MÉXICO, D.F., (apro).- El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, comenzó su tercer año al frente del gobierno del Distrito Federal con una baja obligada en su gabinete: la de Jesús Rodríguez Almeida, quien hasta hoy fungió como secretario de Seguridad Pública de la capital del país. Presionado por las duras críticas de organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos, --incluidas las oficiales CNDH y CDHDF--, usuarios de redes sociales y hasta del presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, por la violenta actuación de los granaderos en las más recientes manifestaciones en el Distrito Federal, Mancera Espinosa se vio obligado a pedirle la renuncia a su subordinado “El día de hoy he recibido la renuncia del secretario de Seguridad Pública de esta capital, misma que en unos momentos haré llegar a la Presidencia de la República, a la que está dirigida”. En un mensaje a los medios de comunicación, añadió: “En los siguientes días, observando las disposiciones legales, haré llegar la propuesta (de relevo) al señor Presidente de la República para los efectos correspondientes”. Rodríguez Almeida formó parte del gabinete de seguridad desde el inicio de la actual administración. En la gestión anterior, relevó a Mancera Espinosa en la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), cuando éste inició su campaña a la jefatura de gobierno. Antes trabajó en la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación y la Procuraduría General de la República. Sin embargo, todo ese historial en el servicio público se vio ensombrecido por los constantes reclamos ciudadanos de defensores de los derechos humanos por la actuación de los granaderos en las manifestaciones públicas, sobre todo a raíz de los sucesos en Iguala, Guerrero. El pasado 8 de noviembre los granaderos detuvieron arbitrariamente a 18 personas, luego de que terminó la marcha pacífica por el caso Ayotzinapa en el Zócalo. Esa noche, un grupo reducido de personas con los rostros cubiertos prendieron fuego a la puerta del Palacio Nacional y dañaron la fachada del edificio. Las aprehensiones fueron después y, según los detenidos, en lugares distintos a los hechos violentos, como restaurantes, tiendas de conveniencia y calles lejanas al Zócalo. Al día siguiente, las personas salieron libres por falta de pruebas para demostrar las acusaciones de ataques a la paz pública. La historia se repitió el 20 de noviembre, aunque duplicó su dimensión. Por la mañana, cientos de granaderos se enfrentaron con jóvenes encapuchados que pretendían bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Los uniformados de la SSP-DF detuvieron a 15 personas, aunque luego su defensa pagó una fianza y salieron libres. Por la noche, al término del mitin de familiares de los 43 normalistas desaparecidos en el Zócalo, otro grupo de encapuchados agredió a los granaderos federales y locales. Éstos respondieron con el desalojo violento de la plaza, golpeando lo mismo a jóvenes que a padres de familia, defensores de derechos humanos y periodistas. Como resultado, 11 personas fueron detenidas, entre ellas un estudiante de origen chileno. En medio de irregularidades en el proceso por parte de la SEIDO, todos fueron trasladados a penales de alta seguridad. Sin embargo, luego de que el caso se difundió a nivel internacional y hasta hubo presiones diplomáticas, todos salieron libres, otra vez, por falta de pruebas. Los detenidos acusaron que los uniformados –locales y federales-- los golpearon, les robaron pertenencias, los amenazaron y los detuvieron sin motivo. Videos y fotografías que circularon en las redes sociales mostraron la violencia que las autoridades policiacas usaron contra los manifestantes pacíficos. “Le guste a quien le guste” Pese a la exigencia de organizaciones sociales y llamados de las comisiones de derechos humanos a respetar la libre manifestación y no usar la violencia, Jesús Rodríguez Almeida salió en defensa de los uniformados: “Felicito a mi personal por el trabajo demostrado, por el gran valor, gallardía, responsabilidad y sobre todo porque restablecieron el orden público, le guste a quien le guste”. Así lo dijo en un acto oficial donde, incluso, pidió un aplauso para el subsecretario de Operación Policial, Luis Rosales Gamboa, conocido como Jefe Apolo, por su trabajo en estas movilizaciones. El hoy exfuncionario negó haber visto las imágenes que demostraban las agresiones de los granaderos a los participantes en las marchas. “Lo más importante es que no llegaron al AICM, no obstaculizaron una instalación estratégica, no pudieron explotar la pipa de gas que pretendían hacer explotar y restablecimos el orden público en el Zócalo”, agregó. Aunque con tibieza, al día siguiente el jefe de gobierno le enmendó la plana: “No es ningún motivo de vanagloriarse. Es el último recurso que tiene cualquier el gobierno para restablecer el orden, pero solamente ese es el espíritu”. El 30 de noviembre, el presidente nacional del PRD, Carlos Navarrete, pidió a Mancera rectificar su política en materia de seguridad y considerar la salida de Rodríguez Almeida. La historia se repite Aunque por motivos distintos, la historia de la salida de los titulares de la policía capitalina se repite en la administración de Mancera. Y es que en la administración de Andrés Manuel López Obrador, el entonces titular de la SSP-DF, Marcelo Ebrard, fue destituido en 2004 por el presidente Vicente Fox, por el linchamiento de tres policías federales en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac. Cuando Ebrard Casaubon estuvo al frente del GDF, el jefe de la policía, Joel Ortega, tuvo que presentar su renuncia en 2008, luego del fallido operativo en la discoteca News Divine, en el que murieron nueve jóvenes y tres policías. La renuncia de Rodríguez Almeida al frente de la SSP-DF este viernes es la segunda baja del gabinete de Mancera Espinosa en menos de una semana y la cuarta en menos de dos meses. El 28 de noviembre, Fernando Macías renunció al cargo de coordinador de Comunicación Social. El 20 de octubre, el GDF informó de la salida de Simón Neuman de la Seduvi y el 14 de ese mismo mes, anunció la renuncia del oficial Mayor, Edgar Rojas, quien se vio involucrado en un acto de presunta corrupción.