MÉXICO, D.F. (apro).- Los diputados locales que integran la Comisión de Investigación de la Línea 12 del Metro respaldaron la decisión del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, de buscar una salida legal para evitar reembolsar a la Tesorería de la Federación los casi 500 millones de pesos que en el sexenio anterior se entregaron al GDF para la construcción de la Línea Dorada y que no fueron “comprobados”, según dictaminó la Secretaría de la Función Pública (SFP). Los legisladores capitalinos asistieron este miércoles a una reunión privada con el encargado de la SFP, Julián Alfonso Olivas, para tratar el tema que él mismo se encargó de ventilar públicamente el 31 de marzo pasado. Al término del encuentro, el presidente de la comisión investigadora, Jorge Gaviño, informó que los legisladores locales apoyan la idea de que el recurso federal se invierta en la Ciudad de México, es decir, que no se regrese a la Federación. Para ello, explicó que el gobierno capitalino aún puede acudir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revalorar el proceso justificatorio del gasto de los 489 millones. Incluso, en segunda instancia, puede interponer un litigio en el Tribunal Fiscal de la Federación. Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN e integrante de la Comisión, dijo que el funcionario federal reiteró la existencia de una supuesta mala comprobación del gasto que no se justificó en la fecha legal, es decir, en septiembre pasado. El legislador comentó que dentro del proceso de auditoría de la Línea 12, el GDF devolvió 60 mil pesos por otras observaciones, mientras que durante la gestión de Marcelo Ebrard se regresaron 60 millones de pesos más. Por su parte, el encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas, afirmó que será la Contraloría General del DF la que defina si hubo o no daño patrimonial en la construcción de la Línea Dorada. Al salir de la reunión, dijo que no ha recibido notificación o no tiene conocimiento que el GDF haya emprendido alguna acción legal para no devolverle los 489 millones de pesos. En un acto público al sur de la ciudad, Mancera dijo que su administración mantiene el análisis jurídico para evitar el reintegro por más de 489 millones de pesos. Problema viejo En el número que está en circulación, el semanario Proceso (1954) revela que la Contraloría General del GDF dio por solventados en 2013 los 489 millones de pesos. De acuerdo con el reportaje, “la Contraloría Interna del Proyecto Metro del DF y la Contraloría General del DF dieron por solventada, en abril del 2013 la observación hecha por la Función Pública, según el oficio CG/CISOS/0597/2013 que el contralor interno de la Secretaría de Obras y Servicios del GDF, Ernesto de la Puente Gallegos, envió al director general de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la  CGDF, Luis Alfredo Hernández Velásquez. “Después de verificar y analizar la documentación, la Contraloría Interna de la Secretaría de Obras justificó el gasto realizado por el PMDF, el que ahora reclama la Función Pública, al argumentar que ‘se fundamentó en un ordenamiento jurídico aplicable de forma supletoria contemplado por disposición expresa de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, instrumento jurídico que se encuentra debidamente regulado en el Código Civil para el Distrito Federal, por lo que el ente auditado aclaró que sí existió legalmente un instrumento que dio soporte a un compromiso de pago’. “Además el PMDF estableció que, tras un análisis integral de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, no se advierte prohibición alguna para que ese tipo de recursos se destine a trabajos ejecutados en años anteriores, que se integran por diversas obras y servicios asociados al contrato principal. “En virtud de lo anterior –subraya–, los recursos provenientes del Fondo Metropolitano se destinan a uno o varios de los componentes que constituyen el proyecto: estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento”.