MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación –la 13/2013– a la jefatura delegacional de Magdalena Contreras y autoridades del gobierno capitalino, por su presunta responsabilidad en el entierro clandestino de ocho toneladas de residuos de “manejo especial” del Hospital Ángeles del Pedregal en dicha demarcación. En particular, la recomendación es para la jefatura delegacional y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). De acuerdo con el organismo, el 14 de julio de 2011 recibió una queja a través de un correo electrónico en el que se informaba que  trabajadores de limpia adscritos a la delegación Magdalena Contreras fueron obligados, “bajo amenazas”, a retirar ocho toneladas de residuos sólidos del Hospital Ángeles del Pedregal. Acto seguido, les pidieron sepultarlos y cubrirlos con asfalto bajo el estacionamiento techado del Campamento de Limpia, en la calle Ojo de Agua s/n, en la colonia Lomas de San Bernabé. Frente a dicho predio se encuentra la estación de bomberos, dos escuelas, una primaria y un Conalep; en la parte trasera hay campos de futbol y hacia abajo hay una barranca. Hacia arriba, a no más de un kilómetro, inicia la franja del suelo de conservación con un bosque mixto. “No sabemos qué pasó con los trabajadores que recogieron estos desechos del Hospital Ángeles, porque no podemos investigar a particulares. “Cuando inicialmente le increpamos a la delegación sobre estos hechos, lo negaron pero la PAOT (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal) se involucró, hizo unas calas en el campamento de limpia y se dan cuenta de la presencia de los residuos de manejo especial en esa zona”, afirmó en conferencia de prensa José Antonio Guevara Bermúdez, tercer visitador general de la CDHDF. En su recomendación la CDHDF señala que un tiradero clandestino de residuos hospitalarios de origen privado, dentro de la infraestructura delegacional, así como acusaciones a funcionarios públicos que “atisba” un asunto de corrupción, aunado a la contaminación producida en el suelo y a la posible contaminación de los mantos freáticos, “es un claro ejemplo del fracaso institucional y del incumplimiento de las obligaciones de las autoridades”. En particular, señala, preocupa que “ni la Contraloría Interna de la delegación ni la PGJDF hayan sancionado a ningún servidor público por haber ordenado, permitido o tolerado que en un inmueble público se hayan depositado y sepultado con asfalto varias toneladas de residuos hospitalarios de manejo especial”, y que además hayan negado a la Comisión que los hechos hubieran sucedido. A fin de documentar su investigación, la CDHDF solicitó informes a las autoridades locales y delegacionales; realizó una inspección ocular en el Campamento de Limpia delegacional y en los alrededores; analizó dictámenes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FEDAPUR) de la PGJDF y de la PAOT. También revisó y valoró diversos documentos oficiales, entre ellos los acuerdos, notificaciones y resoluciones de las instancias mencionadas y revisó el Manual de Manejo de Residuos Sólidos del Hospital Ángeles del Pedregal. Luego de concluir su investigación, la CDHDF constató la violación al “derecho a un medio ambiente sano con relación a la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”, y del derecho al “acceso a la justicia ambiental con relación a la debida diligencia y el plazo razonable”. Por ello, en la recomendación, entre otros puntos, la CDHDF solicitó a la delegación Magdalena Contreras elaborar en un plazo no mayor a tres meses, un censo de tiraderos clandestinos para erradicar su existencia en la demarcación, así como llevar a cabo el rescate ecológico y el mejoramiento barrial. También deberá elaborar, en un plazo de seis meses, un programa delegacional que verifique la recolección y disposición de desechos sólidos urbanos, con medidas y compromisos para su mejora continua, y una campaña anual de sensibilización sobre el riesgo e impacto ambiental que genera la inadecuada disposición de los residuos sólidos de manejo especial. A la Contraloría Interna de la delegación le pidió iniciar el procedimiento disciplinario administrativo para sancionar a los servidores públicos responsables de haber ordenado el depósito y entierro clandestino de los residuos hospitalarios de manejo especial. A la PGJDF, le solicitó a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Ambientales y Protección Urbana, integrar la averiguación previa número FEDAPUR/DA-1/T2/388/11-10 “con la debida diligencia”, realizar un análisis y diagnóstico “minucioso del expediente” y realizar las averiguaciones necesarias a efecto de que, en un corto plazo, emita las sanciones a los servidores públicos responsables del depósito de los residuos hospitalarios en el Campamento de Limpia de Magdalena Contreras. De acuerdo con el tercer visitador, la PAOT ordenó a la delegación retirar los residuos sólidos del lugar y enviarlos a un sitio de disposición final. Sin embargo, dijo, no hubo algún tipo de sanción administrativa contra los servidores públicos por parte de la Contraloría Interna ni a través de la vía penal por parte de la PGJDF. Esa situación, puntualizó, deja ver la impunidad medioambiental que se vive en la ciudad. “Un funcionario público y un particular pueden enterrar ocho toneladas de basura en un espacio público y no hay consecuencias ni administrativas ni penales en contra de ellos”, fustigó.