MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió este miércoles una recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalinas por las ejecuciones arbitrarias de siete personas –entre ellas un menor–, cometidas por elementos policiacos de esta ciudad entre 2010 y 2013. En el contexto de la visita de Chirstof Heynes, relator de Naciones Unidas sobre detenciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, la CDHDF puntualizó en un comunicado que las recomendaciones a los titulares de ambas dependencias, Rodolfo Ríos Garza y Jesús Rodríguez Almeida, respectivamente, se emitieron “ante la falta de mecanismos de seguimiento y supervisión (…) que propician la muerte violenta de civiles, violentando el derecho a la vida y el acceso a la justicia”. El organismo de derechos humanos presentó a Heynes una relatoría de los seis casos documentados, cuyas víctimas –siete– perdieron la vida por impactos de arma de fuego bajo la custodia de agentes de las policías de Investigación y Seguridad Pública. En la recomendación 8/2013 la CDHDF detalla que se acreditó que las siete personas “a quienes se privó de la vida fueron ejecutadas arbitrariamente, porque el uso de las armas de fuego no se consideró como una medida extrema y no se hizo lo posible por excluir su uso”. Añade: “Los policías no actuaron en proporción a la situación que enfrentaban, ni redujeron al mínimo los daños y lesiones”. En el comunicado difundido este miércoles, el organismo que preside Luis Armando González Plascencia manifestó “su preocupación porque en los últimos años ha observado permanentemente violaciones a derechos humanos asociadas al uso desproporcionado de la fuerza, y afectación a la integridad personal, como tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes”. Asimismo, recuerda que en 2009 emitió tres recomendaciones por violaciones al derecho a la vida, y ocho por tortura en 2011 y 2012. En cuanto a los casos que dieron origen a la recomendación 8/2013, detalla que el primero de ellos tiene que ver con el homicidio de dos jóvenes –de 22 y 17 años–, quienes la madrugada del pasado 12 de enero fueron detenidos sin motivo alguno por el policía de investigación Luis Guillermo Flores Capetillo, afuera de una discoteca ubicada en la delegación Cuauhtémoc. De acuerdo con el expediente del organismo, los cuerpos de ambos jóvenes fueron localizados horas más tarde en la delegación Iztacalco, amordazados y maniatados con alambre, y cada uno con tres impactos de bala en la cabeza, además de huellas de tortura. Por ese hecho, la PGJ acusó a Flores Capetillo de homicidio doloso y lo envió a prisión. El segundo caso ocurrió el 18 de noviembre de 2012, cuando el policía José Ángel Serrano Romero, de la SSP, “agredió con disparos de arma de fuego” (un fusil AR-15)  a tres jóvenes en la delegación Tlalpan. Cada una de las víctimas recibió dos disparos, pero sólo una perdió la vida. Actualmente Serrano Romero es procesado por homicidio doloso e intento de homicidio. El tercer expediente que integra la recomendación tiene que ver con la ejecución de un joven, el 29 de octubre de 2011. La víctima recibió dos impactos de bala cuando el policía preventivo Humberto Barragán Rojas accionó su arma en calles de la delegación Benito Juárez. En septiembre de 2012 Barragán Rojas fue sentenciado en primera instancia a ocho años de prisión, pero en febrero pasado la Tercera Sala Penal consideró “insubsistente” la sentencia. El cuarto caso hace referencia al ataque perpetrado por policías preventivos contra tres personas –entre ellas dos menores de edad– que viajaban en una motocicleta, a exceso de velocidad, en calles de la delegación Venustiano Carranza. Una de ellas murió por un impacto de arma de fuego en el cráneo. Hasta ahora no hay datos sobre la integración de algún proceso iniciado contra los policías responsables. El último asunto que se integró a la recomendación destaca el homicidio cometido por el agente de investigación Víctor Manuel Rangel Cabrera, quien disparó su arma de cargo contra un taxista con el cual tuvo un altercado debido a un incidente vial, el 26 de mayo de 2010. El policía fue procesado y sentenciado a 10 años de prisión por homicidio calificado. En su recomendación, la CDHDF demandó a la SSP modificar en el Manual de Técnicas para el Uso de la Fuerza “el concepto de razonabilidad al usar la fuerza y las armas, así como la proporcionalidad, difundirlo y capacitar a sus elementos”, y a la PGJDF le pidió “difundir y capacitar a los policías de investigación en torno al Manual Operativo que regula su actuación”. También recomendó instalar “un sistema audiovisual permanente al interior de sus patrullas, diseñar un mecanismo que permita registrar y concentrar reportes de la policía y el uso y resguardo de las armas, así como reparar el daño íntegramente a las víctimas directas e indirectas”.