MÉXICO, DF, (apro).- Si no se subsanan las deficiencias e irregularidades en el caso de la joven Yakiri Rubí Rubio Aupart –quien denunció que había sido violada y luego fue acusada de homicida de su presunto agresor--, quedará en entredicho la credibilidad de las autoridades judiciales del Distrito Federal, advirtió la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH). El organismo civil lamentó también la “dilación” con que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) intervino en el asunto en el que, dijo, se violó el derecho a un debido proceso legal y “tal parece que la corrupción y el poco interés siguen siendo características del sistema judicial capitalino”. Los hechos ocurrieron la noche del lunes 9 de diciembre de 2013 en la colonia Doctores, en el centro de la ciudad. Según la declaración de la joven, dos sujetos la secuestraron, se la llevaron en una moto a un hotel y abusaron sexualmente de ella. En su defensa, ella hirió de muerte a Miguel Ángel Ramírez Anaya y salió a buscar ayuda, encontró a dos policías que la llevaron al ministerio público. Al mismo lugar llegó Luis Omar, hermano de Miguel Ángel, quien la acusó de asesinar a su familiar. Bajo esa declaración, Yakiri pasó de víctima a victimaria y en menos de 24 horas, fue trasladada a una cárcel de mujeres. La CDHDF intervino para que la cambiaran a otra prisión, pues argumentó que su vida estaba en peligro por las amenazas de reclusas que había recibido. Su familia y su defensa legal han señalado múltiples violaciones en el proceso legal, mientras que la Procuraduría General de Justicia capitalina ha filtrado información a diversos medios de comunicación haciendo énfasis en las supuestas contradicciones de la joven. A un mes y medio de los hechos, la presidenta de la CMDH, Eugenia del Carmen Díez Hidalgo, acusó que aquella noche, el Ministerio Público --de la agencia 50 de investigación, ubicada en el llamado búnker o sede de la PFJDF--, privilegió la denuncia de Luis Omar Ramírez, hermano del occiso, a la previamente interpuesta por la víctima. Detalló que la autoridad ministerial no comenzó las investigaciones del caso ni tomó los testimonios correspondientes; tampoco valoró ninguna prueba, lo que contribuyó a que la joven fuera detenida de inmediato, sin orden de aprehensión en su contra. La representante de la organización civil resaltó que ni el MP ni el juez que libró la consignación penal cumplieron con las reglas y lineamientos establecidos en el marco jurídico-legal para proceder y actuar con verdadera justicia. "Se trata de una grave violación al debido proceso, y todo esto además está consignado en los tratados internacionales que México ha suscrito y se hicieron más notorios en la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, como son los pactos de Derechos Civiles y Políticos, y de San José, entre otros", aseguró. Díez Hidalgo también criticó la dilación con que la CDHDF, presidida por Perla Gómez, intervino en el asunto. "La CDHDF es una institución que fue creada para defender los derechos de los habitantes de la Ciudad de México, y este es un caso en el cual debió haber intervenido casi de oficio, pues las deficiencias del proceso se denunciaron públicamente a través de los medios de comunicación y las redes sociales", acusó. A finales de diciembre de 2013, se realizó una marcha del Ángel de la Independencia al centro de la ciudad para exigir la liberación de la joven originaria del barrio de Tepito. El pasado 17 de enero, diversas organizaciones de la comunidad lésbico gay y defensoras de los derechos humanos de las mujeres crearon el Comité Ciudadano para la Liberación de Yakiri, y advirtieron que podrían llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).