformas. Pizano apuntó que una vez que se publique el decreto, el juez de la causa estará en posibilidad de aplicar la reforma, toda vez que los 13 varones y la mujer acusados de los desmanes del 1 de diciembre no están sentenciados aún. El coordinador parlamentario del PAN, Federico Döring Casar, calificó como “un triunfo” de su bancada que el artículo 362 no se haya abolido. El panista señaló en conferencia de prensa que en la discusión dentro de la Comisión de Procuración de Justicia, los legisladores de su partido pugnaron por mantener el delito con modificaciones para “no otorgar un cheque en blanco al vandalismo y a los desmanes públicos en la ciudad”. El primer visitador de la CDHDF, Mario Patrón Sánchez, reconoció que la modificación al tipo penal significa un avance “en oportunidades jurídicas” para las 14 personas procesadas y que sólo basta esperar que los jueces 47 y 11 asuman “decisiones en base del principio pro persona, apliquen la norma que más beneficie a los procesados y otorguen la libertad bajo caución”. Patrón Sánchez señaló que para el organismo público la norma debió haber sido derogada “no porque estemos a favor de que queden en la impunidad los hechos violentos, sino porque hay otros tipos penales que se pueden abordar y que son aplicables a los hechos del  1 de diciembre”. Dijo que sigue abierta la investigación por los posibles agravios cometidos en contra de los manifestantes y detenidos el 1 de diciembre, en particular de las 14 personas procesadas. Se enfocarán en la “detención, debido proceso y uso excesivo de la fuerza”. E informó que a partir de este jueves comparecerán ante la CDHDF los agentes que participaron en las detenciones y serán revisadas 2 mil horas de grabación procesadas por las 40 cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública instaladas en las inmediaciones de los sitios donde ocurrieron los arrestos.