MÉXICO, D.F. (apro).- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, consideró que la “ausencia de una política integral” de parte del gobierno capitalino para atender la movilidad en la ciudad durante el curso de movilizaciones de cualquier tipo, es la causa de las molestias ciudadanas. Durante la presentación del documento “Propuesta General sobre Manifestación, Movilidad y Derechos Humanos”, Gómez Gallardo se pronunció en contra de la “regulación punitiva” de las manifestaciones y la criminalización de la protesta social. En conferencia de prensa, la presidenta de la CDHDF demandó al Congreso de la Unión una convocatoria a foros de discusión en torno de la movilidad en la ciudad de México, ante la inminente legislación sobre las marchas, y anunció que de aprobarse la iniciativa, el organismo proveerá al gobierno capitalino y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los insumos necesarios para controvertir la legislación. “No por ejercer un derecho (de movilidad) se puede justificar que se limiten otros (el de manifestación y libre expresión). Se ganan los derechos, se conservan, se ejercen, y es muy delicado que vía una regulación punitiva se quieran restringir esos derechos. Es parte de lo que también nos pronunciamos en su momento con el incremento de penas en el Código Penal del Distrito Federal”, apuntó Gómez Gallardo. Sobre la propuesta de avisar con antelación a las autoridades para la realización de una manifestación, destacó que sólo es válido para generar “mejores vías de interlocución con las autoridades e incluso que se pueda desarticular legítimamente la protesta porque ya está siendo atendida por otras vías y canales de diálogo”. Gómez rechazó cualquier intento de legislar el aviso previo para “condicionar” la realización de una manifestación, “porque ahí podría propiciarse la situación de una censura previa”, dijo. La titular de la CDHDF sostuvo que del análisis realizado por el organismo, se determinó que en las autoridades capitalinas recae la responsabilidad por los conflictos en el tránsito vehicular cuando se presenta cualquier tipo de manifestación, ya sea política, social, religiosa o de esparcimiento. “Queremos regresar el eje de atención a la autoridad, por acción u omisión. Por no garantizarnos nuestros derechos se están dando estas situaciones, y se requiere que la autoridad genere la comunicación, los protocolos y las situaciones para atender las necesidades inmediatas de todas y todos”, apuntó. Señaló que si bien las marchas y manifestaciones pueden generar molestias con el derecho a la movilidad, “representan sólo una mínima parte de dicha problemática”. Insistió en la responsabilidad de las autoridades por su omisión “en dejar de establecer mecanismos eficaces de interlocución para evitar las manifestaciones. La omisión de la autoridad en dejar de generar plataformas que abonen a que haya una menor afectación a las personas es lo que genera, en este caso, una posible violación a los derechos humanos”. La presidenta de la CDHDF agregó que centrada la responsabilidad de la movilidad de la ciudad en las autoridades, se puede exigir al gobierno capitalino “que indemnice o genere los mecanismos para que no haya afectación, si es que se da, y de haber responsabilidades lleve a cabo adecuadamente su actuación para que no violente derechos humanos que haga que uno tenga que pronunciarse por detenciones que pudieran ser arbitrarias, que no lleven un debido proceso y afectan a otras personas que quedan sin un derecho a la justicia o a la indemnización”. Gómez Gallardo puntualizó en que con una coordinación articulada es posible tener manifestaciones pacíficas, por lo que llamó a que “no sean hechos aislados o situaciones de violencia los argumentos para quitarnos un derecho adquirido, que es el de la libre manifestación y expresión en nuestra capital”. Sobre las indemnizaciones, recordó que el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dejó entrever que para ello se destinaría el Fondo de Capitalidad que aprobó la Cámara de Diputados al DF en la Ley de Egresos 2014. Resaltó que previo a la aprobación de dicho fondo, el gobierno capitalino ha recurrido a la exenciones o condonaciones de pagos de impuestos, por lo que la CDHDF está haciendo una revisión de quejas presentadas con anterioridad para saber “qué tan eficaces han sido esos mecanismos para los que se ven afectados (…) o qué otras posibilidades tendría el gobierno que ofrecer cuando se da la situación de la indemnización”. Consideró que lo ideal es que no haya necesidad de la indemnización, “sino que haya mejores formas de diálogo, interlocución, avisos, para evitar que las personas puedan verse afectadas por la omisión de la autoridad al dejar de actuar”.