MÉXICO, D.F. (apro).- Los casos Narvarte, Bar Heaven, San Bartolo Ameyalco y la red de trata de personas del priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ilustran que, en lugar de impartir la justicia en la capital, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a cargo de Rodolfo Ríos Garza, construye verdades a medias, encubre a responsables por amistades y redes políticas, criminaliza a las víctimas y garantiza la impunidad apostándoles al tiempo y al olvido. Lo anterior quedó plasmado en un informe demoledor que elaboraron víctimas, organizaciones de la sociedad civil y grupos de abogados que recopilaron 11 de los “casos aislados” más emblemáticos de la negación de justicia y las irregularidades “sistemáticas” que imperan en las investigaciones hechas por las autoridades de la Ciudad de México. En conferencia, Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, fue clara: “En los últimos siete años desaparecieron 6 mil 500 mujeres en el Distrito Federal. Son dos cada día de las que no sabemos nada. Y (Rodolfo) Ríos no hizo ni un comentario sobre ello”. Reconocida activista, agregó: “Tengo 41 años litigando en esta Procuraduría, pero el periodo de Ríos Garza es el más oscuro y grave, está a nivel de la de Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas”. Los autores del informe adelantaron que llevarán el documento a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ante la cual Ríos Garza comparecerá mañana, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. “Esperamos una respuesta política del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que es doctor en Derecho”, subrayó Karla Micheel Salas, abogada coadyuvante de la familia de Nadia Vera Pérez y de Mile Virginia Martín, dos de las cinco víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte. Integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), precisó: “Se tiene que ir el procurador. Y más allá de la persona, es necesaria una reforma estructural de la procuración de justicia en el Distrito Federal que incluya la autonomía de la PGJDF y que la desvincule de la política”. El reporte demuestra que en repetidas ocasiones la PGJDF se ha negado a seguir todas las líneas de investigación, en particular en los casos que llevaban a motivaciones políticas. Además, sigue el documento, la dependencia construyó versiones falsas con la ayuda de ciertos medios de comunicación; reprimió, detuvo de manera arbitraria y encarceló sin pruebas a activistas; protegió a actores políticos y eclesiásticos o destruyó evidencias. Varios de los casos expuestos exhiben también un modus operandi común: detener a “presuntos culpables”, aplicarles sentencias duras de cárcel y otorgarles la libertad algunos años después, ante la falta de pruebas y las irregularidades durante el proceso judicial.