MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió su segunda recomendación del año, ahora en contra de las secretarías de Desarrollo Social (Sedeso) y de Salud del gobierno de la ciudad, entre otras razones, por tratos crueles e inhumanos “que pueden llegar a configurarse como tortura” en los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS). En particular, la recomendación se refiere a los centros Cuemanco y La Cascada, que albergan a unas 900 personas con discapacidad mental y/o psicosocial, cuya condición fue denunciada por el semanario Proceso (número 1723) desde el 8 de noviembre de 2009. De hecho, a raíz del reportaje escrito por el reportero Alejandro Saldívar, el organismo defensor de los derechos humanos de esta ciudad inició una queja de oficio. Personal del organismo se abocó a realizar visitas de observación, recabó testimonios de las personas con discapacidad mental y con los servidores públicos que les brindan atención. [scribd id=86531107 key=key-2kiclpzcq9o3z6i3iodz mode=list] Después de valorar la información recabada, la CDHDF acreditó la vulneración en ambos centros a los derechos a la salud, a una vida digna y al derecho a vivir en una comunidad sin discriminación de las personas con discapacidad mental. Guadalupe Cabrera Ramírez, cuarta visitadora de la CDHDF quien estuvo a cargo del caso, señaló en conferencia de prensa que la precariedad de las instalaciones y el casi inexistente personal capacitado para atender a las personas de los CAIS hace casi imposible su reinserción social. El servicio de los CAIS, dijo, es prácticamente asistencial, pues únicamente provee techo y comida a los usuarios y, en ese sentido, añadió, puede considerarse que esas personas son víctimas del “abandono institucional”. Este abandono institucional es una forma de tratos crueles inhumanos y degradantes, que pueden llegar a configurarse como torturas por parte de quienes tienen la obligación de proteger y cuidar a esas personas, en este caso de las dependencias y de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto de Asistencia de Integración Social (Iasis). En su investigación, el ómbudsman capitalino no encontró estadísticas oficiales, claras y concretas sobre el número de personas albergadas en los CAIS ni cuántas de ellas presentan discapacidad mental y/o psicosocial. El personal de la comisión constató la falta de medicamentos básicos y de asistencia médica, de terapia física, el uso excesivo de medicamentos psicotrópicos, así como las condiciones antihigiénicas e insalubres y la falta de atención profesional afectiva y estimulación social, tal como lo describió Proceso. Los usuarios sólo reciben atención médica especializada cuando tienen alguna crisis relacionada con la enfermedad mental que padecen y son llevados a hospitales federales como el Fray Bernardino y Juan N. Navarro, pero no hacen un seguimiento de los casos. A más de dos años de la publicación, y tras concluir sus investigaciones, la CDHDF emitió la recomendación 2/2012, dirigida específicamente a las secretarías de Desarrollo Social y de Salud y a la Dirección General de Servicios de Salud Pública capitalinas. A la primera le corresponden 11 de los 17 puntos de la recomendación, en los que se insta a la dependencia a documentar de manera adecuada y completa la condición actual de las instalaciones de los centros Cuemanco y La Cascada, en un plazo que no exceda de 15 días. También le pide que a partir de ese diagnóstico elabore e implemente de manera inmediata las acciones necesarias para que los centros operen en óptimas condiciones. Asimismo, solicita que se realice un censo en los CAIS Cuemanco y La Cascada y verifique en todos los demás el número de personas que tienen alguna discapacidad mental para que se les practiquen los diagnósticos y tratamientos correspondientes. En cuanto al personal que labora en los centros en cuestión, la CDHDF sugiere que se revise su perfil profesional y el nivel de capacitación que tiene en la materia y, a partir de ese análisis, poner en marcha un programa de capacitación en un plazo que no exceda los dos meses. El organismo solicita además que se elabore e implemente un manual de atención para las personas con discapacidad mental dirigido a los responsables de su atención y que se realice una labor de monitoreo constante para supervisar su aplicación. La CDHDF solicita que, en un plazo de un año, los CAIS realicen una estrategia para crear redes comunitarias encaminadas a reinsertar a la sociedad, de manera gradual, a los usuarios y, de manera paralela, elabore una campaña de sensibilización para el resto de la población capitalina sobre este particular. Entre otros puntos, el organismo solicita que se impulse un mecanismo para identificar si los usuarios cuentan con familiares que puedan ayudarlos con su proceso de rehabilitación y reinserción a la sociedad. También sugiere que, a más tardar en un año, contado a partir de la aceptación de la recomendación, la Sedeso realice todas las acciones que sean necesarias crear una casa de entrenamiento o Casa de Medio Camino en el centro La Cascada, con el fin de que las usuarias estén en condiciones de igualdad para rehabilitarse y reinsertarse paulatinamente a la sociedad. En cuanto a la Secretaría de Salud y la Dirección General de Servicios de Salud Pública capitalinas, la comisión insta a que en un plazo de tres meses realicen una evaluación sobre vinculación y el cumplimiento del Programa de Salud Mental 2011, respecto de la atención especializada que requiere la población de los centros Cuemanco y La Cascada. En coordinación con la Sedeso, la CDHDF recomienda actualizar los diagnósticos relacionados con la salud mental de los usuarios y que, en un plazo de seis meses, se lleven a cabo las acciones necesarias para lograr una atención especializada de “primer nivel”. Para lograrlo, recomienda que se solicite la asignación de presupuesto necesario y así realizar todas las acciones que se requieran para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad mental. Sugiere también que se implemente un mecanismo para supervisar la efectiva y adecuada ejecución de los recursos asignados a salud mental. Finalmente, recomienda impulsar una reforma a la Ley de Salud Mental capitalina, “con miras a una armonización legislativa” para que se reconozca el derecho a las personas a vivir en comunidad a la luz de lo establecido pen el artículo 19 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.