MÉXICO, D.F. (apro).- El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, integrado por 10 organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país, respaldó la acción de inconstitucionalidad interpuesta ayer por la CDHDF ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. Ayer, el organismo presidido por Perla Gómez informó que pidió a la Suprema Corte realizar “un estudio a la luz de la interpretación conforme con los tratados internacionales de derechos humanos, sobre los alcances del derecho de reunión, manifestación y libre expresión, en la lógica de la armonización de éstos, con el de libre tránsito y movilidad” y fijar la interpretación de los preceptos relativos al espacio público como el espacio de concurrencia y armonización de todos estos derechos. En la fecha límite legal para promover el recurso de  inconstitucionalidad, la CDHDF demandó también revisar diversos artículos de la Ley de Movilidad local–publicada el pasado 14 de julio–, “para que bajo la perspectiva de los derechos humanos se analicen posibles limitaciones y restricciones injustificadas al ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y libre expresión en espacios públicos”. Incluso, solicitó revisar diversos artículos de esta Ley, con base en las obligaciones internacionales del Estado Mexicano en materia de accesibilidad y reconocimiento pleno de derechos a las personas con discapacidad. Este jueves, el Frente –integrado por las asociaciones civiles Artículo 19, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, Servicios y Asesoría para la Paz y la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”–, dio el visto bueno a la acción de la CDHDF. En un comunicado, acusó que la Ley de Movilidad del DF publicada por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, viola los derechos de libertad de expresión, reunión y protesta social y el de la seguridad jurídica de los capitalinos. Advirtió que esa legislación da facultades discrecionales a la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPDF) que pueden derivar en prácticas autoritarias. La agrupación recordó la denuncia que hizo desde la publicación de esta Ley en el sentido de que los artículos 212, 213 y 214 contienen restricciones y limitaciones desproporcionales y contrarias a la Constitución Política del país. Por ejemplo: “dar una aviso previo de al menos 48 horas, la restricción absoluta para usar vías primarias y dar facultades discrecionales a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que pueden derivar en prácticas autoritarias”. Alertó “que la ambigüedad en la redacción de estos artículos se traducía en un efecto inhibitorio frente a toda persona que pretenda manifestarse, empelando términos ampliamente discrecionales, como el que señala que la manifestación debe ser ‘perfectamente lícita’”. El Frente informó que desde la publicación de la Ley solicitó por escrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la CDHDF interponer acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la Ley de Movilidad del DF. Este jueves reconoció la pertinencia del organismo presidido por Perla Gómez Gallardo que, dijo, “rectifica la posición inicial expresada por su titular, quien previamente había señalado que dicha legislación ‘no restringía el derecho a la manifestación’”. Faltan Puebla y Quintana Roo Sin embargo, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social manifestó su preocupación por la inacción de la CNDH frente a la Ley de Movilidad del DF y otras similares como la de Quintana Roo, conocida como “Ley Borge”, la de Puebla “Ley Bala” y la de Chiapas o “Ley Garrote”. Acusó que el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva, ha privilegiado la agenda política y “ha subejercido su función garante de los derechos humanos e incumplido con su mandato constitucional, lo que ha significado la anuencia de la CNDH a la violación de los derechos fundamentales”. Lo mismo ha sucedido con las comisiones estatales de derechos humanos: “Tampoco actuaron al respecto”, dijo. El Frente destacó la abrogación del Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, conocida como “Ley Garrote”, el pasado 11 de agosto. La calificó como “un triunfo de la sociedad frente a leyes autoritarias”, pero aclaró que falta fortalecer las instituciones para proteger los derechos a la libertad de expresión, reunión y protesta. Por último, consideró que dichas legislaciones confrontan las expresiones de disenso propias de una sociedad democrática y se dijo preocupado por la “la descalificación sistemática y la caracterización negativa contra los grupos que protestan, la ofensiva en contra de las libertades democráticas y la construcción de un andamiaje legislativo que ‘legaliza’ la criminalización de la protesta”. Esas acciones, concluyó, son constitutivas “de una gobernabilidad autoritaria en el país, impulsada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo”, mientras que el Poder Judicial Federal “tiene  la responsabilidad de asegurar el equilibrio de Poderes y de esa forma garantizar la protección de los derechos humanos y la subsistencia de un Estado democrático y de derecho que respete las libertades fundamentales”.