MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones y familiares de las víctimas del fallido operativo policiaco en la discoteca  News Divine, en el que murieron 12 personas –nueve jóvenes y tres policías–, se inconformaron por las sentencias contra funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) y de la Procuraduría capitalina emitidas este lunes por el Tribunal Superior de Justicia (TSJDF). Defensores y familiares criticaron al presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, por no atender las recomendaciones que 15 días antes expusieron en una reunión pública, en la que pidieron al magistrado presidente resolver el caso conforme a criterios internacionales y en apego a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de julio del año pasado. El pasado lunes 8 Elías Azar dio a conocer en rueda de prensa 30 sentencias, 19 condenatorias y 11 absolutorias. De las primeras, únicamente dos corresponden a mandos menores de la SSPDF, en este caso dos jefes de sector, condenados a 24 años por homicidio y lesiones culposas, y 12 son contra policías de tropa, con 19 años de prisión, y cinco exempleados de la PGJDF, a quienes se sentenció a cinco años de cárcel por ejercicio ilegal del servicio público. Leticia Bravo, madre de Rafael Morales, y Rubén Tapia, padre de Isis Tapia, reprocharon que el presidente del TSJDF “no tocara” a los altos mandos, así como que en la víspera se les negara el acceso a la rueda de prensa. “Al final le preguntamos dónde está la sentencia para Joel Ortega (extitular de la SSPDF), Luis Rosales Gamboa (exsubsecretario de la misma dependencia), y Rodolfo Félix (exprocurador), y nos dijo, ‘eso pregúntenle al procurador anterior’. “El presidente del Tribunal siempre nos ha tratado de mala manera pero en esta ocasión fue el colmo, dijo que no nos iba a dejar pasar a la conferencia de prensa porque íbamos a provocar un zafarrancho”, apuntó Leticia Bravo. “Nuestra inconformidad es porque sólo se buscó que pagaran policías de bajo nivel, que recibieron órdenes de sus mandos superiores, a los que no tocaron, hasta uno de ellos, Joel Ortega, está en el gabinete de Mancera como director del Metro, ojalá y no haya  un accidente”, ironizó Tapia, padre de una de 12 víctimas mortales del fallido operativo policiaco. Después de asegurar que la resolución “no se apega a la verdad”, y recordar que tanto los inculpados como los familiares de las víctimas tienen cinco días para impugnar, el deudo pidió la edificación de un memorial para los fallecidos el 20 de junio de 2008. Carlos Cruz, de la organización de atención a jóvenes vulnerables Cauce Ciudadano, señaló que 15 días antes familiares y activistas se reunieron con el presidente del TSJDF. En ese encuentro, pidieron que en la resolución se considerara la reforma constitucional en materia de derechos humanos y se guiara conforme a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como la de Campo Algodonero sobre los feminicidios en Juárez, Chihuahua. “Lo que en ese momento nos respondió fue que el Tribunal no resolvía sentencias a modo, pero nosotros lo que estábamos pidiendo era la aplicación de la ley conforme a las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto las víctimas, porque el trato que se les dio fue como si fuera un asunto entre particulares”, aclaró Carlos Cruz. Fue más allá al recordar que de atender los lineamientos internacionales de derechos humanos se seguiría la línea de mando, pues los “policías no actuaron solos, nomás hay que recordar que el operativo formaba parte de una estrategia dirigida contra la delincuencia organizada y que lo que buscaban era encontrar a vendedores de droga y alcohol, y quien estaba al frente de esa estrategia era Marcelo Ebrard”. Después de señalar que la tragedia del News Divine “no fue un hecho menor”, Carlos Cruz puntualizó que “debieron ser juzgados Ebrard, Rodolfo Félix, Joel Ortega y el exdelegado Francisco Chiguil”. Clara Meyra, del Centro de Derecho Humanos Fray Francisco de Vittoria, resaltó que bajo estándares internacionales “la muerte de las 12 persona debió ser juzgada como una ejecución extrajudicial, porque fueron agentes del Estado, en un operativo policiaco, quienes provocaron las muertes de los jóvenes y tres policías”. Para la defensora, la preocupación de las organizaciones está también en que lejos de que se tomaran medidas de no repetición, “en la Ciudad de México se siguen violando derechos humanos de los jóvenes, eso no acabó con lo de News Divine”. Claudia Cruz, del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, reconoció que hubo fallas de origen en la investigación policiaca que favorecieron para que la sentencia no tocara la línea de mando, además de que la PGJDF “nunca atendió las observaciones de los familiares. “Los padres de las víctimas se preguntaban cómo era posible que la Procuraduría devolviera las pertenencias de sus hijos cuando eran pruebas que tenían que ser consideradas”. Además, “hubo fallas en la reclasificación de los delitos, de dolosos a culposos, lo que permitió que los presuntos responsables salieran libres, aparte de que nunca se tomó en cuenta la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal o el reporte de organismos internacionales para determinar por qué murieron los chicos”, acusó Cruz. No obstante, la activista informó que abogados de organizaciones sociales que apoyan a los familiares de las víctimas emprenderán una revisión minuciosa de la sentencia, junto con agentes del Ministerio Público de la PGJDF, para impugnar la resolución judicial.