CDHDF inicia queja por agresión policiaca a sus visitadores

miércoles, 23 de abril de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició una queja de oficio por las agresiones que sufrió personal del organismo por parte de policías, durante la marcha del martes pasado contra el proyecto de ley secundaria en materia de radio, televisión y telecomunicaciones que se discute en el Senado. Además informó que interpondrá una denuncia ante las autoridades correspondientes, en contra de los elementos policiales que resulten responsables de los abusos cometidas en contra de su personal. Inicialmente el organismo informó en un comunicado que la denuncia sería presentada este miércoles, pero el área de Comunicación Social del organismo informó por la tarde que podría ser hasta mañana cuando se materialice la denuncia porque se encuentra recabando testimonios, pruebas, fotografías y videos de organizaciones y ciudadanos que presenciaron los abusos policiales. En el comunicado emitido en la mañana, el organismo que preside Perla Gómez refirió que diversos grupos marcharon el martes por calles del centro de la ciudad, sin que se presentaran desmanes, violencia o afectación a los bienes de comercios o negocios. Tras la marcha, un grupo reducido de manifestantes se movilizó a las inmediaciones de Televisa Chapultepec a continuar con la protesta, mientras las instalaciones eran resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF). Después de varios minutos de tensión entre manifestantes y policías, refirió la CDHDF, los policías comenzaron a empujar a varias personas que se manifestaban pacíficamente, y a empellones y jaloneos comenzaron a alejarlos de la acera de la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Al ver la acción, visitadores del organismo preguntaron a los uniformados qué motivaba su actuación y les pidieron abstenerse de esa conducta violenta pero en lugar de atender la petición propinaron más golpes y jaloneos contra los manifestantes y contra el personal de la CDHDF que se encontraba “claramente identificado en todo momento”. “Mientras algunos manifestantes intentaban ser asegurados por elementos de la SSP-DF y eran golpeados para tal efecto, nuestro personal fue ‘encapsulado’ e impedido materialmente para realizar su labor de observación y documentación de la actuación policial”, acusó el organismo. Incluso, afirmó que un elemento policial arrebató el teléfono celular a uno de los visitadores que registraba los hechos, al momento de que otros policías grababan al personal de la CDHDF. En total, cinco personas fueron detenidas y varias resultaron heridas durante la marcha celebrada ayer contra el intento del gobierno federal de controlar y censurar la información en internet. Y no es la primera vez que activistas y la CDHDF denuncian abusos de la autoridad en contra de manifestantes. De hecho, las primeras recomendaciones emitidas a la llegada de Perla Gómez a la CDHDF fueron al gobierno de Miguel Ángel Mancera por detenciones arbitrarias, tortura e irregularidades en consignaciones, entre otras presuntas violaciones a los derechos humanos. Se trata de las recomendaciones 1/2014 y 2/2014 dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Jesús Rodríguez Almeida, y a la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), dirigida por Rodolfo Ríos. El año pasado, el 10 de abril, durante la presidencia de Luis González Placencia, la CDHDF presentó la recomendación 7/2013 con motivo de los hechos violentos registrados el 1 de diciembre, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente. En dicha recomendación, la CDHDF solicitó la instauración de procesos administrativos contra autoridades responsables del operativo. En específico, el organismo local pidió instaurar procesos administrativos sancionatorios a la Dirección de Inspección Policial y al Consejo de Honor y Justicia de la SSPDF. La recomendación fue dirigida  a la SSPDF, la PGJDF, al Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) y a la Secretaría de Gobierno. En aquella ocasión González Placencia, aseguró que se logró documentar “la violación del Derecho a la seguridad personal, a la libertad personal, a la integridad personal, derecho a la libre manifestación y a la protesta, de 102 personas agraviadas”. El pasado 10 de abril la actual ombudsman capitalina sostuvo que el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha incumplido en su totalidad la recomendación y no se ha podido “dar por concluido ninguno de los puntos por autoridades porque hay protocolos en revisión”. Tras los hechos recientes, la CDHDF manifestó su “total rechazo” a la conducta policial y calificó como “indignante” la actuación de los elementos policiacos contra el personal del organismo y los activistas quienes –reiteró— se manifestaban pacíficamente. Por ello la CDHDF anunció que presentará denuncia ante las autoridades correspondientes, “en contra de las y los elementos policiales que resulten responsables de las agresiones cometidas en contra de nuestro personal”. Y también inició una queja de oficio por estos hechos “a efecto de investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas. Además indicó  que se mantendrá atenta a recibir e integrar otras quejas de otras personas que hubiesen resultado afectadas. “Asumimos y respaldamos institucionalmente a nuestro personal. Cualquier acto de descalificación, amenaza o intimidación en contra de las y los que integramos esta institución, atenta contra la defensa y garantía de los derechos humanos en esta ciudad”, advirtió el organismo. A la condena de la CDHDF contra los abusos, se unió el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social que exigió la investigación y procesamiento conforme a derecho de los funcionarios públicos que actuaron materialmente, y de la cadena de mando. Asimismo hizo un llamado al Gobierno del Distrito Federal para “modificar estructuralmente” sus protocolos de acción para respetar el derecho a la libertad de manifestación y al uso de los espacios públicos. “Las nuevas agresiones a representantes de los medios de comunicación, activistas, defensores de derechos humanos y a representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal son motivo de alerta en este sentido, por su intención de inhibir a los derechos a la protesta social. “Los hechos de ayer dejan claro que la actuación policial  en el marco de las manifestaciones es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos en la actuación policial”, denunció el organismo en un comunicado. Cronología de la represión Han sido varios los episodios de represión en manifestaciones sociales desde el inicio de la administración de Miguel Ángel Mancera en las que han aparecido grupos de encapuchados no identificados, policías vestidos de civil al estilo de los halcones, en la década de los 70’s, que actúan bajo un “protocolo de control de multitudes” que criminaliza la protesta (Proceso 1927 y 1929). El 1 de diciembre de 2012, en el marco de la toma de protesta de Miguel Ángel Mancera alrededor de 70 personas fueron detenidas -incluyendo numerosos manifestantes pacíficos o transeúntes sin participación en protestas-. Además, unas 25 personas resultaron heridas, entre éstas, Uriel Sandoval, quien perdió un ojo por el impacto de una bala de goma. Los disturbios del 1 de diciembre marcaron también la aparición de  grupos de encapuchados con métodos violentos, cuyos integrantes, a pesar de actuar frente a los grupos policiacos, no han sido detenidos, como sí lo son quienes participan en las protestas sin capucha. El 5 de febrero de 2013, una protesta en el CCH Naucalpan concluyó con intervención policiaca. Algo poco común, cuyo único antecedente se remonta al año 2000, cuando la policía desalojó a huelguistas de la Ciudad Universitaria. Unas decenas de jóvenes marcharon por Insurgentes, del Parque Hundido a CU, el 20 de abril del mismo año. Fueron custodiados por un contingente de cientos de policías durante su trayecto. El Frente Oriente, el cual se solidarizó en aquella ocasión con la protesta, denunció las dimensiones de los operativos y la aplicación del llamado Protocolo para el Control de Multitudes, que consideran un instrumento represivo del GDF. El 8 de marzo en Iztapalapa: Durante una protesta, un grupo de jóvenes fue atacado en Rojo Gómez y Ermita, con dos jóvenes detenidos acusados de ataque a las vías de comunicación, pero cuya causa no se sostuvo. El 1 de mayo, el acoso policiaco fue videograbado por el Frente Oriente. Además de ponerles un marcaje personal durante su trayecto de arribo y de regreso, dos motopatrullas tripuladas por hombres vestidos de civil condujeron con violencia contra los jóvenes, que subieron un video bajo la etiqueta "Hostigamiento GDF marcha 1 de mayo". El 1 de junio un grupo de jóvenes intentaba protestar en Los Pinos, pero en la estación Insurgentes del Metro los confrontaron los granaderos. Las revisiones en el Metro se volvieron más agresivas desde el 13 de septiembre del mismo año. La marcha conmemorativa del Halconazo resultó en la detención de 22 personas, de las cuales siete fueron internadas en el Reclusorio Oriente. (Proceso 1922). El 1 de septiembre del año pasado, durante las protestas por el primer informe de Peña Nieto, los enfrentamientos se repitieron. También el 13 de septiembre, durante el desalojo de los maestros de la CNTE del Zócalo, cuando un grupo de supuestos anarquistas se confrontó con la policía. En redes sociales fue denunciado un contingente de civiles que llegó junto con la Policía Federal. No hubo explicación oficial. Ese día, cuando el grueso del contingente magisterial iba en retirada pacífica rumbo al Monumento a la Revolución, los supuestos anarquistas salieron enfrentándose con los federales hasta que en el cruce de Eje Central y 16 de Septiembre desaparecieron. Los policías arremetieron contra los maestros. El saldo: 31 detenidos y siete enviados al reclusorio. Con el operativo del 2 de octubre se superaron todos los registros también en cuanto a la cantidad de detenidos, tanto en la cifra oficial como en las estimaciones de las organizaciones. El jueves 3 y en diferentes entrevistas el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, rechazó que policías vestidos de civil hayan detenido a manifestantes y aseguró: "Las detenciones son totalmente legales, sujetas a la norma, sujetas a derecho".  

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