MÉXICO, D.F. (apro).- En diciembre de 2012, Miguel Ángel Mancera se acogió a la Ley de Protección de Datos Personales para no dar a conocer su declaración patrimonial de inicio de cargo. El 25 de febrero de 2013, el diario El Universal difundió la decisión del mandatario y de todo su gabinete –excepto la de la titular de la Secretaría de Cultura–, basada en una solicitud de información que hizo a la Contraloría General del gobierno capitalino. La nota informativa “obligó” a Mancera a autorizar que se hiciera una versión pública del documento, aunque sólo se podría conocer a través de una solicitud de información mediante el sistema de transparencia. Casi cuatro meses después, el 6 de junio de ese año, el mismo diario difundió la respuesta que el exprocurador le dio a la Contraloría, previo a la solicitud correspondiente: Cuatro departamentos, una casa y dos locales comerciales; no reportó la posesión de automóviles ni adeudos, sólo “inversiones en organizaciones privadas y cuentas bancarias con saldo variable”. Dos años después de aquella negativa y a propósito del Día Internacional Anticorrupción –en medio de videoescándalos por presuntos actos de corrupción de funcionarios y diputados locales–, Mancera ordenó hoy a su equipo de trabajo hacer lo que él no hizo de inicio: “Instruyo a los miembros de mi gabinete legal para que en el marco de la ley y a la brevedad, presenten las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales a la Contraloría. Todo el gabinete sin excepción y quien no lo quiera hacer, conoce cuál será la decisión del jefe de Gobierno”. Los funcionarios públicos de la Ciudad de México están obligados por ley a presentar su declaración patrimonial a la Contraloría General del DF cuando inician su cargo, anualmente y al término de su gestión. Sin embargo, la Ley de Protección de Datos Personales les permite reservar la difusión de ese documento, pues incluye datos personales. No obstante, el artículo 9, fracción IV abre la posibilidad de que se difunda una versión pública, siempre y cuando el funcionario lo autorice. Luego de que Mancera ordenó a todo su gabinete entregar las versiones públicas de sus propiedades, el contralor general del GDF, Hiram Almeida, informó que éstas deberán presentarse a más tardar durante la primera quincena de enero de 2015. Y es que, dijo en entrevista, sólo 40% de los integrantes del gabinete mancerista ha autorizado la difusión de una versión pública de su declaración patrimonial. “Hoy tendríamos que dar cumplimiento al llamado que hace el jefe de Gobierno”, dijo. En su discurso, el jefe de Gobierno agregó que “de manera unánime” los 16 jefes delegacionales se sumaron a la iniciativa de informar sobre su patrimonio. Incluso, dijo que su administración llegó a un “acuerdo voluntario” solicitado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que la Contraloría General practique exámenes de evaluación, sicométricos, socioeconómicos y poligráficos a todos los diputados que lo soliciten. El funcionario añadió que actualmente este tipo de exámenes se realizan a los servidores públicos de nuevo ingreso en la administración local, pero que a partir del año que entra se aplicarán a todos los mandos medios y superiores del gobierno capitalino. Según Hiram Almeida, apenas dos diputados han acudido voluntariamente a hacer esas pruebas, aunque no dio sus nombres ni los partidos políticos a los que pertenecen. Los escándalos En el acto, realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento frente a legisladores y organismos de la sociedad civil, Mancera Espinosa reconoció uno de los males de su administración: “Estamos conscientes de que hay corrupción. Estamos claros que hay corrupción, pero no queremos dejarla pasar, tenemos que combatirla, tenemos que llevar a cabo acciones concretas”, dijo. Según sus cifras, en lo que va del año ha habido más de 3 mil 500 servidores públicos sancionados por acciones ilegales en la administración, marcadas en diferentes auditorías preventivas. Sin embargo, Mancera omitió hablar de los videoescándalos en los que se han visto envueltos integrantes de su gabinete y otros funcionarios públicos. El 14 de octubre pasado, Edgar Armando González Rojas tuvo que renunciar a la Oficialía Mayor del GDF, luego de la difusión en redes sociales de un video en el que fue acusado de participar en la supuesta compra arreglada de llantas para vehículos oficiales. Una semana después, el 20 de octubre, el GDF informó que Simón Neumann dejaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), para ser asesor especial ?para dar seguimiento al desarrollo de los Centros de Transferencia Modal. Desde el inicio de la administración fue cuestionado por presuntos conflictos de interés con grupos inmobiliarios. Otro escándalo de presunta corrupción es el del exdiputado del PAN-DF, Edgar Borja, quien a finales de noviembre, a través de un audio difundo en redes sociales, fue denunciado por supuestamente negociar de manera ilícita un contrato para compra de pintura. Más: El 2 de diciembre, Aarón Josué Ramos Miranda, presentó su renuncia como oficial mayor de la ALDF, luego de que en redes sociales se difundió un presunto acto de corrupción y su supuesta relación con el crimen organizado. Sistema anticorrupción del DF Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana –una de las organizaciones civiles que participarán en el nuevo Sistema “anticorrupción” del DF–, lamentó la situación en la que se desarrolla la Ciudad de México al presidir la lista en materia de rendición de cuentas en todo el país y, a la vez, estar en el último lugar en la percepción de corrupción en materia de trámites y servicios, al ocupar el lugar 32 de 32. Pero eso no es todo: Este martes El Universal presentó los resultados de una encuesta sobre corrupción en el DF: 66% de los capitalinos perciben que la corrupción en oficinas de gobierno ha aumentado en los últimos cinco años, aunque la mayoría dijo que no ha sido afectada personalmente por este tipo de actos. La encuesta agregó que los perjudicados no saben dónde reportar este tipo de irregularidades y casi nunca han realizado denuncia alguna. Ante este panorama, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, anunció la creación del “Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas, Fiscalización, Prevención y Combate a la Corrupción”, como un consejo en el que participarán los organismos gubernamentales y civiles dedicados a la rendición de cuentas, transparencia y fiscalización. “Este sistema que hoy estamos presentando, debe de generar una nueva forma de Gobierno. Lo que planteamos aquí es lo que estamos mostrando; es una tarea colegiada, es una tarea de todos en donde lograremos establecer, diseñar, plantear políticas públicas, en donde conjuntamente podemos intercambiar información, en donde podemos plantear proyectos legislativos, en donde se pueden compartir experiencias”, dijo. Se trata de una especie de Consejo en el que participarán organizaciones civiles como Transparencia Mexicana, Gestión y Cooperación Social, México Evalúa, el Consejo Consultivo Ciudadano del Plan para la Prevención y el Combate a la Corrupción, el CIDE, la UACM, el InfoDF, la CCHDF, el IEDF, TEDF, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el Tribunal Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la ALDF, la PGJDF y el TSJDF. El contralor Hiram Almeida informó que el consejo de este Sistema sesionará mensualmente a partir de enero del 2015 o cuando existan casos emergentes que analizar. La creación de este sistema, explicó, representa mucho y pidió a los ciudadanos tener “confianza en que hay un gobierno que no tiene miedo en transparentar sus acciones, que no tiene miedo en rendir cuentas, que no tiene miedo en fijar objetivos de transparencia y contender contra la corrupción, no tiene miedo inclusive  de reconocer la existencia de la corrupción, pero también generar acciones para solucionar el tema”.