MÉXICO, D.F. (apro).- La política contra las adicciones del gobierno del Distrito Federal está enfocada a detener a los consumidores y traficantes en pequeña escala, es decir, a las personas cuya peligrosidad y papel en el tráfico de drogas es mínimo, aseguró hoy la Comisión de Derechos Humanos local (CDHDF). Al dar a conocer el Informe Especial de Drogas y Derechos Humanos en la Ciudad de México 2012-2013 el organismo que dirige Perla Gómez establece, por ejemplo, que más de 98% de las personas consignadas en dicho periodo fueron condenadas por narcomenudeo. Además las penas impuestas en 83.9% de los casos fueron menores a tres años de prisión. Ello significa que la mayoría de las personas enjuiciadas fueron sentenciadas por posesión de drogas en cantidades superiores a las autorizadas por la ley, sin haberse comprobado que eran vendedores o comerciantes, según cifras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). Las quejas de personas detenidas por delitos contra la salud que recibió la CDHDF en el mismo periodo refuerzan la hipótesis: 76.7% fueron detenciones arbitrarias; en 47.8% se usó la violencia física y en 36.9%, la psicológica. En cuanto a las quejas por irregularidades en el proceso, 65% de los detenidos denunciaron además de violencia, extorsiones y amenazas. De acuerdo con el informe presentado hoy por la presidenta de la CDHDF en la Ciudad de México 1.7% de la población entre 12 y 65 años de edad consumió una droga ilegal por lo menos una vez durante 2011. Esta prevalencia está por arriba del promedio nacional que es de 1.5% de la población de ese sector. Un dato más: Entre la población estudiantil, la prevalencia de consumo alcanza 18.2% con respecto al uso en el último año, muy por arriba del indicador a nivel nacional y local. Con base en estas cifras, la CDHDF asegura que “el enfoque de reducción de riesgos no es asumido con un eje rector de las distintas estrategias y acciones, tampoco el respeto a la autonomía de las personas para decidir seguir consumiendo. Incluso las dependencias involucradas en la política de prevención y atención manejan y reproducen ciertos estigmas acerca del uso de drogas y de las personas que las consumen”. El Informe agrega que “las estrategias y políticas públicas diseñadas no han sido suficientes ni oportunas para que se tutele debidamente el derecho a la salud de las y los jóvenes, un sector que se encuentra en una particular circunstancia de riesgo”. Regulación con respeto a derechos humanos El informe de la CDHDF sobre la política de drogas en la capital del país se da en medio de la discusión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de la iniciativa de reformas para la Reducción, Riesgos y Daños y Aprovisionamiento y Uso de la Mariguana. La iniciativa se presentó ante la Comisión Permanente el pasado 13 de febrero y se espera que en este periodo ordinario los diputados la presenten al pleno para su análisis y aprobación. En lo que eso ocurre, la CDHDF lanzó sus propuestas para tener un modelo de regulación respetuoso de los derechos humanos. Como primer punto, el informe propone promover un debate legislativo a nivel federal con la participación “amplia y efectiva” de la sociedad civil para revisar el tema del consumo, posesión y cultivo para uso personal y en particular, para la modificación a las cantidades restrictivas de la Tabla de Orientación de dosis máximas. También sugiere orientar las acciones de las autoridades judiciales del DF hacia la persecución de los delitos graves en materia de tráfico de drogas; es decir, que las detenciones se deriven de averiguaciones previas que presuman delitos graves contra la salud, además de que se protejan a las personas usuarias del acciones que atenten contra su dignidad y seguridad. Asimismo plantea diseñar e implementar un programa general que articule las iniciativas de dependencias, institutos y delegaciones en la materia con la misma base del respeto a la autonomía de las personas y sus derechos humanos. Y que se genere información “oportuna y veraz” sobre las distintas drogas, usos y efectos, así como las políticas de reducción de riesgos y daños por su uso y dependencia. Durante la presentación del informe, la presidenta de la CDHDF, destacó la urgencia de que en el DF se de un “paso definitivo hacia la eliminación de estigmas y prejuicios que se desarrollan alrededor del tema de las drogas y, particularmente, frente a las personas usuarias”, pues dijo que se les la enfermedad, la adicción y la delincuencia. Es importante, añadió, que “el centro de la discusión sea cada vez menos las sustancias y cada vez las personas que las usan o no… Tenemos la expectativa de que nuestro estudio abone a la discusión que se desarrollará en el ámbito parlamentario”. Luego, celebró que “sin tabúes, con datos, con rigor, con pluralidad, con tolerancia y con respeto podamos discutir el tema de drogas”. El presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, aseguró que el reto del gobierno es “canalizar al consumidor (a los programas necesarios) para que no reincida. Reconoció que “no se ha dado la suficiente atención a los centros de tratamiento” de las personas con adicciones. En el tema de aplicación de justicia en los procesos legales, aceptó que se necesita un cambio de modelo el los jueces” para que entiendan el problema y juzguen con base en los derechos humanos de los consumidores. Carlos Zamudio, representante del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, remarcó que los usuarios de drogas “tenemos derechos, pero seguimos estigmatizados y criminalizados”. Denunció que “en la pasada administración”, los policías eran “premiados” por el número de personas que remitían al ministerio público por posesión de droga, lo que, dijo, generó el incremento de las detenciones arbitrarias. El activista aseguró que las delegaciones del DF no han cumplido con su obligación legal de crear centros de atención para las adicciones que, aunado a otras faltas “ha derivado en el fracaso de la política de drogas en la ciudad”. Para la presentación del Informe Especial Drogas y Derechos Humanos en la Ciudad de México 2012-2013 estaba programada la asistencia del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pero canceló de última hora, según los organizadores.