MÉXICO, D.F. (apro).- A partir de este miércoles 24, las dependencias del Gobierno del Distrito Federal que arrastren recomendaciones de las comisiones nacional y local de derechos humanos (CNDH y CDHDF), deberán seguir nuevos lineamientos para indemnizar económicamente a las víctimas e incorporarlas a los programas sociales que operan en la Ciudad de México. El primero consiste en indemnizar “única y exclusivamente” a las víctimas reconocidas por la CDHDF y la CNDH, identificadas por nombre y apellido. También deberán cuantificar el monto por daños materiales con base en las pretensiones de las víctimas y las pruebas aportadas. Si se trata de desaparición forzada, ejecución extrajudicial o muerte de la víctima, el cálculo se hará con base en la pérdida de ingresos por el trabajo que desempeñaba la víctima, una proyección inflacionaria anual y la esperanza de vida para el año en que ocurrió la muerte o desaparición forzada. Estos mismos criterios se usarán cuando las víctimas queden imposibilitadas para trabajar temporal o permanentemente. Para calcular la indemnización por daño inmaterial –las consecuencias psicológicas de la violación de derechos humanos–, según los lineamientos publicados, no es posible asignar un equivalente monetario fijo o exacto, pero podrá estimarse el pago de una compensación. Los elementos para indemnizar serán: los derechos violados y aceptados en las Recomendaciones o Conciliaciones, la temporalidad –si la violación del derecho fue  instantánea o continua y el tiempo que duren los efectos–, el impacto “biopsicosocial” y el costo del tratamiento necesario y las consideraciones especiales por pertenecer a grupos vulnerables (mujeres, personas con discapacidad, indígenas, menores de edad, población LGBTTTI y en situación de calle). La incorporación de las víctimas a programas sociales del GDF es otra medida de reparación del daño, aún cuando no lo soliciten la CDHDF o la CNDH, y deberá hacerse de inmediato, evitando en todo momento la revictimización. Entre los lineamientos publicados por el GDF destaca la creación de un Grupo de Trabajo integrado por personal de la Secretaría de Gobierno, la Contraloría General, la Secretaría de Finanzas y las autoridades responsables obligadas a la reparación; se podrá invitar a un representante de la CDHDF y la CNDH. Cuando la dependencia señalada acepte la Recomendación, deberá avisar a la Secretaría de Gobierno para que ésta convoque a la formación del Grupo de Trabajo. Éste procederá a establecer los criterios específicos para la cuantificación de los daños y su pago en un procedimiento “ágil, transparente y expedito”. El GDF deberá tener comunicación con las víctimas a través de notificación personal, la Gaceta Oficial, medios electrónicos oficiales o medios de comunicación idóneos. Para la reclamación del pago de los daños, las víctimas deberán acudir de manera personal o a través de su abogado, con una identificación oficial con los enlaces que designe el Grupo de Trabajo y cuando éste emita una propuesta, la remitirá al titular de la dependencia responsable y ésta la dará a conocer a la víctima. Si ésta no está de acuerdo con la propuesta, podrá solicitar su reconsideración. En cuanto al seguimiento del cumplimiento de la Recomendación o Conciliación, las autoridades responsables deberán entregar, periódicamente, un informe a la CDHDF o la CNDH, según corresponda. Los recursos financieros que se dispondrán para las indemnizaciones procederán de los que tenga la autoridad responsable. De acuerdo con los lineamientos publicados, “la indemnización no puede, en ninguna circunstancia, confundirse o limitar la asistencia, la ayuda humanitaria, la ayuda social ni la garantía para el ejercicio de los derechos económicos y sociales a los que las víctimas tienen derecho constitucionalmente”. Además, es independiente de la que puedan tener derecho las víctimas por la vía penal. CDHDF reconoce voluntad Luego de que el GDF publicó los lineamientos para indemnizar a las víctimas de violación de derechos humanos, la CDHDF consideró que ello “constituye un avance significativo en la garantía de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, al establecer un mecanismo homologado para que las distintas dependencias de la administración pública del Distrito Federal cumplan con su obligación de reparar el daño, a través de la indemnización económica y la incorporación a programas sociales”. En un comunicado, dijo que es positivo que en los lineamientos se retomen los estándares internacionales para la determinación de la reparación del daño material e inmaterial y, particularmente, que se garantice el derecho de audiencia, la consideración diferenciada para las víctimas de violaciones graves o que estén en situación de vulnerabilidad, así como la existencia de un recurso abreviado y expedito para que, en su caso, la víctima manifieste su inconformidad, y la posibilidad de las comisiones de derechos humanos participen durante el proceso. No obstante, dijo que solicitará a las autoridades correspondientes la activación de este mecanismo para atender a las víctimas que tienen pendiente el pago de la indemnización. Agregó que se mantendrá vigilante de que se garantice un trato digno a las víctimas y una reparación “adecuada, efectiva y rápida”. La presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, destacó que que los lineamientos publicados hoy se derivan del estudio que presentó el organismo sobre el impacto social que tuvieron las víctimas del 1 de diciembre de 2012.