MÉXICO, D.F. (apro).- Dos días después del anuncio del cierre parcial de la Línea 12 del Metro por la seguridad de más de 400 mil pasajeros y los deslindes entre funcionarios, exjefes de gobierno y empresarios, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales local urgió al consorcio constructor presentar “a la brevedad” un plan de trabajo para subsanar las fallas. José Ramón Amieva, titular de la Consejería Jurídica informó que si el consorcio integrado por ICA, Carso y Alstom, -encargados de la construcción de la obra- no atiende la reclamación administrativa, se valorará la ejecución de las fianzas "que al efecto se tiene", equivalentes a 10% del contrato. En entrevista, explicó que si las empresas no cumplen con las reparaciones necesarias se podría proceder a una demanda por la vía civil. El funcionario agregó que el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), dirigido por Joel Ortega, emitió un documento en el que pidió a las auditorías correspondientes corroborar el alcance de los conceptos presuntamente mal ejecutados de la Línea 12. Además, dijo que también se pidió a la Dirección del Proyecto Metro --encabezado por Enrique Horcasitas--, que hiciera las reclamaciones competentes pues aún tiene los vínculos correspondientes. Amieva explicó: "Por parte de la Consejería Jurídica hemos firmado dos oficios, uno dirigido al Sistema de Transporte Colectivo Metro para que permita acceso y proporcione copia certificada e información correspondiente al contrato de arrendamiento financiero de 30 trenes para el STC. Además, se giró un oficio a la Secretaría de Obras del DF para que proceda a acompañar los dictámenes correspondientes para ratificar si esos conceptos fueron efectivamente realizados de manera incompleta o deficiente”. El Oficial Mayor, Edgar González, dijo que en el momento que el Sistema de Transporte Colectivo Metro lo pida, los seguros patrimoniales de la Ciudad de México están vigentes. Las advertencias para implementar medidas legales del gobierno capitalino hacia las empresas se dan luego del caos que ayer vivieron miles de pasajeros y automovilistas en la avenida Tláhuac, afectados por el cierre parcial de la Línea Dorada, la magna obra de la pasada administración. Polémica llega a la PGR El lío generado por las fallas en la operación de Línea 12 del Metro, pasó este martes de las declaraciones y los deslindes al plano penal federal y sirvió para regocijo de la oposición. Las senadoras del PAN, Mariana Gómez del Campo y Pilar Ortega, solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a los servidores y exfuncionarios del gobierno del DF que resulten responsables por las fallas de la Línea Dorada. "Le solicito actuar con diligencia para emprender cuanto antes las investigaciones necesarias que permitan sancionar a quienes, derivado de sus actuaciones, han afectado gravemente el patrimonio del Distrito Federal y de los contribuyentes", escribió Gómez del Campo en una carta dirigida al procurador general, Jesús Murillo Karam. La denuncia de hechos ingresó por la Oficialía de Partes de la PGR, y solicita al ministerio público federal investigar sobre los aspectos técnicos y administrativos de la obra durante el desarrollo del proyecto y su operación desde el 30 de octubre de 2012. Por su parte, senadores panistas y del PVEM, informaron que llamarán al actual jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, a comparecer ante comisiones para explicar las fallas en la línea y aclare las anomalías detectadas en la obra.