MÉXICO, D.F. (apro).- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, enfrentó este lunes dos acusaciones distintas, vinculadas con la opacidad y corrupción entre miembros de su administración. La presunta opacidad se debe a que Mancera y los miembros de su gabinete se niegan a hacer versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales, según publicó hoy El Universal. Al respecto, el mandatario capitalino sostuvo que todos los miembros de su gobierno actúan en el marco de la ley y cada uno ha entregado “puntualmente” la información sobre sus bienes, pero es su decisión hacerla pública o no, porque por ley no están obligados a ello. Entrevistado en el marco de la presentación del programa “SuSede en el Centro”, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso, Mancera argumentó razones de seguridad para no hacer pública esa información, y sostuvo que si se actúa en el marco de la ley no existe ocultamiento alguno. “Hay cuestiones de seguridad que uno tiene que respetar, yo soy respetuoso en ese tema con mis colaboradores, con la exigencia, reitero, de que todo sea con estricto apego a la ley. Ninguna excepción, ningún argumento que pudiera estar diferenciado con la ley”, señaló. En su caso, dijo, pasó un control de confianza federal, transparentó sus ingresos y recursos, y entregó las escrituras de sus inmuebles para supervisión, “así es que simple y sencillamente decirles que estamos actuando con apego a la ley”, insistió, y dejó el camino libre para quien quiera hacer una versión pública de su declaración patrimonial. –¿Usted estaría dispuesto hacer una versión pública de sus bienes? —le insistieron. –Creo que los temas de seguridad también son importantes. Simple y sencillamente, como lo reitero, vamos a seguir actuando con legalidad. Lo que se busca y de lo que se trata es que no haya ocultamiento. Yo creo que no ha habido ocultamiento en ninguno de los casos, lo que está muy claro es que se ha hecho con estricto apego a la legalidad, cuando tú actúas conforme a la ley, pues no puede haber algo oculto, oculto es lo que es contrario a la ley --respondió. El jefe de Gobierno también hizo referencia a un supuesto acto de soborno del delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, acusado por el abogado Rodolfo Reus de exigir a la empresa 3ZGN Arquitectura 1.6 millones de pesos para no clausurar la construcción del condominio Torre Céfiro, con 120 departamentos en cinco torres, en la calle Céfiro 120, colonia Insurgentes Cuicuilco, según publicó hoy el diario Reforma. Al respecto, reiteró el compromiso permanente del Gobierno del Distrito Federal de trabajar contra la corrupción en cualquiera de las áreas de la administración pública. Sin embargo, refirió que debe haber una denuncia formal contra Toledo –quien pertenece a la corriente perredista de “Los Chuchos”–para poder proceder. “Cuando tengamos alguna denuncia formal, nosotros activaremos los mecanismos formales, sin distinción alguna. Solamente reiteraría esto, no vamos a presuponer. Sí vamos a actuar en consecuencia en cuanto nosotros tengamos estos elementos, como es el tema de la denuncia”, subrayó. La denuncia de hechos por el delito de extorsión fue presentada ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) horas después de la declaración de Mancera, pero no por los afectados, sino por los diputados locales del PAN, Édgar Borja y Priscila Vera. Los legisladores panistas también interpusieron una denuncia administrativa en la Contraloría General del Gobierno del DF por conductas presuntamente violatorias de los deberes para salvaguardar la legalidad, honradez y lealtad, que todo funcionario público está obligado a cumplir. Por separado, Toledo rechazó las acusaciones en su contra por presunta extorsión, y difundió una carta firmada por Gazi Nacif Borge, representante legal de Inmobiliaria 3GZN Arquitectura, en la que niega haber sido extorsionado por el jefe delegacional. En la carta, Nacif Borge afirma que la relación de la inmobiliaria con la delegación ha sido “estrictamente apegada al marco jurídico administrativo vigente” y niega tener conocimiento de las declaraciones que hizo el abogado Rodolfo Reus a Reforma.