MÉXICO, D.F. (apro).- El caso News Divine podría dar un giro, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo tres amparos promovidos por 11 expolicías capitalinos en contra de las sentencias condenatorias por su participación en el operativo realizado en la discoteca en junio de 2008 en el que perdieron la vida 12 jóvenes. Ese incidente ocurrido en la colonia Nueva Atzacoalco, delegación Gustavo A. Madero –una de las mayores tragedias en la administración de Marcelo Ebrard–, derivó también en la destitución de los titulares de la Procuraduría General de Justicia del DF y de la SSP, Rodolfo Félix y Joel Ortega, respectivamente, y en una de las recomendaciones más severas realizadas por la Comisión de Derechos Humanos local en contra del Gobierno del Distrito Federal. Por unanimidad, los ministros de la SCJN avalaron este miércoles el proyecto elaborado por el ministro José Ramón Cossío, para conocer la demanda de 11 policías –entre ellos una mujer– y dos mandos de policía capitalina, quienes alegan que las condenas de hasta 24 años de cárcel son ilegales. El argumento: Su intervención “únicamente obedeció a órdenes de sus superiores jerárquicos”. Ellos fueron acusados de homicidio culposo. Según la justificación de los ministros, los amparos interpuestos tienen “importancia y trascendencia jurídica”, pues les permitirán fijar criterios sobre la atribución de responsabilidad penal de un elemento de policía que, en ejercicio de sus funciones, cae en omisión de actuar, a pesar de su deber de impedir un posible delito. Además, podrán observar las causas de exclusión del delito de responsabilidad penal, el actuar en el estado de necesidad o cumplimiento de un deber derivado de la obediencia jerárquica de miembros de la policía, así como las condiciones de actualización de la violación al derecho humano de juzgamiento en plazo razonable  sus consecuencias jurídicas, ya que el juicio contra los policías se extendió por más de cinco años. Operativo fallido El viernes 20 de junio de 2008, alrededor de las 18:00 horas, cientos de policías llegaron al lugar. Tenían la orden de realizar un operativo en contra de la venta de alcohol y drogas a menores de edad. El hecho derivó –según la versión oficial– de una queja vecinal. La orden salió de la oficina de Joel Ortega Cuevas, entonces titular de la SSP-DF y hoy en día director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Cuando la policía llegó al establecimiento, ordenó el desalojo de las decenas de jóvenes que celebraban el fin de clases en una tardeada. Los uniformados formaron vallas desde la puerta principal, un zaguán similar al de una casa común, hasta los autobuses de la policía. En esas vallas participaron los expolicías que solicitaron los amparos. Como los vehículos policiacos fueron insuficientes para trasladar a todos los jóvenes al Ministerio Público, el mando al frente del operativo ordenó cerrar las puertas de la discoteca hasta que llegaran más camiones. A dicha orden siguió la de cortar la electricidad del establecimiento; entonces las luces y la ventilación se apagaron y la temperatura comenzó a aumentar. Aunque adentro el dueño de la discoteca pidió calma y orden a los asistentes, comenzaron la desesperación y los empujones. Algunos empezaron a asfixiarse. Una de las hojas del zagúan se abrió por la presión. Los policías recibieron la orden de replegar la valla y ocasionaron que los menores salieran de forma atropellada. Varios cayeron al suelo y fueron pisoteados por la estampida. Nueve jóvenes y tres policías perdieron la vida. Siete más resultados lesionados y algunos quedaron con discapacidad de por vida. Por estos hechos, 30 policías fueron procesados por homicidio y lesiones culposas. De ese total, 13 se ampararon ante la Suprema Corte: María de Jesús Graciela Márquez Chávez, directora del sector Tlacotal, sentenciada a 25 años de prisión y los policías Rafael Rufino Pantaleón Cruz, Bartolo Nava Guzmán, Delfino Fernández Antonio, Carlos Eduardo Pérez Cocón, Anselmo Hernández Bautista Felipe Pérez Hernández, Mario Manuel Duarte Vega, Antonio Basurto Basurto, Néstor Hernández Dávila, Efrén Ortiz Hernández, sentenciados a 19 años de cárcel. También se amparó el suboficial Alejandro Garniño Tejeda, director de la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) y el segundo oficial, José Jiménez López, director de la Unidad de Protección GAM, sentenciados a cinco años nueve meses de prisión e inhabilitados paren la administración pública por ocho años, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público.