Analiza CIDH agresión policial a jóvenes en situación de calle

jueves, 24 de abril de 2014
MEXICO, D.F. (apro).- La relatora de los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Ortiz, tomó nota de las agresiones sufridas por jóvenes en situación de calle, quienes el martes 22 fueron desalojados de forma violenta por un centenar de policías capitalinos, informaron organizaciones civiles. En un comunicado firmado por la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y todos (Red TDT), Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) y Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), se informó que, en visita de trabajo en México, la relatora Ortiz “ofreció una audiencia a jóvenes representantes de la población callejera afectada por el desalojo, así como a las organizaciones expertas en los derechos de las poblaciones callejeras, y de esta audiencia se desprenderán acciones desde la CIDH”. Las ONG denunciaron que la agresión contra indigentes que ocupaban una acera de la calle Artículo 123 es contraria a los compromisos hechos por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, el lunes 7, con motivo de la presentación del informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), “Situación de los derechos humanos de las poblaciones callejeras en el DF 2012-2013”. Las agrupaciones exigieron a Mancera atender personalmente a los afectados, a la CDHDF y a las organizaciones expertas con quienes el jefe de gobierno se había comprometido a respetar los derechos humanos de las poblaciones callejeras. En el escrito recordaron que al mediodía del martes 22, unos cien elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSPDF) del cuadrante Cuauhtémoc-Revolución “acudieron a la calle Artículo 123 y, sin mediar diálogo alguno, golpearon a cerca de 30 personas que integran el Grupo Juárez”. Los policías “destruyeron los objetos utilizados por las poblaciones callejeras para protegerse de la lluvia y rompieron sus pertenencias”, incluso autoridades de la delegación Cuauhtémoc puso a su disposición de los uniformados un camión recolector de basura para tirar las pertenencias de las familias de indigentes refugiadas en esa calle. En el comunicado se señala que el operativo fue ordenado por “el área de Concertación Social perteneciente a la jefatura central, en coordinación con la autoridad del Centro Histórico y la propia SSPDF”, de acuerdo con información que activistas obtuvieron de uno de los funcionarios presentes. Las ONG acusaron que “los policías detuvieron a 17 varones, entre ellos un adolescente de 16 años, quienes permanecieron desaparecidos por más de tres horas” y que a las cuatro de la tarde “seis jóvenes fueron llevados al juez cívico (por faltas administrativas) y once más presentados al Ministerio Público bajo los cargos de robo y posesión de drogas (solvente y pasa base). Hasta la medianoche aún no rendían su declaración ministerial y desconocían los cargos imputados”. Las organizaciones resaltaron que la CDHDF dio fue pública de las detenciones arbitrarias, golpes, tratos crueles, amenazas y daños al escaso patrimonio de los jóvenes en situación de calle. Además consideraron que el ataque policial “representa una clara violación a los derechos humanos de las poblaciones callejeras: a la libertad e integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación, a los derechos de las niñas y los niños y particularmente al debido proceso y a no ser sometidos o sometidas a tratos crueles por parte de las autoridades”. Es por ello que exigieron a Mancera esclarecer los hechos y explicar “la sistemática persecución a este grupo en particular y la ausencia de una política pública especializada en esta población”. También reclamaron al GDF “se brinden garantías de protección, a la integridad personal de la población callejera integrada por hombres y mujeres, niñas, niños y adolescentes”. Al puntualizar que el caso será turnado a la CIDH, las ONG recordaron a Mancera que en noviembre de 2012 ese organismo “citó al Estado mexicano para responder sobre las violaciones a derechos humanos de las poblaciones callejeras, y que continúa pendiente la visita de él o la representante de la CIDH para conocer con detalle e informar sobre la situación que vive esta población en el Distrito Federal y el resto de la República Mexicana”.

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