MÉXICO, D.F. (apro).- Colonos de San Andrés Tetepilco, ubicado en la delegación Iztapalapa, acusaron a la diputada suplente del PRD, Rebeca Peralta, de defraudarlos con el Proyecto de Vivienda Alfajayucan 228, por lo que exigieron la devolución de sus aportaciones. En entrevista con Apro, Jesús Cruz Monreal, uno de los afectados, señaló que después de ganarle un juicio ordinario civil a la legisladora perredista, ésta se ha negado a regresarle los 70 mil pesos que le depositó en la cuenta 0189584528 de Bancomer, a nombre de Unidad Torres Quintero AC. Cruz Monreal señaló que, como él, cientos de personas fueron defraudadas por la suplente de la actual vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, cuando fungió como coordinadora del Comité Vecinal en la Colonia El Retoño, en Iztapalapa. Detalló que de acuerdo con un edicto publicado el 8 de mayo de 2013 en el Boletín Judicial, el juez quincuagésimo sexto civil del Distrito Federal dictó una sentencia definitiva el 13 de marzo de ese mismo año para exigir el cumplimiento de un convenio firmado el 12 de marzo de 2009, donde Peralta se comprometió a pagar a Cruz Monreal 78 mil pesos en cinco días. A la fecha no ha cumplido. “Se condena a la parte demandada al pago de interés legal respecto de la cantidad total del adeudo, establecido en la cláusula tercera del convenio celebrado entre las partes, por concepto de pena convencional a partir de la fecha de vencimiento, cantidad que se ha de cuantificar en la ejecución de sentencia previa tramitación del incidente respectivo”, se lee en el documento. Durante el proceso de demanda, Peralta negó las imputaciones “por ser totalmente falsas y fuera de toda realidad jurídica”, toda vez que, dijo, “en ningún momento cometí el supuesto delito de fraude como falsamente lo quiere hacer valer el ahora querellante”. Refirió que en mayo de 2005 un grupo de inquilinos que habita el predio Alfajayucan 228, manzana 11, lote 35, en el pueblo de San Andrés Tetepilco, de la delegación Iztapalapa, le solicitó asesoría y apoyo social para no ser desalojados del predio. Ese terreno, agregó, había sido expropiado en 1997 por el entonces Departamento del Distrito Federal. Según la diputada, acordó representar al grupo ante el Gobierno del Distrito Federal, entonces encabezado por el ahora senador Alejandro Encinas. La cantidad reunida para adquirir el predio fue insuficiente, apuntó, por lo que invitaron a más ciudadanos con la promesa de adquirir una vivienda. “Fue así como se invitó al hoy querellante Jesús Cruz Monreal a participar en el proyecto de referencia, mas es completamente falso el que se haya ‘exigido’ cantidad alguna y mucho menos que se le haya engañado, ya que en todo momento se le explicó claramente a éste y a todos los interesados que el monto de sus aportaciones se destinarían a un fondo de ahorro para cubrir la parte de la indemnización requerida para el pago del predio expropiado, aparte de las gestiones que se realizarían ante el Gobierno del Distrito Federal para que este cubriera la otra parte de la indemnización”, subrayó. La diputada negó rotundamente que hubiera defraudado “al falaz querellante”. Tan es así, sostuvo, “que cuento con una serie de documentos que acreditan plenamente que siempre he realizado las gestiones que han sido necesarias ante las instancias”. Y anexó sus pruebas y pidió el no ejercicio de la acción penal. El 12 de marzo de 2007, un grupo de colonos envió un escrito al entonces jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, para que resolviera su caso porque tenían conocimiento de que dicho predio sigue siendo propiedad del GDF. El texto dice: “Somos 60 familias en posesión del predio mencionado, quienes hemos pasado por un sinfín de vicisitudes a partir de su expropiación por parte del Departamento del Distrito Federal en 1997. “El predio en cuestión tiene una superficie de 3829.45 metros cuadrados y carece de las mínimas condiciones para habitarlo, ya que no cuenta con drenaje, agua y nuestras viviendas están construidas con materiales precarios. Debido a que el propietario original, Lucio Camargo, falleció en 1993 sin realizar testamento, sus herederos, debido a controversias entre ellos, alargaron el nombramiento de su albacea. A la fecha el señor Agustín Germán Camargo Echegaray, a través de sus representantes legales, ha iniciado una serie de hostigamientos verbales y legales logrando desalojar a varias familias que ahí habitamos”. Ante esa situación, demandaron que se agilice el proceso de indemnización, se permita el regreso de las familias desalojadas y se regularice el predio para beneficiar a las 60 familias. El documento está firmado por Peralta y Margarito Reyes Aguirre como representantes de los afectados. Debido a las trabas que les han puesto en el GDF para solucionar el asunto, los vecinos dicen haber perdido la esperanza de que prosperen sus demandas. “Ya perdimos las esperanzas de tener una vivienda”, aseguran, y ahora lo único que quieren es que Peralta les devuelva el dinero que le depositaron como supuestas “aportaciones voluntarias”.